Redacción, Argentina
La plataforma ciudadana Diáspora Española por Más Derechos y Memoria Democrática reclama más recursos para los consulados, un plan estatal de retorno, la protección de mujeres y menores en el exterior y garantías para los derechos de nacionalidad ante las elecciones generales del 29 de noviembre.
La ciudadanía española residente en el extranjero quiere ocupar un lugar central en el debate político de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Ante las dificultades que atraviesan numerosos consulados, las demoras administrativas y la falta de una política estatal integral de retorno, la plataforma ciudadana Diáspora Española por Más Derechos y Memoria Democrática ha hecho público un conjunto de reivindicaciones dirigido a las formaciones políticas que concurren a los comicios, con el objetivo de que sus propuestas se traduzcan en compromisos electorales concretos.
El colectivo considera que los derechos de los españoles residentes en el exterior no pueden limitarse al reconocimiento formal de su ciudadanía, sino que deben contar con recursos públicos, servicios accesibles y políticas que garanticen su ejercicio efectivo. La plataforma pone el foco en tres cuestiones fundamentales: «la atención consular, la defensa de los derechos adquiridos y las dificultades que encuentran quienes desean regresar a España después de haber emigrado».
La iniciativa reclama a los ministerios competentes, especialmente a los de Asuntos Exteriores e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, «una mayor implicación en la solución de estos problemas«. Al mismo tiempo, interpela directamente a los partidos políticos para que «expliquen qué medidas están dispuestos a adoptar y qué recursos destinarán a la ciudadanía exterior durante la próxima legislatura».
Consulados desbordados y trámites que se prolongan durante meses
Uno de los principales puntos del comunicado es la necesidad de reforzar la red consular española. La plataforma denuncia «las dificultades para conseguir citas, las demoras en la expedición y renovación de pasaportes y la insuficiencia de personal para responder al volumen de solicitudes de una ciudadanía exterior que, en determinados países, ha crecido considerablemente».
Argentina ocupa un lugar destacado en estas reivindicaciones debido a la importancia de su comunidad española y a las necesidades administrativas derivadas de la tramitación de la nacionalidad y de la documentación consular.
Entre las propuestas figura la «apertura de nuevos consulados allí donde la demanda lo justifique, la ampliación de los servicios existentes y el fortalecimiento de los viceconsulados mediante una mayor delegación de tareas administrativas, acompañada de los recursos necesarios».
La organización también reclama una «modernización efectiva de los procedimientos mediante herramientas digitales que permitan realizar inscripciones y trámites del Registro Civil consular por vía telemática, reducir desplazamientos y mejorar la información sobre el estado de los expedientes».
La digitalización, advierte la plataforma, debe ir acompañada de asistencia presencial y telefónica para evitar que las personas mayores o quienes tienen dificultades tecnológicas queden excluidos de los servicios públicos.
La Ley de Memoria Democrática, en el centro de las reivindicaciones
La tramitación de la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, constituye otro de los ejes del comunicado.
La plataforma pide «incrementar los recursos humanos destinados a resolver los expedientes pendientes, reducir las listas de espera y garantizar información transparente a las personas solicitantes».
Asimismo, reclama «estabilidad jurídica para los derechos de nacionalidad reconocidos por la legislación española y defiende que estos no queden sometidos a una incertidumbre permanente».
La organización considera que el reconocimiento de la nacionalidad debe ir acompañado de una capacidad administrativa suficiente para hacer efectivos sus derechos. Obtener la ciudadanía española, sostiene, «no debería convertirse en el inicio de una nueva cadena de obstáculos para conseguir documentación, inscribir hechos en el Registro Civil o acceder a los servicios consulares».
La reivindicación adquiere una dimensión política adicional en un contexto en el que el derecho al voto de parte de la ciudadanía nacionalizada por esta vía se encuentra sometido a controversia judicial. La plataforma insta a las formaciones políticas a «defender los derechos de participación democrática y a abordar estas cuestiones con garantías jurídicas».
El retorno a España, una política de Estado pendiente
Más allá de los problemas consulares, el colectivo plantea una de las cuestiones que considera más urgentes: la ausencia de una política estatal integral que acompañe a los españoles que deciden regresar.
Actualmente, numerosas ayudas y programas de retorno dependen de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Esta distribución de competencias puede generar diferencias importantes en el acceso a recursos y servicios según el territorio al que regrese cada persona.
Frente a esta situación, Diáspora Española por Más Derechos y Memoria Democrática propone «un Plan Estatal de Retorno que coordine a las distintas administraciones y establezca medidas comunes en materia de empleo, vivienda, prestaciones sociales y orientación administrativa».
Entre sus demandas figuran «la simplificación de los procedimientos para acreditar la condición de emigrante retornado, la información y tramitación de las prestaciones por desempleo cuando correspondan legalmente, el reconocimiento de cualificaciones profesionales adquiridas en el extranjero y la creación de programas de inserción laboral».
La vivienda constituye otra de las preocupaciones centrales. La plataforma reclama «alternativas habitacionales y ayudas de emergencia para las personas que regresan sin suficientes recursos económicos, así como criterios de acceso a la vivienda protegida que no penalicen injustificadamente su trayectoria migratoria».
El objetivo es evitar que el regreso se convierta en una experiencia de precariedad para quienes, después de años de residencia y trabajo en otro país, deciden reconstruir su vida en España.
La organización también expresa su preocupación por aquellas «políticas autonómicas de prioridad nacional del Partido Popular y VOX que puedan establecer barreras discriminatorias para los españoles retornados». En este sentido, reclama al Estado que garantice el «respeto a la igualdad de derechos y que actúe cuando determinadas condiciones administrativas puedan generar exclusiones injustificadas.
Mujeres y menores: protección frente a la violencia más allá de las fronteras
El comunicado dedica una parte específica a la protección de las mujeres españolas y de los menores que se encuentran en el exterior y afrontan situaciones de violencia de género, acoso o desprotección familiar.
La plataforma considera que la distancia respecto de España no puede convertirse en un obstáculo para recibir asistencia y reclama «protocolos especializados, personal cualificado y una mayor coordinación entre los consulados y los organismos competentes».
Entre las medidas propuestas se encuentran la «implantación de puntos de atención frente a la violencia de género en las oficinas consulares, la formación del personal, la asistencia psicológica y jurídica y un servicio permanente de orientación telefónica para situaciones de emergencia».
También solicita establecer procedimientos de «retorno urgente y seguro para las mujeres españolas víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, con acompañamiento social y acceso a alojamiento temporal, atención sanitaria y asesoramiento jurídico».
La plataforma plantea, además, «agilizar la documentación cuando existan situaciones de riesgo, respetando las resoluciones judiciales y las garantías de protección de los menores«.
Estas propuestas pretenden que la acción exterior española incorpore una perspectiva de protección integral, de modo que las mujeres que necesitan ayuda puedan conocer sus derechos y acceder a los mecanismos de asistencia disponibles, con independencia del país en el que residan.
Más cooperación internacional y atención a los españoles detenidos en el extranjero
Otro de los puntos incluidos en el documento se refiere a la atención de los ciudadanos españoles detenidos fuera del país y a la necesidad de mejorar la cooperación jurídica internacional.
La plataforma reclama una «actuación coordinada entre España y paises donde esten detenidos especialmente entre las autoridades competentes de Justicia y Asuntos Exteriores, para agilizar los procedimientos que correspondan» en materia de traslado de personas condenadas, extradición y otras formas de cooperación judicial.
La petición se formula con respeto a los acuerdos internacionales, las competencias de los tribunales y las garantías legales aplicables en cada caso.
El colectivo considera que «una atención consular eficaz debe proporcionar información, orientación y asistencia a los ciudadanos que afrontan situaciones de especial vulnerabilidad en el extranjero».
El Reglamento de Ciudadanía Exterior, otra reivindicación prioritaria
La plataforma reclama también «avanzar en la aprobación del Reglamento de Ciudadanía Española en el Exterior, vinculado al desarrollo del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, aprobado mediante la Ley 40/2006«.
A su juicio, disponer de un marco normativo desarrollado y de mecanismos estables de financiación resulta esencial para consolidar las políticas de atención a los emigrantes y retornados.
El comunicado destaca especialmente el papel de las asociaciones que ofrecen información, orientación y acompañamiento gratuito a quienes regresan a España después de haber vivido y trabajado en el extranjero.
Estas entidades ayudan a resolver dudas administrativas, identificar prestaciones disponibles y facilitar la adaptación al regresar. Sin embargo, la continuidad de sus servicios puede verse condicionada por la dependencia de subvenciones y convocatorias puntuales.
Por ello, la plataforma propone «establecer recursos públicos estables y criterios transparentes de financiación que permitan mantener esta labor social con independencia del momento en que se produjo el retorno».
Los partidos, llamados a convertir las reivindicaciones en compromisos electorales
Con la convocatoria electoral del 29 de noviembre como horizonte, Diáspora Española por Más Derechos y Memoria Democrática pide a todas las formaciones políticas que incorporen estas demandas a sus programas y expliquen cómo pretenden llevarlas a la práctica.
La organización reclama «compromisos verificables, presupuestos suficientes, calendarios de ejecución y mecanismos de evaluación. También defiende una mayor participación de las asociaciones de emigrantes y retornados, los consejos de residentes españoles y el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior en el diseño de las políticas públicas«.
El planteamiento de fondo es que la emigración no puede abordarse únicamente como una cuestión administrativa o como una realidad que cobra relevancia durante las campañas electorales. Para la plataforma, se trata de «una responsabilidad pública que afecta a los derechos sociales, la igualdad de oportunidades, la protección familiar y la participación democrática».
Las propuestas abarcan desde cuestiones inmediatas —como la obtención de una cita consular o la renovación de un pasaporte— hasta problemas estructurales, como el acceso a una vivienda al regresar, la protección de las víctimas de violencia de género o la financiación de los servicios destinados a la ciudadanía exterior.
La plataforma busca así situar estas cuestiones en la agenda electoral y obtener respuestas concretas de las formaciones políticas, más allá de las declaraciones generales de reconocimiento a la emigración española.
Una ciudadanía que reclama igualdad dentro y fuera de España
Las reivindicaciones de Diáspora Española por Más Derechos y Memoria Democrática plantean un debate que trasciende la gestión consular: qué responsabilidades debe asumir el Estado con sus ciudadanos cuando viven fuera del territorio nacional y qué apoyo debe proporcionarles cuando deciden regresar.
Para el colectivo, la respuesta pasa por una política de Estado que combine financiación, coordinación institucional, protección social y garantías jurídicas.
El desafío consiste en convertir derechos reconocidos en servicios efectivos y evitar que la distancia, la falta de información o la situación económica determinen las oportunidades de cada persona.
En vísperas de las elecciones generales del 29-N, la plataforma reclama que la ciudadanía exterior forme parte de las prioridades políticas y que sus necesidades no queden relegadas frente a otros asuntos de la agenda nacional.
La reivindicación central es clara: vivir en el extranjero no debe significar perder oportunidades, y regresar a España no puede convertirse en una nueva forma de desigualdad. La respuesta de los partidos a estas demandas permitirá conocer hasta qué punto están dispuestos a incorporar a la diáspora y a las personas retornadas en sus proyectos de país.
Porque la ciudadanía española no termina en las fronteras y los derechos deben acompañar a las personas allí donde desarrollan su vida.