Por Francisco López, desde Argentina.
«El Supremo decidirá en los próximos días sobre el voto de los españoles nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática», es ahora cundo se demuestra que hay momentos en los que la política deja de ser una cuestión abstracta y se convierte en una decisión que afecta directamente a nuestras vidas.
Para la ciudadanía española residente en el exterior, las elecciones generales del próximo 29 de noviembre son uno de esos momentos en los que no podemos permanecer al margen, mirar hacia otro lado y mucho menos podemos permitir que otros decidan por nosotros.
La diáspora española tiene que votar. Tiene que participar masivamente. Y tiene que utilizar democráticamente su voto para defender sus derechos.
Desde una perspectiva progresista, mi posición es clara: no votar al Partido Popular ni a Vox. No porque nadie pueda decirnos qué papeleta debemos introducir en una urna, sino porque la ciudadania tiene derecho a valorar la actuación de los partidos y decidir quién merece nuestra confianza.
Y después de lo ocurrido durante estos últimos meses alrededor de la Ley de Memoria Democrática, el voto exterior y la nacionalidad de los descendientes del exilio, creo que la diáspora tiene razones más que suficientes para hacer esa reflexión.
El Supremo tiene ahora la palabra
El Tribunal Supremo ha abierto un plazo de dos días para que las partes presenten alegaciones antes de pronunciarse sobre las medidas cautelares que afectan al derecho de voto de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
La decisión llega después de la convocatoria de elecciones generales para el 29-N y puede tener consecuencias directas sobre la participación electoral de parte de los nuevos ciudadanos españoles.
La Abogacía del Estado, la Junta Electoral Central, la Fiscalía, Vox e Iustitia Europa están llamadas a formular alegaciones. El propio Supremo plantea incluso la posibilidad de que los miles de ciudadanos afectados puedan personarse en el procedimiento.
Y aquí está la cuestión fundamental: Estamos hablando de ciudadanos españoles, personas a las que el Estado español ha reconocido la nacionalidad y que ahora ven cuestionado su derecho de participación política como consecuencia de una batalla judicial sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
La decisión definitiva corresponde al Tribunal Supremo, pero la ciudadanía tiene derecho a preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí.
2.740.000 millones de personas españolas mirando hacia España
El CERA cerrado a 1 de agosto de 2026 contabiliza 2.747.688 españoles residentes en el extranjero, son más de 419.000 electores que en las elecciones generales de julio de 2023, un crecimiento del 18%.
Argentina encabeza la lista con 520.203 electores españoles, Buenos Aires, por sí sola, concentra más de 329.000. Después aparecen Francia, Estados Unidos, México, Cuba, Alemania, Reino Unido, Brasil, Venezuela y Suiza.
Según los datos del CERA a 1 de agosto de 2026 la mayor parte de los españoles que viven en el extranjero están inscritos en las circunscripciones electorales de Madrid, 494.799; Barcelona, 262,386; A Coruña, 177.695; Pontevedra, 149.329; Asturias, 142.710; Santa Cruz de Tenerife, 124.555; Ourense, 110.503; y Valencia, 82.256.
¿De verdad podemos seguir hablando de la diáspora como si fuera una realidad secundaria? No.
La España exterior es una parte esencial de España y sus ciudadanos tienen derecho a participar plenamente en la vida política del país.
Una ofensiva política que la diáspora no puede ignorar y tenemos que identificar tanto al Partido Popular de FEIJÓO y VOX de Abascal como los enemigos del pueblo español en el exterior.
En este contexto hay que recordar las actuaciones promovidas por Vox, Iustitia Europa y organizaciones como Hazte Oír en todos estos meses asi cono la promulgación de la prioridad nacional en comunidades autónomas en donde gobiernan PARTIDO POPULAR VOX, estableciendo una discriminación hacia la diáspora española, aplicándole la palabra arraigo para dejarlos fuera de cualquier derecho.
Hazte Oír (el brazo juridico de Feijóo y Abascal) ha reclamado ante el Tribunal Supremo que se obligue a la Junta Electoral Central a ejercer sus competencias de supervisión sobre el CERA y que se fiscalicen las nuevas inscripciones vinculadas a la Ley de Memoria Democrática.
La organización cuestiona también determinados aspectos de la instrucción administrativa que permitió tramitar estas nacionalizaciones, estas son pretensiones sometidas al control de los tribunales, y será el Supremo quien determine finalmente qué es conforme a derecho.
Pero políticamente existe una cuestión que no podemos esconder: el cuestionamiento del voto de los nuevos nacionalizados afecta directamente a la ciudadanía española exterior y cuando un derecho fundamental está en juego, la respuesta de la ciudadanía no puede ser la resignación, tiene que ser la participación.
PP y Vox deben recibir una respuesta política, en ñas urnas.
Aquí llegamos al núcleo de esta columna, el Partido Popular y Vox han respaldado políticamente iniciativas dirigidas contra la ampliación del reconocimiento y de la participación electoral derivada de la Ley de Memoria Democrática y las nacionalidades otorgadas asi co o la implantación de la prioridad nacional.
Y la diáspora debe tomar nota, porque no hablamos únicamente de una disputa administrativa, estamos hablando de qué modelo de España queremos. Una España que reconozca a los descendientes del exilio, que facilite el retorno, que proteja a sus ciudadanos en el exterior, que garantice derechos sociales, educativos y laborales a quienes viven fuera , en fin una España que fortalezca los consulados y la atención a sus ciudadanos. No una España en la que quienes vivimos fuera seamos tratados como ciudadanos de segunda categoría.
Yo sé qué España quiero y queremos , y por eso considero que el 29-N la diáspora debe votar para impedir que PP y Vox tengan capacidad de gobernar y decidir sobre nuestros derechos.
No olvidemos lo que está en juego, no estamos hablando solamente de una papeleta.
No olvidemos lo que está en juego, no estamos hablando solamente de una papeleta, sino de la nacionalidad de nuestros hijos y nuestros nietos, del derecho de nuestros mayores, del retorno de quienes quieren volver, de las ayudas para quienes necesitan regresar, de las oportunidades laborales, de las becas y los estudios, de la asistencia consular, de las políticas destinadas a la ciudadanía exterior y de la memoria de nuestros exiliados.
Y de algo todavía más importante: del derecho a ser reconocidos como españoles con independencia del lugar del mundo en el que vivamos.
La derecha española debe saber que la diáspora no es un territorio electoral sin voz, somos millones, tenemos memoria, derechos y tenemos voto.
El 29-N nadie puede quedarse en casa, hay que votar por correo o presencialmente en lugares habilitados.
Por eso el llamamiento debe ser contundente, hay que votar, comprobar nuestra inscripción en el CERA, reclamar cualquier irregularidad dentro de los plazos establecidos solicitar y recibir la documentación y sibre todo acudir a los consulados cuando corresponda. Hay que votar por correo o en urna según el procedimiento establecido.
Pero, sobre todo, hay que participar, porque si la diáspora se abstiene, otros decidirán por nosotros, si la diáspora no vota, PP y Vox pueden avanzar.
Si la diáspora no participa, nuestros derechos tendrán menos fuerza política, y si queremos que España escuche a quienes vivimos fuera, tenemos que demostrar que también podemos hacer que nuestra voz cuente en las urnas.
La Oficina del Censo Electoral realizará de oficio el primer envío de la documentación para votar a los electores en el exterior a partir del 24 y antes del 31 de octubre, el segundo, que incluirá las papeletas, entre el 4 y el 8 de noviembre. En las circunscripciones donde haya habido impugnaciones de candidaturas el plazo se alargará hasta el 14 de noviembre.
Las jornadas para depositar el voto en urna serán del 21 al 26 de noviembre y hasta el día 24 para enviar el sufragio por correo a los consulados
«Cabe recordar que esta documentación para voto fisico también podrá obtenerse directamente en los centros de votación que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del 21 al 26 de noviembre –que son los días habilitados para el depósito del voto en urna). En cuanto al voto por correo, los votantes podrán enviarlo al consulado que les corresponda no más tarde del 24 de noviembre».
«Voto progresista y voto útil»
El 29 de noviembre no debería ser el día de la resignación, debe ser el día de la movilización democrática de la España exterior, la ciudadanía progresista tiene que superar divisiones, personalismos y estrategias partidistas.
Hay que votar y hay que hacerlo de manera útil para impedir que la derecha y la ultraderecha puedan gobernar. El voto progresista tiene que ser un voto útil, un voto que defienda la sanidad pública, la educación, las pensiones, la vivienda los derechos laborales, la memoria democrática, la igualdad y también los derechos de quienes vivimos fuera.
La diáspora no quiere privilegios. Quiere derechos y reclamamos igualdad no ciudadanía española de segunda.
No estamos pidiendo privilegios,estamos reclamando igualdad, no queremos ser más que nadie , sino que queremos ser tratados como ciudadanos españoles de pleno derecho, que nuestros hijos tengan que explicar por qué sus padres viven fuera.
No queremos que nuestros mayores sean olvidados y que los descendientes del exilio vuelvan a sentirse expulsados de la historia de España, y no queremos que una mayoría política pueda decidir que los españoles del exterior somos ciudadanos solamente cuando llegan las remesas, pero dejamos de serlo cuando llega el momento de votar.
Eso no es democracia, la democracia significa que quien tiene la nacionalidad tiene derechos y uno de esos derechos fundamentales es votar.
El 29-N, que hable la España exterior y que llene las urnas de progresismo y patria.
Durante décadas, millones de españoles tuvieron que marcharse, algunos por necesidad económica otros perseguidos por la dictadura y otros expulsados por la falta de oportunidades.
Muchos jamás pudieron regresar, sus hijos y sus nietos conservaron una memoria, una lengua, una cultura y, en muchos casos, una identidad española que sobrevivió durante generaciones.
La Ley de Memoria Histórica y posteriormente la Ley de Memoria Democrática intentaron reparar parcialmente esa historia, ahora esa realidad vuelve a estar en disputa y la respuesta no puede ser el silencio.
La respuesta tiene que ser democrática, por eso el 29 de noviembre debemos llenar las urnas de votos de la diáspora, desde Buenos Aires, Montevideo, Caracas, México, La Habana, Miami, París, Londres, Berlín, etc… Desde cualquier rincón del mundo donde haya un ciudadano español identificando a quien no hay que votar la derecha del Partido Popular de Feijóo y la ultraderecha de VOX y Abascal, nuestros enemigos públicos que nos tratan como escoria identificandonos como emigrantes, panchitos o peor aún personas que atentan contra España nuestra nación.
NO A PP Y VOX; SÍ A LOS DERECHOS DE LA DIÁSPORA; SÍ A LA MEMORIA DEMOCRÁTICA; SÍ A UNA ESPAÑA QUE TAMBIÉN CUENTE CON QUIENES VIVIMOS FUERA.ES VIVIMOS FUERA.
Que nadie vote por nosotros, decida por nosotros, cuestione nuestra ciudadanía y que convierta a los españoles del exterior en ciudadanos de segunda.
El mensaje para el 29-N es sencillo: PARTICIPAR. VOTAR. DEFENDER NUESTROS DERECHOS y para quienes creemos que un Gobierno del Partido Popular con Vox supondría un retroceso para la ciudadanía exterior, también debe ser claro: No al partido popular y VOX; SÍ a los derechos de la diáspora; SÍ a la memoria democrática; SÍ a un ESPAÑA que también cuente con quienes vivimos fuera.
El 29 de noviembre la diáspora española tiene una oportunidad histórica, para que se escuche nuestra voz, que se vea nuestro voto, que sepan que seguimos siendo España, y que nadie vuelva a decidir nuestro futuro sin contar con nosotros, que ni la derecha y ultraderecha nos condenen por estar en el exterior, VOTA.