Por Adriana F. Gómez
«Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre abren una batalla decisiva para la izquierda española. La cuestión ya no es únicamente quién ganará las elecciones, sino cómo evitar que la fragmentación del voto progresista facilite un Gobierno de la derecha y la ultraderecha. El debate sobre el voto útil vuelve al centro de la escena, pero también plantea una pregunta fundamental: ¿votar útil significa concentrar todo el voto en el PSOE o construir una izquierda más amplia, unida y capaz de ofrecer una alternativa de Gobierno?«
El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, después de la crisis provocada por el rechazo parlamentario de los decretos de vivienda, ha colocado a las fuerzas progresistas ante una disyuntiva que no pueden ignorar.
La ciudadanía acudirá a las urnas preocupada fundamentalmente por cuestiones muy concretas: la vivienda, los salarios, las pensiones, el empleo, la sanidad, la educación, el coste de la vida, la precariedad juvenil y el futuro de las familias que no pueden acceder a una vivienda digna.
Y sobre esas cuestiones tendrá que responder la política. El sistema electoral español, basado en circunscripciones provinciales, hace especialmente difícil que las fuerzas pequeñas obtengan representación en las provincias con pocos escaños y crea una cuestión «el miedo a la fragmentación y el voto útil»
En territorios como Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Murcia o Extremadura, una excesiva fragmentación del voto progresista puede provocar que miles de votos no se traduzcan en representación parlamentaria, es ahí donde aparece con fuerza el denominado voto útil.
Una parte del electorado progresista puede considerar que la única manera de impedir una mayoría de las derechas es concentrar el voto en el PSOE. No necesariamente porque el PSOE represente todas sus aspiraciones, sino porque existe el temor de que dividir el voto permita que PP y Vox obtengan más escaños.
El razonamiento es sencillo: si una fuerza progresista no tiene posibilidades reales de conseguir representación en una determinada provincia, votar por ella puede terminar favoreciendo indirectamente a las derechas.
Pero existe otra posibilidad, construir una izquierda suficientemente amplia para que el voto no tenga que elegir entre identidad política y eficacia electoral.
Un Frente Amplio y su gran oportunidad Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y En Comú constituyen actualmente el núcleo de la denominada coalición o Frente Amplio, pero no es suficiente si se deja a un lado a la izquierda confederal y a Podemos
Desde IU se ha reclamado públicamente generosidad y capacidad de entendimiento entre las organizaciones progresistas. El objetivo debería ser mucho más ambicioso que una simple suma de siglas: construir una candidatura capaz de disputar votos al PSOE por la izquierda sin poner en peligro la posibilidad de un Gobierno progresista.
Pero para conseguirlo existe un obstáculo evidente, Podemos, la formación morada impulsa la candidatura de Irene Montero y tiene previsto celebrar sus primarias los días 14 y 15 de octubre, ( opcion que a dia de hoy no apoyará ninguna fuerza politica de izquierda) . Si no se produce un acuerdo con el Frente Amplio, Podemos podría concurrir en solitario a unas elecciones en las que cada voto puede resultar decisivo.
La división puede tener consecuencias especialmente graves en aquellas provincias donde la izquierda necesita concentrar sus apoyos para conseguir representación, por eso, el debate no debería reducirse a quién encabeza una lista.
La verdadera pregunta es: ¿Qué fórmula permite que el mayor número posible de votos progresistas se convierta en diputados?
La realidad territorial española demuestra que una izquierda confederal para una España plural es lo ideal ya que no existe una única izquierda en España. En Cataluña, ERC cuenta con una implantación propia. En Euskadi, EH Bildu representa una fuerza determinante del espacio progresista. En Galicia, el BNG dispone de una identidad política y electoral consolidada. En Canarias existe el espacio de Nueva Canarias; en Aragón, Chunta Aragonesista y Teruel Existe; en Baleares, Més per Mallorca y Més per Menorca; en el País Valenciano, Compromís; en Andalucía, Adelante Andalucía; en Asturias, Somos Asturies; en Navarra, Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa junto a EH Bildu; y en Madrid, Más Madrid.
La conclusión política es evidente: la izquierda confederal reconoce la realidad territorial y no aceptara imponer una única marca desde Madrid.
En muchas comunidades, estas fuerzas tienen mayor capacidad de movilización y representación que las organizaciones estatales de la izquierda alternativa, por eso, una estrategia inteligente debería permitir que cada territorio construya su propia fórmula electoral, respetando sus particularidades y facilitando acuerdos que eviten la competencia innecesaria entre fuerzas progresistas.
En territorios como Murcia o Extremadura, por ejemplo, podría existir margen para fórmulas específicas si las decisiones se toman desde los propios territorios y no exclusivamente desde las direcciones estatales.
¿Y qué ocurre con el PSOE? El PSOE será previsiblemente el gran beneficiario del voto útil. Pedro Sánchez puede presentarse ante el electorado progresista como el principal dique electoral frente a un eventual Gobierno formado por PP y Vox.
Y esa posición tendrá un peso enorme, pero el PSOE también necesita comprender que una mayoría progresista no depende únicamente de sus propios votos, ya qué puede necesitar el apoyo de una izquierda alternativa fuerte y de las fuerzas territoriales para gobernar.
Por eso existe una paradoja, el voto útil puede servir para impedir una mayoría de las derechas, pero una izquierda alternativa demasiado débil también puede hacer más difícil construir un Gobierno progresista sólido. La clave estará en encontrar el equilibrio.
Más allá de las estrategias electorales, lo que realmente preocupa a la ciudadanía es una cuestión que ninguna fuerza política puede esquivar: qué propone para solucionar los problemas cotidianos de la población, dónde la vivienda se ha convertido en el gran campo de batalla.
Millones de personas tienen dificultades para pagar el alquiler, los jóvenes retrasan su emancipación y muchas familias viven con el temor permanente de perder su vivienda.
La respuesta debería pasar por un parque público de vivienda suficiente, regulación efectiva de los alquileres en las zonas tensionadas, protección frente a los desahucios sin alternativa habitacional y una política de vivienda que impida que el mercado quede exclusivamente en manos de fondos de inversión y grandes propietarios.
También existe una preocupación creciente por las pensiones, y aqui la izquierda debería comprometerse con pensiones dignas, jubilación justa y reconocimiento de las carreras laborales largas, evitando que quienes han trabajado durante décadas sufran penalizaciones desproporcionadas al acceder a la jubilación.
En empleo, el reto debe ser acabar con la precariedad y garantizar salarios capaces de permitir una vida digna, especialmente para jóvenes y trabajadores con contratos temporales o empleos de bajos ingresos.
En sanidad y educación, la prioridad debería ser recuperar inversión pública, reducir las listas de espera, reforzar la atención primaria y garantizar una educación pública de calidad, y frente a la crisis de emancipación juvenil, hacen falta políticas específicas de empleo, vivienda, formación y acceso a servicios públicos.
La derecha y la ultraderecha también tendrán que responder ya que el debate electoral no puede limitarse a la estrategia de la izquierda. PP y Vox tendrán que explicar qué soluciones ofrecen a quienes no pueden comprar una vivienda, a los jóvenes que no pueden independizarse, a los pensionistas, a los trabajadores con salarios insuficientes y a las familias que soportan el aumento del coste de la vida. No basta con hablar de inmigración, seguridad, impuestos o confrontación cultural.
La ciudadanía necesita saber cómo se va a pagar el alquiler, cómo se va a garantizar una pensión digna, cómo se va a reducir la precariedad y cómo se va a impedir que la vivienda se convierta exclusivamente en un activo financiero.
La ultraderecha puede intentar convertir cada problema social en una batalla cultural, pero la izquierda tiene que hacer lo contrario: convertir los problemas sociales en soluciones políticas.
El factor Rufián y las alianzas de Gobierno en este escenario también adquiere importancia el papel de Gabriel Rufián y de ERC. La izquierda confederal y las fuerzas territoriales pueden terminar siendo decisivas para la formación de Gobierno, con Cataluña, Euskadi, Galicia, Navarra, Canarias, País Valenciano, Baleares, Aragón y otras comunidades pueden tener una influencia parlamentaria determinante, por eso, la próxima legislatura podría volver a demostrar que la gobernabilidad de España no depende únicamente de PSOE y PP.
También dependerá de la capacidad de construir acuerdos con una izquierda plural, territorial y confederal , dónde la verdadera batalla sera unir sin uniformar, la izquierda tiene ante sí dos peligros, el primero es la fragmentación, el segundo es intentar resolver la fragmentación eliminando la diversidad política. Ninguna de las dos soluciones parece suficiente.
La alternativa pasa por construir un Frente Amplio capaz de integrar a Sumar, IU, En Comú, Más Madrid, Podemos y aquellas fuerzas territoriales que quieran participar en un proyecto común, respetando al mismo tiempo la autonomía política y electoral de cada territorio.
Podemos debería tener un lugar en esa conversación e Irene Montero debería poder defender su proyecto junto a las organizaciones que ya forman parte del Frente Amplio y que deberían entender que la prioridad no puede ser únicamente conservar espacios de poder interno si no resilver los problemas de la gente , renunciando incluso a encabezar los liderazgos.
En esta ocasión seria idoneo que una persona que encabeza las protestas en la calle, pueda ser cabeza de lista de un gran frente o partido político. De hecho, este es un fenómeno muy común en la política contemporánea, donde los movimientos sociales y las manifestaciones callejeras suelen funcionar como plataformas de lanzamiento para nuevos liderazgos electorales. Cuando una coalición busca conectar con el descontento popular o capitalizar demandas sociales específicas, recurre frecuentemente a figuras visibles de la protesta social para liderar sus listas de candidatos.
Las ventajas y desafíos de este tipo de candidaturas ofrecen una legitimidad y autenticidad ya qué conectan directamente con las demandas de los ciudadanos de a pie y traicionan de votos , ya que son figuras muy conocidas y con alta exposición mediática debido a las movilizaciones, y ofrecen una renovación política, que permite al frente mostrar caras nuevas y distanciarse de la «política tradicional de castas»
La Acampada de Sol por el derecho a la vivienda (también denominada movimiento 26-S) está impulsada y coordinada principalmente por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, junto con diversas redes de asambleas de barrio, movimientos antifascistas y colectivos sociales y el ella Alicia del Río, en particular, ha ganado un notable peso político al canalizar el discurso de «poder popular» en las calles, liderando la presión hacia el Congreso y promoviendo el horizonte de una huelga general.
La prioridad debe ser convertir votos en derechos y votos en diputados suficientes para impedir que gobiernen las derechas.
El próximo 29 de noviembre se perfila una jornada por el Voto útil sí, pero también voto transformador, muchos ciudadanos progresistas tendrán que decidir entre votar a la fuerza con mayores posibilidades de obtener representación en su provincia o apoyar una candidatura que represente mejor sus ideas.
Ese dilema no debería existir y una izquierda inteligente debería ser capaz de ofrecer ambas cosas: eficacia electoral y un programa transformador, porque derrotar a la ultraderecha no significa solamente impedir que llegue al Gobierno.
Significa también combatir las condiciones sociales que permiten que crezca: precariedad, desigualdad, falta de vivienda, inseguridad económica, abandono de los servicios públicos y pérdida de expectativas para millones de ciudadanos.
La elección que tiene delante la izquierda la izquierda española es de una oportunidad excepcional, pero también una enorme responsabilidad, puede presentarse dividida, competir entre sí y permitir que miles de votos desaparezcan en provincias pequeñas.
Puede confiar exclusivamente en el voto útil al PSOE, opuede intentar construir una alternativa más ambiciosa: un Frente Amplio, plural, territorial y confederal, capaz de sumar a Podemos, Sumar, IU, En Comú, Más Madrid y las fuerzas progresistas de cada territorio allí donde exista voluntad de acuerdo.
El PSOE probablemente será el principal receptor del voto útil contra las derechas, pero un Gobierno progresista necesitará algo más que el PSOE, necesitará una izquierda alternativa fuerte y una representación territorial capaz de negociar políticas sociales concretas.
La batalla del 29 de noviembre no debería plantearse solamente como PSOE contra PP o izquierda contra derecha, la verdadera pregunta será otra: ¿Quién tiene un proyecto capaz de garantizar vivienda, empleo digno, pensiones, sanidad, educación y derechos sociales, y al mismo tiempo impedir que la ultraderecha convierta el miedo y la frustración en una mayoría política?
La respuesta no puede ser solamente electoral, tiene que ser social, porque para derrotar al fascismo no basta con pedir el voto contra alguien. Hay que ofrecer a la ciudadanía una razón para votar a favor de algo: una vida digna, una vivienda accesible, un salario justo, pensiones seguras, servicios públicos fuertes y un futuro posible para las nuevas generaciones.
Ese debería ser el verdadero programa de la izquierda para el 29 de noviembre.