Por , Adriana F. Gomez , España | Vivienda, desahucios y política social.
«El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar ha acordado ampliar la protección frente a los desahucios hasta 2030, prorrogar contratos de alquiler, regular los arrendamientos de temporada y por habitaciones y limitar determinadas operaciones de los fondos de inversión.
Un paquete de medidas que llega en plena conmoción social por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que, tras más de siete décadas en su vivienda del barrio madrileño de Retiro, podría regresar a su hogar gracias a un acuerdo con la empresa propietaria. Sin embargo, el verdadero debate va mucho más allá de un caso particular: ¿está España ante un cambio de rumbo en sus políticas de vivienda o se limita a reaccionar cuando la injusticia alcanza una dimensión pública imposible de ignorar?«
La vivienda vuelve a situarse en el centro de la confrontación política española. El desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, ha puesto rostro a una realidad que afecta a miles de familias: la dificultad de conservar una vivienda en un mercado donde los ingresos de buena parte de la población no evolucionan al mismo ritmo que los alquileres.
La imagen de una mujer mayor obligada a abandonar el hogar en el que había vivido durante más de 70 años, en el barrio de Retiro de Madrid, ha provocado una reacción social que ha trascendido las organizaciones sindicales y los movimientos por el derecho a la vivienda. Las movilizaciones, la acampada en la Puerta del Sol y la presión de las fuerzas políticas de izquierda han convertido su situación en un asunto de alcance nacional.
En este contexto, el Consejo de Ministros ha alcanzado un acuerdo entre PSOE y Sumar para aprobar dos reales decretos que pretenden dar respuesta a algunas de las principales reivindicaciones sociales. El Ejecutivo ha solicitado, además, la celebración de un pleno extraordinario del Congreso este viernes para someter las medidas a convalidación parlamentaria.
Pero la rapidez de la respuesta gubernamental también plantea una pregunta política de fondo: ¿por qué ha sido necesario que una mujer de 87 años sea desalojada de su vivienda, y que su historia provoque una enorme indignación pública, para acelerar decisiones que llevan años reclamando los movimientos de inquilinos?
1. ¿Qué recoge el Gobierno de las propuestas de la izquierda confederal?
El acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar incorpora algunas de las reivindicaciones defendidas por la izquierda parlamentaria, los sindicatos de inquilinos y las organizaciones sociales. Sin embargo, las medidas anunciadas no recogen íntegramente las cinco exigencias que el bloque de la izquierda confederal había planteado para el denominado Decreto Maricarmen.
Estas medidas representan un avance normativo en varias de las cuestiones reclamadas por los movimientos sociales, pero existe una diferencia importante entre ampliar la protección de los hogares vulnerables y establecer una prohibición general de los desahucios.
Las cinco exigencias planteadas por el Sindicato de Inquilinas y respaldadas por las formaciones de la izquierda confederal permiten observar dónde se encuentran los principales puntos de discrepancia.
La diferencia no es menor. La izquierda confederal reclama un cambio estructural en las relaciones entre propietarios e inquilinos, mientras que el acuerdo gubernamental plantea medidas de protección, prórroga y regulación con una duración y un ámbito determinados.
La congelación de los alquileres, la prohibición general de los desahucios y la conversión de los contratos en indefinidos no aparecen en el paquete descrito. Por tanto, no puede afirmarse que el Gobierno haya aprobado íntegramente el programa de las organizaciones de inquilinos.
La cuestión central será comprobar el texto definitivo de ambos reales decretos, sus excepciones, las garantías para las personas afectadas y, sobre todo, su aplicación efectiva.
2. Maricarmen: de un desahucio individual a un problema político nacional
El caso de Maricarmen ha adquirido una dimensión que difícilmente habría alcanzado una discusión parlamentaria convencional sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos.Una mujer de 87 años, con una pensión de aproximadamente 1.350 euros mensuales, se enfrentó a la pérdida de la vivienda en la que había residido durante más de siete décadas.
La propiedad, vinculada a la empresa Urbagestión, pretendía elevar sustancialmente el alquiler, hasta unas cantidades que resultaban incompatibles con sus ingresos.
El desahucio, ejecutado el 23 de septiembre, provocó concentraciones, protestas y una creciente presión social. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid convirtió el caso en un símbolo de las consecuencias que puede tener la tensión del mercado inmobiliario sobre las personas mayores y los hogares con ingresos limitados.
Ahora, el acuerdo alcanzado entre la propiedad y los representantes de Maricarmen, con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), abre la posibilidad de que regrese a su casa.
El acuerdo tiene un valor inmediato para la mujer y puede evitar que pierda definitivamente su hogar, pero también evidencia una contradicción: la solución para una situación de extrema vulnerabilidad ha dependido de una negociación particular, de la mediación institucional y de una movilización social sostenida.
Maricarmen podría regresar a su casa, pero otras personas mayores, familias monoparentales, trabajadores precarios y jóvenes que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler siguen enfrentándose a situaciones similares sin disponer de la misma atención pública.
El éxito de una negociación individual no sustituye la necesidad de un marco general que garantice el acceso y la permanencia en una vivienda digna.
3. El posicionamiento del PP y Vox: el desafío de la convalidación parlamentaria.
La aprobación de los reales decretos en el Consejo de Ministros no significa que las medidas estén garantizadas. El Gobierno necesita la convalidación del Congreso, donde las posiciones de los grupos parlamentarios y la aritmética de la investidura serán determinantes.
El PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo que incorpora algunas de las demandas de su socio minoritario y de los movimientos sociales. Sin embargo, también pretenden conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para evitar que los decretos decaigan, como ocurrió con un paquete anterior de medidas de vivienda.
En este escenario, el Partido Popular y Vox constituyen dos actores centrales del debate parlamentario. Para conocer su posicionamiento concreto ante este nuevo paquete es necesario distinguir entre sus propuestas generales sobre vivienda y el sentido de su voto ante el texto definitivo. No sería riguroso atribuirles una posición específica sobre cada medida sin disponer de sus declaraciones o de su voto confirmado.
El debate político que se abre en el Congreso afecta a cuestiones de fondo: el alcance de la intervención pública en el mercado inmobiliario, las garantías de los propietarios, la protección de los inquilinos y el papel de los fondos de inversión en el acceso a la vivienda.
También interpela a los partidos que no forman parte del Gobierno, pero que pueden resultar decisivos para la convalidación, como PNV y Junts. Las negociaciones para conseguir una mayoría parlamentaria pueden determinar qué medidas sobreviven, cuáles se modifican y cuáles quedan fuera del texto definitivo.
La urgencia del pleno extraordinario pone de manifiesto que el Gobierno considera prioritario mantener las medidas de protección, pero la aprobación en Consejo de Ministros es solo el primer paso de un proceso político y legislativo.
4. ¿Puede el regreso de Mari Carmen cambiar la opinión pública española?
El regreso de Maricarmen a su vivienda podría representar un desenlace esperanzador para una historia que comenzó con un desahucio y que generó una importante respuesta social. Sin embargo, es necesario distinguir entre el impacto emocional de un caso concreto y un cambio duradero en la opinión pública.
Su historia reúne elementos que permiten comprender la dimensión humana del problema de la vivienda: una persona mayor, una larga trayectoria de vida en el mismo hogar, una pensión limitada y la amenaza de perder el entorno en el que había construido sus relaciones personales y su identidad.
Cuando un problema social adquiere un rostro reconocible, deja de ser una estadística abstracta. El desahucio de Maricarmen ha permitido que una parte de la ciudadanía se pregunte qué protección ofrece el sistema a quienes, después de toda una vida de trabajo y residencia, se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica.
La movilización ciudadana, la presencia de representantes políticos de distintas formaciones de izquierda y la intervención de las instituciones municipales han contribuido a situar el caso en el debate nacional.
Pero no puede darse por hecho que este episodio haya modificado de forma permanente las preferencias políticas de los españoles. Para establecerlo sería necesario disponer de encuestas comparables sobre la percepción de la vivienda, los desahucios y la actuación de las instituciones antes y después del caso.
Lo que sí puede observarse en los acontecimientos descritos es que el caso ha generado presión política, ha contribuido a acelerar negociaciones y ha colocado las políticas de vivienda en el centro de la agenda pública.
La pregunta más profunda es si esta indignación se traducirá en un compromiso social sostenido o si irá perdiendo intensidad a medida que desaparezca la atención mediática sobre Maricarmen.
Porque la injusticia no desaparece necesariamente cuando se resuelve uno de sus casos más visibles. Puede permanecer intacta para quienes no tienen acceso a una negociación, una representación jurídica o una movilización capaz de llamar la atención de las instituciones.
5. La vivienda, entre el derecho constitucional y el mercado inmobiliario.
La Constitución española reconoce en su artículo 47 el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y establece que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Sin embargo, la distancia entre ese reconocimiento constitucional y las condiciones reales de acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales debates sociales de España.
El problema no afecta exclusivamente a las personas que sufren un desahucio. También alcanza a los jóvenes que retrasan su emancipación, a las familias que destinan una parte elevada de sus ingresos al alquiler, a los trabajadores que deben desplazarse lejos de sus empleos y a las personas mayores que viven con pensiones insuficientes para afrontar los precios del mercado.
La discusión sobre los fondos de inversión y las compras de viviendas con fines especulativos se enmarca en este contexto. El acuerdo gubernamental plantea limitar determinadas operaciones hasta 2028, pero su eficacia dependerá del alcance de las restricciones, de los mecanismos de control y de la capacidad de las administraciones para ampliar la oferta de vivienda asequible.
También será necesario observar si la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones consigue reducir las prácticas que eluden las protecciones de los contratos habituales, sin dejar desatendidas otras necesidades de alojamiento.
Las medidas de protección inmediata pueden evitar situaciones de emergencia, pero no sustituyen una política de vivienda a largo plazo que combine vivienda pública, rehabilitación, regulación, seguridad jurídica y mecanismos que permitan equilibrar el acceso a la vivienda con los derechos de los propietarios.
El debate no debería reducirse a una confrontación simplificada entre propietarios e inquilinos. Se trata de determinar qué responsabilidades corresponden al Estado, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a los distintos agentes del mercado inmobiliario para garantizar que el acceso a una vivienda no dependa exclusivamente de la capacidad económica de cada persona.
6. La izquierda confederal y el riesgo de que el acuerdo se quede a medio camino.
La comparecencia conjunta de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Compromís, Más Madrid, Comuns, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG ante el Hospital Gregorio Marañón refleja la voluntad de mantener la presión sobre el Gobierno para que las medidas no se limiten a una respuesta parcial.
La izquierda confederal ha encontrado en el caso de Maricarmen un punto de convergencia alrededor de una reivindicación compartida: la necesidad de reforzar las garantías de los inquilinos y de evitar que las dificultades económicas terminen convirtiéndose en la pérdida del hogar.
No obstante, el acuerdo entre PSOE y Sumar muestra que existen diferencias en cuanto al alcance y la velocidad de las reformas.
Para el Gobierno, en cambio, la necesidad de obtener una mayoría parlamentaria obliga a negociar medidas que puedan reunir apoyos suficientes en un Congreso fragmentado.El desafío de la izquierda confederal consiste en determinar hasta dónde puede llegar la negociación sin renunciar a sus principales objetivos y cómo puede convertir la presión social en cambios legislativos duraderos.La convalidación de los decretos será una primera prueba. La siguiente será su aplicación efectiva y la capacidad de las instituciones para comprobar que las nuevas garantías llegan a las personas que las necesitan.
Como reflexión nos hacemos está pregunta ¿hemos normalizado la injusticia o todavía podemos cambiarla?
El caso de Maricarmen deja una pregunta que trasciende a los partidos políticos y a las negociaciones parlamentarias: ¿en qué momento una sociedad comienza a considerar normal que una persona mayor pueda perder el hogar en el que ha vivido durante más de siete décadas
Que una mujer de 87 años tenga que atravesar un desahucio para que su situación se convierta en una prioridad pública obliga a reflexionar sobre las insuficiencias de los mecanismos de protección social y habitacional.
Que su regreso dependa de un acuerdo particular, mientras otras muchas personas afrontan situaciones de vulnerabilidad, demuestra que la respuesta no puede agotarse en una solución individual.
El acuerdo entre PSOE y Sumar supone una respuesta política concreta a una presión social que ha ido creciendo. Amplía la protección frente a los desahucios, contempla prórrogas contractuales, aborda los alquileres de temporada y por habitaciones y plantea restricciones a determinadas compras de vivienda por fondos de inversión. Pero su alcance definitivo dependerá de la convalidación parlamentaria, de su contenido normativo y de su aplicación.
La vuelta de Maricarmen a su casa, si se materializa en las condiciones pactadas, será una victoria personal y un resultado de la movilización social que ha acompañado su caso. No será, por sí sola, la solución al problema de la vivienda en España.
Una sociedad puede conmoverse ante una injusticia y, al mismo tiempo, acostumbrarse a convivir con las condiciones que la producen. La diferencia entre ambas situaciones reside en la capacidad de convertir la indignación en derechos efectivos, políticas públicas y garantías que no dependan de la notoriedad de cada caso.
Maricarmen puede volver a su casa. La cuestión que ahora debe responder la política española es cuántas personas más podrán conservar la suya sin tener que protagonizar una movilización, acudir a los tribunales o esperar a que su historia conmueva al país.
Porque el derecho a la vivienda no debería depender de que una injusticia se vuelva viral. Debería ser una garantía real, cotidiana y accesible para toda la ciudadanía.