Por Francisco López
«El desahucio de Mari Carmen, el acampe de Sol y la movilización de la educación pública dibujan un escenario de creciente contestación social en Madrid. Vivienda, sanidad y educación comienzan a confluir en una misma protesta contra el deterioro de los servicios públicos y las dificultades para vivir en la capital».
Madrid vuelve a mirar hacia la Puerta del Sol, no es una imagen cualquiera. En esa misma plaza que en 2011 se convirtió en el epicentro del 15-M, cientos de personas han vuelto a instalar tiendas de campaña para protestar por el acceso a la vivienda. Y lo hacen después de una movilización multitudinaria contra los desahucios y de una semana marcada por el caso de Mari Carmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en su vivienda del barrio de Retiro.
Su desahucio ha trascendido el caso individual. Se ha convertido en un símbolo de un problema mucho más amplio: el de una sociedad en la que cada vez resulta más difícil garantizar que una persona pueda permanecer en su hogar cuando llega la edad de jubilación, cuando los ingresos no alcanzan o cuando el precio de la vivienda se dispara.
El sábado 26 de septiembre, la protesta recorrió el centro de Madrid desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados. Después, parte de los manifestantes decidió mantener un acampe en Sol de manera indefinida.
La elección del lugar tiene una enorme carga simbólica, Sol fue en 2011 el corazón de una movilización que cuestionó la respuesta política a la crisis económica, los recortes, el desempleo y la falta de expectativas para buena parte de la ciudadanía. Quince años después, vuelve a convertirse en un espacio de protesta.
Pero esta vez las reivindicaciones tienen nombres muy concretos: vivienda, alquileres, desahucios, educación pública y servicios esenciales.
El «Decreto Maricarmen» y una batalla por el derecho a la vivienda
Entre las reivindicaciones planteadas por el movimiento de vivienda aparece el denominado «Decreto Maricarmen», una propuesta impulsada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid para reforzar la protección de las personas vulnerables.
Los colectivos reclaman contratos de alquiler indefinidos, protección frente a los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional digna, mecanismos de control de los precios y una regulación más estricta de los alquileres temporales, por habitaciones y turísticos.
Más allá de cada una de estas propuestas, existe una cuestión de fondo: ¿puede considerarse garantizado el derecho constitucional a una vivienda digna cuando una parte creciente de los ingresos familiares se destina al alquiler?
La pregunta no afecta únicamente a quienes viven en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Afecta también a jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a la vivienda, trabajadores que tienen que abandonar Madrid por el precio de los alquileres y personas mayores que ven cómo su barrio se transforma mientras sus ingresos permanecen prácticamente estancados.
Mari Carmen se ha convertido así en un rostro concreto de un problema que afecta a miles de personas.
Y mientras Sol mantiene el acampe, Madrid vuelve a salir por la educación
La movilización no termina en la vivienda, este domingo, alrededor de 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han salido nuevamente a las calles de Madrid en defensa de la educación pública.
Profesores, estudiantes, familias, sindicatos y organizaciones sociales han marchado desde Atocha hasta la Puerta del Sol bajo el lema «Salvemos la pública».
La movilización se produce antes de la huelga indefinida convocada en el sector a partir del 14 de octubre.
Entre las reivindicaciones se encuentran la reducción de las horas lectivas y de las ratios de alumnos por aula. Los sindicatos reclaman recuperar un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Secundaria y Formación Profesional y 22 en Primaria, incluyendo determinadas funciones docentes dentro del cómputo.
CCOO Madrid ha situado además el problema en términos salariales. Su secretaria general de Educación, Aida Sanmillán, ha denunciado una pérdida de poder adquisitivo del 21,9% desde 2010 y ha reclamado una subida salarial de 600 euros.
UGT, por su parte, ha puesto el foco en la segregación escolar y en la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades.
Y desde el Sindicato de Estudiantes se ha lanzado un mensaje que va más allá de la comunidad educativa: la movilización, sostienen, afecta al conjunto de las familias trabajadoras.
Es decir, la protesta educativa tampoco se plantea únicamente como una reivindicación laboral. Se presenta como una discusión sobre el modelo de sociedad y sobre qué tipo de servicios públicos quiere garantizar Madrid.
Vivienda, educación y sanidad: tres conflictos que empiezan a encontrarse
Aquí aparece uno de los elementos políticamente más relevantes del momento madrileño, por separado, cada conflicto tiene sus propias causas y protagonistas.
La vivienda enfrenta a inquilinos, propietarios, administraciones y empresas vinculadas al mercado inmobiliario. La educación tiene sus propias reivindicaciones laborales y organizativas. La sanidad pública arrastra desde hace años conflictos relacionados con profesionales, listas de espera, atención primaria y condiciones de trabajo, temas estos que son responsabilidad de la comunidad autonoma presidida por Ayuso.
Pero cuando diferentes sectores comienzan a salir a la calle simultáneamente, puede aparecer algo diferente: la percepción compartida de que problemas distintos tienen un origen común en la dificultad para garantizar derechos sociales básicos.
Y ahí es donde la política madrileña entra directamente en escena.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, ambos del Partido Popular, se encuentran ante un escenario de movilización en el que las demandas no proceden de un único colectivo.
Son profesores, estudiantes, familias, inquilinos, trabajadores, personas mayores, organizaciones sociales y son ciudadanos preocupados por el acceso a servicios que consideran esenciales.
No significa que todos ellos compartan las mismas posiciones políticas ni que exista un movimiento homogéneo. Tampoco que las movilizaciones vayan necesariamente a converger en una única plataforma, pero sí existe una coincidencia temporal y temática que merece atención.
¿Puede estar naciendo otro 15-M?
La pregunta aparece inevitablemente cuando las tiendas vuelven a ocupar Sol, pero conviene formularla con prudencia. El 15-M de 2011 nació en un contexto histórico muy diferente: crisis financiera, desempleo masivo, recortes, indignación con el sistema político y una generación que reclamaba democracia y participación.
Hoy las circunstancias son distintas, sin embargo, existe una similitud importante: la sensación de una parte de la sociedad de que las respuestas institucionales no están resolviendo problemas cotidianos que afectan directamente a su vida.
En 2011 fueron el paro, los desahucios, los recortes y la crisis económica, en 2026 aparecen con enorme fuerza el precio de la vivienda, los alquileres, el deterioro o la presión sobre determinados servicios públicos, las condiciones laborales y la dificultad de muchas familias para llegar a fin de mes en una de las regiones con mayor coste de vida del país.
Y hay algo más, la Puerta del Sol vuelve a aparecer como escenario, no sabemos si estamos ante el nacimiento de un nuevo 15-M. Sería prematuro afirmarlo. Un acampe, por multitudinario que sea, no constituye por sí mismo un nuevo movimiento social de aquella dimensión.
Pero sí puede estar ocurriendo algo previo: la acumulación de diferentes malestares sociales que empiezan a reconocerse entre sí.
Mari Carmen representa el derecho a permanecer en una casa. Los profesores representan la defensa de una educación pública con recursos y condiciones dignas. Los sanitarios representan la defensa de una sanidad accesible. Los jóvenes representan el derecho a emanciparse. Las familias representan la necesidad de que los servicios públicos no dependan de la capacidad económica de cada hogar.
Son conflictos diferentes, pero todos plantean una misma pregunta: ¿qué derechos está dispuesto a garantizar el Estado y qué derechos quedan sometidos al mercado?
Quizá por eso Sol vuelve a ser importante, porque las sociedades no cambian únicamente cuando los partidos políticos presentan programas electorales. También cambian cuando personas que hasta entonces protestaban por separado descubren que sus problemas tienen puntos de conexión.
El verdadero interrogante no es si mañana habrá otro 15-M, la pregunta es si el malestar acumulado será capaz de transformarse en organización, participación y propuestas concretas, porque una sociedad puede soportar durante mucho tiempo dificultades individuales.
Lo que cambia el escenario es cuando esas dificultades dejan de vivirse como problemas privados y empiezan a entenderse como problemas colectivos.
Y Madrid parece estar entrando precisamente en ese momento, las tiendas de campaña instalada en Sol por la vivienda y las miles de personas que han salido a defender la educación pública no son necesariamente el comienzo de un nuevo 15-M.
Pero pueden ser la señal de que una parte de la ciudadanía ha vuelto a descubrir algo que parecía olvidado: que cuando los problemas son colectivos, la respuesta también puede serlo.
La reacción de los partidos políticos
La reacción de los partidos politicos ante esta nueva movilización son dispares, por un lado el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) tiene una posición institucional y cautela, dónde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la dirección socialista han evitado comprometerse explícitamente a aprobar de forma inmediata el «Decreto Maricarmen» en el Consejo de Ministros, poniendo el foco en las competencias autonómicas, reconduciendo las críticas hacia el modelo fiscal y urbanístico del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, la formación se encuentra en una posición delicada, ya que gran parte de las consignas de los manifestantes en Sol se dirigen de manera directa contra la inacción del Gobierno central y el denominado «estado rentista».
Por su prte SUMAR, ejerce una presión interna al socio de coalición, reaccionando elevando al máximo la presión sobre el PSOE para forzar la aprobación del nuevo decreto de vivienda, con unas exigencias concretas, diciéndolo públicamente que el próximo Consejo de Ministros incluya medidas severas como la expropiación del piso de Mari Carmen, la prórroga reforzada y renovación automática de alquileres, la protección ante desahucios y restricciones definitivas a los fondos buitre. Han amenazado políticamente con desmarcarse o «plantar» a sus socios de coalición si el Ejecutivo ofrece respuestas parciales o descafeinadas.
En la izquierda tambien PODEMOS (Conexión directa con la protesta) y sus dirigentes como Ione Belarra e Irene Montero se personaron directamente en la movilización de Madrid ofreciendo un discurso de ruptura y choque.
Podemos confronta directamente con la gestión del PSOE e intentando capitalizar el descontento de las bases de izquierda, y exigiendo acciones drásticas e inmediatas, entre ellas, la expropiación forzosa de unas 650.000 viviendas que se encuentran bajo el control de fondos de inversión.
En la orilla de enfrente el Partido Popular (PP) crítica al Ejecutivo nacional, ya que los populares argumentan que la crisis habitacional es el reflejo del fracaso estructural de las leyes de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, rechando a la ocupación y defensa de la propiedad, desconociendo que las comunidades autónomas son responsables de politicas de vivienda, educación pública o sanidad, utilizando cualquier crisis para culpar a otras instituciones, cuando es responsabilidad de la derecha y ultraderecha que gobiernan juntos , solucionar esos problemas y aplicar las leyes nacionales sobre vivienda y las zonas tensionadas de alquiler.
Ante cánticos de los manifestantes dirigidos contra la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, el bloque del PP madrileño descalifica las protestas y la acampada catalogándolas como acciones promovidas por grupos radicales. Defienden que las soluciones pasan por incentivos a la construcción y la seguridad jurídica, rechazando de plano las propuestas de intervención de precios y expropiación y favoreciendo la especulación urbanística y un nuevo pelotazo inmobiliario.
VOX ve una deslegitimación de la protesta social y atribuye la autoría e instigación de la acampada y de las marchas directamente a los líderes de la izquierda parlamentaria.
La contraofensiva en la calle, en el contexto de un Madrid polarizado, el partido de Santiago Abascal se enfocó en capitalizar otra movilización masiva paralela en la capital, de corte opuesto, donde exigían elecciones anticipadas y denunciaban la gestión migratoria del Gobierno progresista. Para Vox, el problema inmobiliario se soluciona liberando suelo (pelotazo inmobiliario) y combatiendo férreamente la okupación, tachando el movimiento de Sol de ser una «cortina de humo» ideológica.
Al margen de estas opiniones de los partidos politicos, la realidad es que la crisis de la vivienda y la precarización de los servicios públicos en Madrid han vuelto a canalizar el malestar social hacia el corazón de la capital, y de una manera u otra estos problemas no entienden de derecha o izquierda y afectan a toda la ciudadanía en general. Tras la multitudinaria manifestación ciudadana bajo el lema «Ni una Maricarmen más», cientos de personas iniciaron una acampada indefinida en la Puerta del Sol , qué sea un 15M, o no sólo lo sabremos con el pasar de los días
