Por David Casarejos , Presidente de la comisión de derechos Civiles del CGCEE.
Sin el interés de desviar la atención de lo que es realmente importante en la última semana, que es el intento de recorte de derechos a una parte de nuestra ciudadanía que está logrando recuperar la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, no quiero dejar de denunciar que nuestra voz ha tratado de ser silenciada, no por panfletos o partidos anti emigración, sino por quien ha de defendernos y servir de altavoz.
En los últimos días he vivido uno de los episodios más preocupantes desde que formo parte del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).
La decisión del Gabinete de Comunicación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la Dirección General de Migraciones de impedir la publicación en nuestras redes oficiales de un comunicado aprobado por la Comisión Permanente manifestando nuestra preocupación por las medidas cautelares propuestas por el Tribunal Supremo.
No es un simple desacuerdo técnico: es una vulneración directa de la autonomía del Consejo.
La gravedad del gesto me llevó a comunicar internamente el pasado jueves mi decisión de dimitir, como presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación en varias de las comisiones en las que trabajo en el CGCEE.
Consideré que permanecer en el cargo sin capacidad real para defender los derechos de la ciudadanía española en el exterior era incompatible con mi responsabilidad. Un órgano representativo que no puede expresar públicamente sus preocupaciones queda reducido a una figura decorativa y no estoy dispuesto a ser un florero.
Tras un email al Gabinete de Comunicación del Ministerio y a la Secretaría del CGCEE en el que me quejaba de esta situación, no he recibido ni un acuse de recibo del email.
Sin embargo, la reacción de la Comisión Permanente cambió el escenario. Tras exponer mi renuncia, el órgano debatió la situación y acordó presentar una queja formal denunciando la censura comunicativa ejercida sobre el CGCEE. Ese posicionamiento colectivo me llevó a reconsiderar mi decisión. Se va a solicitar una reunión con las diferentes partes para mostrar nuestro desacuerdo y la necesidad de control de nuestras redes sociales.…veremos la solución, pero yo voy de nuevo a levantar la voz y no voy a mirar a otro lado.
No abandono el cargo; me quedo para defender la independencia del Consejo y para impedir que estos comportamientos sigan normalizándose, también porque hacerlo en estos momentos sería abandonar un rol en una comisión que ha estado siempre al pie del cañón en temas de nacionalidad y me debo al compromiso que siempre me animó a defender el interés público.
Me quedo para seguir siendo verso libre e incómodo para todos y todas aquellos que ataquen nuestros derechos, independientemente de su rango y posición en ministerios o instituciones.
El comunicado bloqueado era plenamente institucional y se ajustaba a nuestras competencias. Su contenido alertaba sobre la suspensión cautelar de derechos electorales que afecta a personas cuya nacionalidad ha sido reconocida conforme a la legislación vigente.
Que muchos medios de comunicación nacionales hayan difundido ese posicionamiento mientras el Ministerio impide que aparezca en nuestras redes oficiales es una situación que degrada la credibilidad del CGCEE y expone una contradicción difícil de justificar. Un órgano representativo no puede ser silenciado.
Cualesquiera que sean las motivaciones, incluido el exceso de “bienquedismo” del Ministerio, se enfrentan a nuestra libertad de funcionamiento y a una defensa de los derechos que nos pertenecen como ciudadanos y ciudadanas y que siempre defenderemos. Los de la prioridad nacional exportan la idea a un ámbito en el que por suerte no llegaban sus actos: los consulados generales y el exterior.
La autonomía del Consejo no puede depender de la voluntad de un gabinete. Tampoco puede quedar subordinada a criterios políticos ajenos a su misión. Un órgano consultivo que representa a la ciudadanía española en el exterior debe poder comunicar sin restricciones cuando detecta una vulneración de derechos.
La incoherencia es evidente. El nuevo Reglamento del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, promovido por el propio Ministerio de Inclusión, refuerza de manera explícita la independencia del CGCEE y reconoce su capacidad para comunicar sin tutelas. Mientras ese texto avanza hacia su aprobación, el Ministerio aplica prácticas que contradicen su espíritu.
No se puede defender públicamente la necesidad de un Consejo autónomo y, al mismo tiempo, bloquear un comunicado legítimo aprobado por la Comisión Permanente. Esta contradicción erosiona la confianza en las instituciones y transmite un mensaje equivocado a la ciudadanía en el exterior.…y no me voy a dejar en el tintero la actitud de una Dirección General de Migraciones que, durante el que ha sido, en mi opinión, el mejor mandato del CGCEE, ha sido un palo continuo en las ruedas.
Cambios de personal clave en mitad del mandato que no tenían razón de ser, problemas continuos para organizar las reuniones de comisiones y Plenos, excusas, puntos en nuestras agendas impuestos y metidos con calzador, retrasos organizativos y todo ello con una dirección al frente que ha demostrado estar dispuesta a limitar la independencia del CGCEE cuando le resulta incómoda.
Hemos sobrevivido a este mandato gracias al apoyo inequívoco de la Secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, quien desbloqueó en multitud de ocasiones situaciones que nos abocaban a un mandato no presencial. Sé que lo que escribo me granjea más enemigos aún, pero algunos estamos en estos embolados por interés en ayudar y no por salir en fotos ni por tener reconocimientos.
El agradecimiento es extensible al personal de la Dirección General, que sé que ha ayudado en todo lo que ha podido y que siempre recibirá mi gratitud.Mi decisión de seguir en el cargo no es un gesto simbólico. Es una respuesta directa a una situación que exige firmeza. Continuaré defendiendo la autonomía del CGCEE y denunciando cualquier intento de limitarla.
Trabajaré para que el Consejo disponga de canales propios, gestionados sin interferencias, y para que la ciudadanía española en el exterior pueda confiar en que su órgano representativo actúa con independencia real.
No se puede trabajar si quien ha de ser tu megáfono no respeta ni comparte la defensa que hacemos de la población a la que representamos y que estas semanas está recibiendo noticias que nos empujan hacia una pérdida de derechos y nos empujan a ser ciudadanos de segunda categoría,La independencia del CGCEE no es un detalle administrativo. Es una condición imprescindible y esencial para que la ciudadanía en el exterior tenga una voz institucional propia que no pueda ser acallada. Y esa voz debe mantenerse viva y libre.