El Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, junto a la ultraderecha de VOX solicitaron formalmente al Gobierno de España la paralización de las inscripciones de nacionalidad derivadas de la instrucción de la «ley de nietos». Esta petición se apoya en una reciente resolución de la Junta Electoral Central (JEC), la cual instó a la Oficina del Censo Electoral a fiscalizar y homogenizar los criterios de asignación provincial de los nuevos votantes en el exterior.
Esta situación es el inicio de una persecución política de la derecha y ultraderecha española y tambien del poder judicial, sobre las personas que han obtenido la nacionalidad española o estan pendientes de resolucion de su expedente por el Gobierno progresista de España ( que fue quien aprobó esta medida con el voto en contra del Partido Popular y VOX).
La defensa institucional no se hizo esperar por parte del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) rechazó las acusaciones de fraude, manifestando que se están difundiendo informaciones falsas que atentan contra los derechos civiles ya consolidados de la comunidad emigrante.
Al respecto defender los derechos adquiridos de la diáspora, también son la prioridad de asociaciones y colectivos de españoles en el exterior, así como de sus representaciones de partidos políticos de izquierda, defender la Ley de Memoria Democrática y el acceso a la nacionalidad, defender el voto CERA en toda su integridad a la hora de aplicar la LOREG, o hacer políticas para personas españolas retornadas sin la coacción de la aplicación los pactos del Partido Popular y VOX sobre » Prioridad Nacional « hacen que los pronunciamiento sean necesarios para denunciar los atentados contra la constitución Española, como este comunicado de PODEMOS EXTERIOR en la Red de Círculos PODEMOS AMÉRICA, que denuncia lo siguiente:
» La Red de Círculos Podemos América ante las declaraciones del señor Feijoo del Partido Popular, de la dirección de VOX y últimamente con la Resolución de la Junta Electoral Central – JEC en España cuestionando las nacionalidades y altas consulares, manifestamos lo siguiente.
.-El derecho a votar está plenamente garantizado en la Constitución y en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), por lo que demandamos a la Junta Electoral Central que cumpla con la LOREG, facilitando el voto presencial y por correo, tanto en viceconsulados como en consulados o centros de españoles en el exterior, promoviendo aplicaciones para voto telemático, al igual se hace en distintos paises la Unión Europea como en otros países de Latinoamérica. .
.-Sobre el cuestionamiento en la asignación de municipios o empadronamiento desde el exterior exigiendo desde la JEC un «pronunciamiento claro y determinante sobre la corrección jurídica» de cómo se asigna el municipio de inscripción a los nuevos nacionalizados (muchos de ellos y ellas bajo el marco de la conocida popularmente como «Ley de Nietos»), lo calificamos como desafortunado y mal intencionado, ya que produce confusión sobre algo que está reconocido en el Artículo 19 de la Constitución que establece “los ciudadanos españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por todo el territorio nacional”. Por tanto, no existe ninguna limitación constitucional que restrinja dónde un ciudadano español/española puede vivir, ya sea dentro del país o en el exterior y menos aplicar el concepto «arraigo» que constitucionalmente no existe.
.-Condenamos las declaraciones de la JEC en las que afirma «las competencias sobre circunstancias que permiten la concesión de la nacionalidad y su procedimiento» que exceden a sus competencias, cuestionando la Ley de Memoria Democrática. Y además «aconseja» a quienes las cuestionan que acudan al Tribunal Constitucional o la jurisdicción contencioso-administrativa. Esto evidencia que el Partido Popular y Vox su intención de judicializar los expedientes o resoluciones, tomando como referencia esta resolución no vinculante de la JEC y con ello iniciar sus políticas basadas en la xenofobia contra personas descendientes de españoles/españolas en el exterior.
.-Por tanto, exigimos pronunciamiento claro y contundente del gobierno y del resto de partidos políticos de España, para hacer cumplir la Constitución en el derecho a la nacionalidad y ciudadanía española, que está consagrado en el Artículo 11 de la Constitución, el cual establece que la nacionalidad se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley y del Código Civil, que garantizan que ningún español/española de origen se le podrá privar de su nacionalidad.
.-La «prioridad nacional» promovida y pactada con el partido de ultraderecha Vox, consiste una doctrina que antepone el acceso a las políticas de ayuda social, de las y los ciudadanos/as nacidos en España frente a los españoles/españolas nacidos en el exterior; bajo el lema «los españoles primero». Esta medida configura «criterios» en la asignación de ayudas y servicios públicos, acceso a prestaciones económicas, programas de vivienda social y subsidios autonómicos para garantizar que los ciudadanos locales tengan preferencia.
.- Esta «prioridad nacional» aplica el principio del «arraigo» que va en contra de la legislación de la Unión Europea y la Constitución española que impiden la discriminación directa por nacionalidad. Este argumento de «arraigo real, duradero y verificable» con el que se pretende exigir un lugar de empadronamiento desde el exterior, ponderando factores como los años de empadronamiento continuado, la escolarización local de hijos/hijas o el historial de cotización en la región, coacciona los derechos elementales a las personas retornadas españolas.
En cuanto a Ley de Memoria Democrática, condenamos la postura del ultraderechista Vox y del Partido Popular a través de su secretario general, el señor Feijoo, frente a la Ley de Memoria Democrática donde se cuestiona las concesiones y nuestro derecho constitucional al voto CERA.
.- Denunciamos los acuerdos ocultos del Partido Popular y VOX, para revisar las concesiones, auditar los otorgamientos de nacionalidad, así como la intención de judicializar las otorgadas (ahora con el respaldo de la JEC ante una declaración no vinculante) con la intención de paralizar expedientes con medidas cautelares o de derogar la Ley de Memoria Democrática con carácter retroactivo en un nuevo proyecto de Ley aprobado en el congreso con los acuerdos entre Vox y el Partido Popular.
Condenamos las interpretaciones de la Junta Electoral Central, ya que excede a sus competencias y que están coordinadas con resoluciones del Partido Popular, Vox y el sindicato CESIF, que vulnera el derecho constitucional a la libertad individual de la ciudadanía española para definir su lugar de residencia como considere según dictamina el Artículo 19 de la Constitución y su aplicación para la obtención de la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, según dictamina además el Artículo 11 de la Constitución para reconocer el derecho al voto de la ciudadanía española que está garantizado y regulado principalmente en el Artículo 23 de la Constitución.
Y, por otra parte, la derogación o judicialización de las concesiones de nacionalidad o la restricción del derecho al voto desde el exterior, significa un pacto sectario y racista contra las españolas y españoles que vivimos en el exterior.
Este principio xenófobo se ha convertido en eje central de las negociaciones de Vox con el Partido Popular (PP) para la aprobación de presupuestos y pactos de gobierno en diversas Comunidades Autónomas, así como denunciamos el inicio de una campaña con el pronunciamiento sectario de la JEC, que seguramente será amplificada por medios de comunicación de dudosa independencia y judicializado por asociaciones afines a la ultraderecha y la derecha española con jueces «patrióticos» herederos del franquismo, funcionales al Partido Popular».
En Buenos Aires a 17 de julio de 2026.
Consejo Coordinación Red de Círculos Podemos América.
