El desarrollo reglamentario de la Ley 40/2006 (del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior) se encuentra en fase de aprobación en la actualidad, dónde el marco principal está compuesto por el Real Decreto 230/2008 para el Consejo General, y un nuevo Proyecto de Reglamento tramitado por el Gobierno.
La realidad hoy es que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha impulsado un nuevo Reglamento junto al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior en el que se detalla como aspectos clave de esta ley, las prestaciones asistenciales tales como ayudas por incapacidad, asistencia sanitaria en el exterior y protección ante la violencia de género. El retorno a España con medidas de apoyo y facilidades para los ciudadanos que vuelven al país, así como el reconocimiento y derechos con la actualización de las ayudas sociales para los más de tres millones de españoles residentes fuera de España, sin olvidarse también de la coordinación consular con la mejora en el funcionamiento de las instituciones y servicios prestados en el extranjero. Medidas que cuentan con la oposición frontal del Partido Popular de FEIJÓO y la ultraderecha de VOX.
El desarrollo reglamentario de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, es una norma creada para reconocer y proteger los derechos de los españoles que viven fuera del territorio nacional. Aunque la Ley fue aprobada hace casi dos décadas, muchos de sus aspectos aún estaban pendientes de desarrollo más concreto que permita una aplicación más uniforme y adaptada a las necesidades actuales de la ciudadanía española en el exterior.
La aprobación de este Reglamento puede suponer un paso importante porque permitirá definir con mayor claridad los mecanismos de protección, coordinación institucional y apoyo a los españoles que residen fuera de España.
Además, muchos descendientes de españoles siguen con especial interés este proceso debido a la Disposición Adicional Segunda de la Ley 40/2006, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, que establece el mandato para que el Gobierno promueva el acceso a la nacionalidad española de los descendientes de españoles, permitiendo optar por ella a quienes tengan padre o madre originariamente españoles algo a lo que se oponen el lider de la oposición Feijóo.
Esta directriz exigía al Gobierno presentar una regulación que garantizara este derecho «con independencia del lugar y de la fecha de nacimiento» del progenitor o del solicitante. Este marco legal sirvió de base para que posteriormente se ampliaran los derechos de opción a la nacionalidad a través de leyes como la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática, una disposicion que avala la posibilidad de impulsar medidas destinadas a facilitar el acceso a la nacionalidad española para descendientes de españoles aún con la oposición frontal del Partido Popular y VOX.
Sin embargo, es importante aclarar que, hasta que el Reglamento sea aprobado definitivamente y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no puede asegurarse que vaya a crear nuevos procedimientos o derechos relacionados directamente con la nacionalidad española.
La hoja de ruta del nuevo Proyecto de Reglamento del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior que sera aprobado finalmente por el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto Ordinario (no de Ley), una vez que el texto complete su tramitación y reciba el dictamen del Consejo de Estado.
El proceso principal de aprobación de este nuevo marco normativo consta de las siguientes fases, primero la aprobación interna dónde el texto del Reglamento de funcionamiento ya fue aprobado por unanimidad por el pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). Continuará con la tramitación gubernamental donde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones eleva el proyecto al Consejo de Estado para su dictamen preceptivo. Tras pasar por el Consejo de Estado, vuelve al Consejo de Ministros, donde el Gobierno en pleno lo aprueba formalmente mediante la publicación de un nuevo Real Decreto Ordinario en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Por ello, si eres español residente en el extranjero o descendiente de españoles, es importante saber como esta el desarrollo reglamentario del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior (Ley 40/2006) que se encuentra actualmente en tramite de ejecución y actualización, con una hoja de ruta clara. Aunque lo que preocupa es que una vez aprobada mediante decreto ordinario, se pueda paralizar por la falta de consenso político y el previsible rechazo de partidos como el PP y Vox al aumento del censo exterior paralizaron su avance y voto favorable en el congreso de España en caso de una victoria de la ultraderecha comandada por Feijóo.
Es importate entender las diferencias entre un Real Decreto-ley, este se aprueba primero por el Gobierno y sí debe votarse en el Congreso en un plazo máximo de 30 días para ser convalidado. En cambio, si es un Real Decreto ordinario, entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y no necesita votación parlamentaria.
La diferencia exacta radica en el tipo de norma aprobada donde el Real Decreto-ley es una norma provisional que dicta el Ejecutivo exclusivamente ante casos de «extraordinaria y urgente necesidad»donde el Congreso de los Diputados tiene que celebrar un debate y una votación de totalidad para decidir si lo convalida (se mantiene como ley) o lo deroga (queda anulado). Tras su convalidación, el Congreso puede decidir tramitarlo como proyecto de ley para permitir a los grupos parlamentarios añadir enmiendas.
Mientras el Real Decreto ordinario regula materias reglamentarias y desarrolla leyes preexistentes. Son dictados por el Gobierno o el Consejo de Ministros y su validez es automática tras la publicación oficial en el BOE, sin pasar por el Pleno del Congreso.
Un real decreto ordinario se puede derogar en España, este procedimiento exige la aprobación de un nuevo real decreto, dictado por el Consejo de Ministros y sancionado por el Rey, que incluya una «cláusula derogatoria» explícita que declare sin efecto la norma anterior.
Para derogar un real decreto (que es una norma reglamentaria aprobada por el Gobierno), el proceso formal a seguir es el siguiente: El ministerio competente en la materia redacta una nueva disposición, que generalmente toma la forma de otro real decreto, cuyo texto debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y posterior sanción por el Rey quien firma la norma y se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La derogación surte efecto desde la fecha indicada en el texto, generalmente tras su publicación.
Esta disposición derogatoria con un nuevo real decreto debe contener al menos un párrafo (disposición derogatoria) que indique expresamente que quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la nueva norma, o mencionar específicamente el número y fecha del real decreto que se quiere anular.
Para comprender la situación actual de los derechos de la diáspora, es clave observar la posturas política de la derecha y ultraderecha española en pactos de gobierno autonómicos (y quien sabe si también en un pacto oculto a nivel nacional), del PP y Vox que muestran una postura crítica respecto a la reciente concesión masiva de nacionalidades (vía Ley de Memoria Democrática) y han llegado a proponer la suspensión del voto desde el extranjero para los residentes en el exterior, ¿ Se imaginan un gobieno con Feijóo y Abascal cuanto tardarian en derogar este decreto?.
Es importante que La Ley 40/2006 cuyo reglamento (cumple 20 años de su aprobación),se desarrolle y garantice su plena operatividad, para no generar incertidumbre para el colectivo de españoles en el mundo, que llevan propiciar reclamos de la diáspora a través de distintas plataformas de la diáspora española, (como la plataforma ciudadana «Por Más Derechos), principalmente en Latinoamérica (con fuerte presencia en Argentina), que han rechazado las propuestas restrictivas de ambos partidos, exigiendo seguridad jurídica y protección real para los españoles fuera de España, que significa un ataque a las leyes para propiciar que tengamos una ciudadanía española de primera y de segunda , todo argumentado con el bloqueo sistemático de la derecha y ultraderecha en el Parlamento de España.
