Por Francisco L\u00f3pez <\/p>\n\n\n\n
La ciudadan\u00eda espa\u00f1ola en el exterior debe movilizarse para defender sus derechos. El voto progresista es fundamental para impedir que se impongan pol\u00edticas que puedan restringir los derechos conquistados por la emigraci\u00f3n y sus descendientes.<\/strong><\/p>\n\n\n\n El conflicto judicial sobre el derecho al voto de los ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democr\u00e1tica, conocida popularmente como Ley de Nietos, ha abierto un debate de enorme trascendencia para el futuro de la di\u00e1spora espa\u00f1ola.<\/p>\n\n\n\n La asociaci\u00f3n Iustitia Europa, junto con Vox, ha impulsado actuaciones judiciales que cuestionan la incorporaci\u00f3n al censo electoral de ciudadanos que adquirieron la nacionalidad espa\u00f1ola al amparo de esta legislaci\u00f3n. Una ofensiva que ha encontrado distintos l\u00edmites en los tribunales, pero que mantiene abierta una preocupaci\u00f3n leg\u00edtima entre miles de espa\u00f1oles residentes en el exterior.<\/p>\n\n\n\n EL TRIBUNAL SUPREMO FRENA LA AMPLIACI\u00d3N DE LA SUSPENSI\u00d3N DEL VOTO<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n El pasado 9 de noviembre, el Tribunal Supremo rechaz\u00f3 extender la prohibici\u00f3n de votar a los casi 190.000 hijos mayores de edad de personas que obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n El tribunal consider\u00f3 que modificar el censo electoral a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre pondr\u00eda en riesgo la seguridad jur\u00eddica y la estabilidad del proceso electoral.<\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n supuso un rev\u00e9s para Iustitia Europa y Vox y un golpe a los deseos del partido popular , que odian a la di\u00e1spora espa\u00f1ola. <\/p>\n\n\n\n Sin embargo, el conflicto no ha terminado. El presidente de Iustitia Europa, Luis Mar\u00eda Pardo, anunci\u00f3 que volver\u00e1 a recurrir la resoluci\u00f3n, mientras que Santiago Abascal adelant\u00f3 que Vox solicitar\u00e1 aclaraciones formales al Tribunal Supremo.<\/p>\n\n\n\n Mientras tanto, contin\u00faa vigente la suspensi\u00f3n cautelar que afecta a alrededor de 163.000 personas nacionalizadas directamente bajo el supuesto de exilio, cuando no han acreditado documentalmente que sus familiares abandonaron Espa\u00f1a por persecuci\u00f3n pol\u00edtica o ideol\u00f3gica.<\/p>\n\n\n\n Es decir, el conflicto judicial sigue afectando directamente a una parte de los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad espa\u00f1ola a trav\u00e9s de la Ley de Memoria Democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n VOX Y EL PP: UNA ADVERTENCIA PARA EL FUTURO DE LA DI\u00c1SPORA<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Conviene precisar que ni Vox ni el Partido Popular han planteado oficialmente eliminar el derecho al voto de toda la di\u00e1spora espa\u00f1ola.<\/p>\n\n\n\n El cuestionamiento judicial se dirige espec\u00edficamente contra una instrucci\u00f3n administrativa del Gobierno de Pedro S\u00e1nchez que permiti\u00f3 presumir la condici\u00f3n de exiliado de determinados espa\u00f1oles que emigraron entre 1936 y 1955.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, hay un elemento pol\u00edtico que no puede pasar inadvertido, tanto Santiago Abascal como Alberto N\u00fa\u00f1ez Feij\u00f3o celebraron el bloqueo inicial que afect\u00f3 a los aproximadamente 163.000 expedientes,<\/strong> acusando al Gobierno de Pedro S\u00e1nchez de realizar una supuesta operaci\u00f3n de ingenier\u00eda electoral para modificar el censo.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, el Gobierno y el Defensor del Pueblo han cuestionado las restricciones por considerar que pueden vulnerar derechos fundamentales de ciudadanos que ya poseen la nacionalidad espa\u00f1ola.<\/p>\n\n\n\n La cuesti\u00f3n, por tanto, no es solamente judicial. Tambi\u00e9n es pol\u00edtica, cuando las fuerzas que cuestionan la ampliaci\u00f3n de derechos de la ciudadan\u00eda espa\u00f1ola en el exterior tienen posibilidades de alcanzar el Gobierno, la di\u00e1spora debe preguntarse qu\u00e9 pol\u00edticas pueden impulsar en materia de nacionalidad, participaci\u00f3n electoral, retorno y derechos ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n No se trata de afirmar que exista una propuesta oficial para quitar la nacionalidad o los derechos sociales a los espa\u00f1oles residentes en el extranjero. Se trata de advertir sobre las consecuencias que podr\u00edan tener unas pol\u00edticas restrictivas y una orientaci\u00f3n pol\u00edtica contraria a la ampliaci\u00f3n de derechos que ha supuesto la Ley de Memoria Democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n LA PRIORIDAD NACIONAL DE VOX Y LOS ESPA\u00d1OLES DEL EXTERIOR<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Otro elemento que merece atenci\u00f3n es la denominada \u00abprioridad nacional\u00bb defendida por Vox.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan su planteamiento pol\u00edtico, pretende establecer preferencias para los ciudadanos con nacionalidad espa\u00f1ola frente a los extranjeros en el acceso a determinadas ayudas sociales, vivienda p\u00fablica, becas y servicios.<\/p>\n\n\n\n Los ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democr\u00e1tica son espa\u00f1oles de pleno derecho. Conservan su nacionalidad y su pasaporte, incluso cuando se encuentran afectados por la suspensi\u00f3n cautelar de su derecho al voto.<\/p>\n\n\n\n Por tanto, no existe una propuesta oficial de Vox que establezca la retirada de sus derechos sociales o de retorno por haber adquirido la nacionalidad mediante esta ley.<\/p>\n\n\n\n Pero la di\u00e1spora no puede limitarse a observar el debate desde la distancia.<\/p>\n\n\n\n Debe defender que la nacionalidad espa\u00f1ola sea una garant\u00eda efectiva de igualdad, participaci\u00f3n y derechos, independientemente del lugar de nacimiento, del origen familiar o del pa\u00eds de residencia.<\/p>\n\n\n\n\n
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