Por Francisco L\u00f3pez <\/p>\n\n\n\n
\u00c1ngel Gabilondo solicita medidas cautelar\u00edsimas para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la suspensi\u00f3n del derecho al voto de miles de espa\u00f1oles nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democr\u00e1tica. La decisi\u00f3n del Tribunal Supremo afecta a 163.020 personas inscritas en el censo electoral exterior.<\/strong><\/p>\n\n\n\n El Defensor del Pueblo, \u00c1ngel Gabilondo, ha presentado este viernes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de que los espa\u00f1oles que obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democr\u00e1tica, conocida como \u2018ley de nietos\u2019, puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del pr\u00f3ximo 29 de noviembre.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan inform\u00f3 la instituci\u00f3n a las 21.45 horas de este viernes, el recurso solicita al Constitucional que adopte medidas cautelar\u00edsimas para que se pronuncie sobre los autos del Tribunal Supremo que mantienen suspendidas determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La petici\u00f3n pretende que el alto tribunal pueda intervenir sin necesidad de escuchar previamente a las partes, dada la proximidad de la convocatoria electoral.<\/p>\n\n\n\n La iniciativa de Gabilondo llega despu\u00e9s de que particulares y distintas entidades solicitaran la intervenci\u00f3n del Defensor del Pueblo ante la incertidumbre generada por la suspensi\u00f3n acordada por el Supremo. La instituci\u00f3n ha explicado que, antes de presentar el recurso, analiz\u00f3 las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal del pasado 12 de octubre.<\/p>\n\n\n\n El origen del conflicto judicial y la controversia se centra en la interpretaci\u00f3n de la Ley de Memoria Democr\u00e1tica y de la instrucci\u00f3n del Ministerio de Justicia que permiti\u00f3 acceder a la nacionalidad espa\u00f1ola a determinados descendientes de espa\u00f1oles que emigraron al extranjero.<\/p>\n\n\n\n La instrucci\u00f3n estableci\u00f3 que las personas que salieron de Espa\u00f1a entre el 18 de julio de 1936 y finales de 1955 pod\u00edan acogerse a la consideraci\u00f3n de exiliadas sin necesidad de acreditar documentalmente esa condici\u00f3n en los t\u00e9rminos exigidos por otras v\u00edas.<\/p>\n\n\n\n El Tribunal Supremo cuestion\u00f3 este criterio y, el pasado 10 de septiembre, acord\u00f3 suspender cautelarmente las inscripciones en el CERA de quienes hab\u00edan obtenido la nacionalidad mediante esa interpretaci\u00f3n y no pod\u00edan acreditar documentalmente el exilio de sus antepasados.<\/p>\n\n\n\n Posteriormente, el alto tribunal rechaz\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n presentados por la Abogac\u00eda del Estado, que solicitaba levantar la suspensi\u00f3n. En sus resoluciones del 12 de octubre, el Supremo mantuvo la medida cautelar y distingui\u00f3 entre quienes hab\u00edan acreditado documentalmente el exilio familiar y quienes hab\u00edan obtenido la nacionalidad mediante la instrucci\u00f3n cuestionada.<\/p>\n\n\n\n El recurso presentado por el Defensor del Pueblo pide al Tribunal Constitucional que examine la interpretaci\u00f3n del Supremo sobre la suspensi\u00f3n del derecho fundamental al voto de los espa\u00f1oles nacionalizados conforme a la Ley de Memoria Democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n La iniciativa plantea, no obstante, una dificultad procesal: la v\u00eda judicial previa no se ha agotado. El principio de subsidiariedad que rige los recursos de amparo exige, por regla general, acudir primero a los mecanismos judiciales ordinarios disponibles antes de solicitar la intervenci\u00f3n del Constitucional.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, el Supremo ha adoptado una decisi\u00f3n cautelar y todav\u00eda no existe una resoluci\u00f3n definitiva sobre el fondo de la controversia. Por este motivo, antes de la presentaci\u00f3n del recurso, fuentes del tribunal de garant\u00edas hab\u00edan se\u00f1alado que la cuesti\u00f3n correspond\u00eda a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y a la Administraci\u00f3n electoral.<\/p>\n\n\n\n La admisi\u00f3n del recurso y la eventual adopci\u00f3n de medidas cautelar\u00edsimas depender\u00e1n, por tanto, de la decisi\u00f3n que adopte el Tribunal Constitucional.<\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n del Supremo afecta a 163.020 personas nacionalizadas mediante la Ley de Memoria Democr\u00e1tica e inscritas en el censo electoral exterior<\/strong>, seg\u00fan los datos recogidos en la informaci\u00f3n facilitada.<\/p>\n\n\n\n La Junta Electoral Central ha ordenado a la Oficina del Censo Electoral remitir la documentaci\u00f3n de voto a los 2,7 millones de electores inscritos en el CERA, el registro de los espa\u00f1oles que residen permanentemente fuera del pa\u00eds. La orden incluye a los nacionalizados mediante la \u2018ley de nietos\u2019, aunque advierte de que no todos podr\u00e1n ejercer el sufragio conforme a las resoluciones judiciales vigentes.<\/p>\n\n\n\n La situaci\u00f3n genera incertidumbre para las personas afectadas, algunas de las cuales pudieron votar en las elecciones generales de 2023 y ahora podr\u00edan quedar excluidas de los comicios del 29 de noviembre.<\/p>\n\n\n\n La suspensi\u00f3n se circunscribe a las inscripciones en el censo electoral de residentes en el extranjero. Por tanto, no afecta de la misma manera a quienes obtuvieron la nacionalidad por el mismo procedimiento y residen en Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n Esta es una decisi\u00f3n pendiente antes de las elecciones del 29-N y la intervenci\u00f3n del Defensor del Pueblo abre una nueva v\u00eda institucional para intentar resolver el conflicto antes de la celebraci\u00f3n de las elecciones generales. La petici\u00f3n pretende que el Tribunal Constitucional examine con car\u00e1cter urgente la situaci\u00f3n de los ciudadanos afectados y la interpretaci\u00f3n judicial que ha dado lugar a la suspensi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La resoluci\u00f3n que adopte el Constitucional ser\u00e1 determinante para conocer si existe alguna posibilidad de modificar la situaci\u00f3n de estos electores antes de la cita electoral, aunque la presentaci\u00f3n del recurso no implica que las medidas solicitadas hayan sido concedidas.<\/p>\n\n\n\n El mandato de \u00c1ngel Gabilondo al frente del Defensor del Pueblo concluye el pr\u00f3ximo mes de noviembre, en un contexto marcado por la controversia judicial sobre el ejercicio del sufragio de los espa\u00f1oles residentes en el exterior.<\/p>\n\n\n\n Mientras se espera una respuesta del Tribunal Constitucional, la aplicaci\u00f3n de las resoluciones del Supremo y las actuaciones de la Administraci\u00f3n electoral mantienen abierta la incertidumbre sobre la participaci\u00f3n de miles de espa\u00f1oles nacionalizados por la Ley de Memoria Democr\u00e1tica en las elecciones generales del 29 de noviembre.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Francisco L\u00f3pez \u00c1ngel Gabilondo solicita medidas cautelar\u00edsimas para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la suspensi\u00f3n del derecho al voto de miles … <\/p>\n