Por Adriana F. Gomez.<\/p>\n\n\n\n
\u00abEl Congreso de los Diputados rechaz\u00f3 el 16 de septiembre de 2026 el real decreto-ley del Gobierno destinado a regular los grupos de inter\u00e9s, una norma cuyo objetivo declarado era establecer un registro p\u00fablico y obligatorio de los llamados lobbies ante la Administraci\u00f3n General del Estado\u00bb.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n El resultado de la votaci\u00f3n fue contundente: 179 votos en contra, 155 a favor y 12 abstenciones<\/strong>. El rechazo cont\u00f3 con los votos del Partido Popular, Vox, Junts y UPN, mientras que PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Comprom\u00eds y BNG respaldaron la convalidaci\u00f3n. Podemos y PNV optaron por la abstenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La consecuencia inmediata fue la derogaci\u00f3n del decreto y la desaparici\u00f3n, al menos por ahora, del instrumento regulatorio que pretend\u00eda aumentar la trazabilidad de las relaciones entre los grupos de inter\u00e9s y las instituciones p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n Y aqu\u00ed aparece una cuesti\u00f3n pol\u00edtica que merece ser examinada sin simplificaciones: \u00bfera suficiente la discrepancia de Podemos con el contenido de la norma para abstenerse cuando su voto contribu\u00eda objetivamente a que el decreto no saliera adelante?<\/strong><\/p>\n\n\n\n La regulaci\u00f3n de los grupos de inter\u00e9s no es una cuesti\u00f3n menor, en cualquier democracia moderna existen organizaciones empresariales, sindicatos, asociaciones profesionales, organizaciones sociales, despachos especializados, plataformas sectoriales y otros actores que intentan trasladar sus intereses a quienes elaboran las leyes y toman decisiones administrativas.<\/p>\n\n\n\n La existencia de esos grupos no constituye por s\u00ed misma un problema. La cuesti\u00f3n democr\u00e1tica fundamental es otra: saber qui\u00e9n intenta influir, ante qui\u00e9n lo hace, con qu\u00e9 intereses y bajo qu\u00e9 reglas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Un registro obligatorio pretende precisamente introducir una mayor transparencia en esa relaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 25 de agosto planteaba crear un registro estatal de grupos de inter\u00e9s. La medida estaba adem\u00e1s vinculada a compromisos relacionados con los fondos europeos, de modo que su ca\u00edda no afecta \u00fanicamente al debate pol\u00edtico sobre los lobbies<\/em>, sino tambi\u00e9n a los compromisos asumidos por Espa\u00f1a ante las instituciones europeas.<\/p>\n\n\n\n Podemos hab\u00eda manifestado reparos al texto porque consideraba problem\u00e1tica la inclusi\u00f3n de los agentes sociales \u2014entre ellos sindicatos y organizaciones empresariales\u2014 dentro del registro.<\/p>\n\n\n\n Esa posici\u00f3n puede ser discutida pol\u00edticamente y, desde luego, es leg\u00edtimo que una formaci\u00f3n parlamentaria considere que una regulaci\u00f3n necesita modificaciones antes de apoyarla.<\/p>\n\n\n\n Pero existe una diferencia importante entre votar en contra de una norma porque se considera insuficiente o equivocada y abstenerse en una votaci\u00f3n cuyo resultado puede provocar su derogaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La abstenci\u00f3n de Podemos termin\u00f3 teniendo una consecuencia concreta: junto con el PNV, dej\u00f3 de formar parte de la mayor\u00eda parlamentaria que respaldaba el decreto. Y, con los votos negativos del PP, Vox, Junts y UPN, la norma qued\u00f3 tumbada.<\/p>\n\n\n\n Por eso la pregunta no deber\u00eda formularse \u00fanicamente en t\u00e9rminos partidistas. La cuesti\u00f3n de fondo es si la discrepancia sobre los agentes sociales justificaba dejar caer el conjunto de una regulaci\u00f3n destinada a establecer mayor transparencia sobre las relaciones entre los grupos de inter\u00e9s y las instituciones.<\/p>\n\n\n\n La preocupaci\u00f3n por los lobbies<\/em> no se limita a los diputados en ejercicio, tambi\u00e9n afecta a las llamadas puertas giratorias<\/strong>: el tr\u00e1nsito de personas entre responsabilidades pol\u00edticas, altos cargos de la Administraci\u00f3n, empresas privadas, consultoras, despachos y organizaciones que tienen intereses econ\u00f3micos o regulatorios directamente relacionados con las decisiones p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n Una regulaci\u00f3n eficaz deber\u00eda permitir conocer esas relaciones y establecer l\u00edmites claros cuando existan conflictos de intereses.<\/p>\n\n\n\n Porque la transparencia no consiste solamente en saber qu\u00e9 diputado vot\u00f3 una determinada ley.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n implica poder conocer:<\/p>\n\n\n\n Ese es precisamente uno de los debates centrales alrededor de los lobbies<\/em> y de las puertas giratorias.<\/p>\n\n\n\nUna norma sobre qui\u00e9n puede influir y c\u00f3mo<\/h2>\n\n\n\n
La posici\u00f3n de Podemos<\/h2>\n\n\n\n
El problema de fondo: la puerta giratoria y la influencia pol\u00edtica<\/h2>\n\n\n\n
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