{"id":15078,"date":"2026-09-11T12:09:42","date_gmt":"2026-09-11T15:09:42","guid":{"rendered":"https:\/\/xn--tuvozdiasporaespaola-k7b.com\/page\/2\/?p=15078"},"modified":"2026-09-11T12:27:57","modified_gmt":"2026-09-11T15:27:57","slug":"blindar-la-nacionalidad-espanola-de-la-ley-de-memoria-democratica-el-congreso-tiene-la-palabra-y-podemos-ya-recibio-el-reclamo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/xn--tuvozdiasporaespaola-k7b.com\/page\/2\/blindar-la-nacionalidad-espanola-de-la-ley-de-memoria-democratica-el-congreso-tiene-la-palabra-y-podemos-ya-recibio-el-reclamo\/","title":{"rendered":"Blindar la nacionalidad espa\u00f1ola de la Ley de Memoria Democr\u00e1tica: el Congreso tiene la palabra y PODEMOS ya recibi\u00f3 el reclamo."},"content":{"rendered":"\n

Carta de la Red de C\u00edrculos Podemos Exterior en Am\u00e9rica, enviada a las diputadas de PODEMOS en el congreso de Espa\u00f1a.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00abAnte la controversia abierta alrededor de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los espa\u00f1oles que obtuvieron su nacionalidad al amparo de la Disposici\u00f3n Adicional Octava de la Ley de Memoria Democr\u00e1tica ha dejado de ser \u00fanicamente un problema administrativo\u00ab<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Red de C\u00edrculosde Podemos Exterior en Am\u00e9rica manifiesta su rechazo y condena, a la vez qu\u00e9 estima, que la misma se ha convertido en una cuesti\u00f3n pol\u00edtica, jur\u00eddica y democr\u00e1tica de primer orden, <\/strong>por lo que dio trasladado a sus representantes de PODEMOS en el congreso esta preocupaci\u00f3n al respecto, instando a qu\u00e9 se tomen las medidas oportunas para subsanar este atropell\u00f3 contra la ciudadan\u00eda Espa\u00f1ola en el exterior<\/strong>, con los siguientes argumentos:<\/p>\n\n\n\n

\u00bb Estimadas compa\u00f1eras y compa\u00f1ero:<\/p>\n\n\n\n

Desde la Red de C\u00edrculos de Podemos Exterior en Am\u00e9rica nos dirigimos a ustedes, como integrantes de PODEMOS en el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, para solicitar una actuaci\u00f3n parlamentaria urgente<\/strong> destinada a proteger jur\u00eddicamente las adquisiciones de nacionalidad espa\u00f1ola reconocidas al amparo de la<\/strong> Disposici\u00f3n Adicional Octava de la Ley 20\/2022<\/strong><\/a> con fecha 19 de octubre de 2022 de Memoria Democr\u00e1tica y garantizar el pleno ejercicio de los derechos que legalmente les correspondan a espa\u00f1oles y espa\u00f1olas  quienes adquirieron dicha condici\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La controversia existente alrededor de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de ciudadanos y ciudadanas que obtuvieron la nacionalidad espa\u00f1ola mediante la citada disposici\u00f3n, ha dejado de ser \u00fanicamente un problema administrativo. Se ha convertido en una cuesti\u00f3n jur\u00eddica, pol\u00edtica y democr\u00e1tica de primer orden<\/strong>, que afecta directamente a miles de espa\u00f1oles y espa\u00f1olas residentes fuera del territorio nacional y que exige, junto con la respuesta que corresponda a los tribunales, una respuesta pol\u00edtica y legislativa del Congreso de los Diputados.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La situaci\u00f3n ha adquirido todav\u00eda mayor urgencia, tras la decisi\u00f3n adoptada el 8 de septiembre de 2026 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo<\/strong>, que estim\u00f3 parcialmente las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox<\/strong> respecto de las altas incorporadas al CERA vinculadas a la conocida como \u00abLey de Nietos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la informaci\u00f3n conocida hasta el momento, el Tribunal Supremo ha acordado cautelarmente suspender los efectos electorales de determinadas inscripciones en el CERA<\/strong> hasta que se dicte sentencia, exceptuando aquellos casos en los que los registros consulares acrediten las circunstancias de exilio exigidas por la norma, sin acudir a la presunci\u00f3n contenida en la Instrucci\u00f3n administrativa correspondiente. Es importante precisar que la decisi\u00f3n conocida no supone, por s\u00ed misma, la retirada ni la suspensi\u00f3n de la nacionalidad espa\u00f1ola ya adquirida<\/strong>, sino una medida cautelar relativa a sus efectos electorales en el CERA mientras se resuelve el litigio.<\/p>\n\n\n\n

La dimensi\u00f3n del problema ha trascendido el \u00e1mbito administrativo y parlamentario espa\u00f1ol. La agencia internacional de noticias EFE se ha hecho eco de esta situaci\u00f3n<\/strong>, informando en su publicaci\u00f3n<\/a> el 8 de septiembre de 2026 de que el Tribunal Supremo hab\u00eda dejado cautelarmente en suspenso los efectos electorales de determinadas altas en el CERA vinculadas a la Ley de Memoria Democr\u00e1tica<\/strong>. Que una agencia internacional de la relevancia de EFE recoja esta controversia, demuestra que estamos ante un asunto cuya repercusi\u00f3n supera ampliamente un expediente administrativo o electoral concreto.<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. La cuesti\u00f3n no es \u00fanicamente el CERA: es tambi\u00e9n la seguridad jur\u00eddica<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    La inscripci\u00f3n en el CERA es consecuencia de la condici\u00f3n de elector residente en el extranjero. Por ello, cuando se cuestionan los efectos electorales<\/strong> derivados de la forma en que determinadas personas adquirieron la nacionalidad espa\u00f1ola, la controversia alcanza inevitablemente al ejercicio de un derecho<\/strong> fundamental: el derecho de participaci\u00f3n pol\u00edtica reconocido en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    Adem\u00e1s, la propia Constituci\u00f3n<\/a> establece en su Numeral 5 del Art\u00edculo 68, que el Estado \u201cfacilitar\u00e1 el ejercicio del derecho de sufragio a los espa\u00f1oles que se encuentren fuera del territorio de Espa\u00f1a<\/em><\/strong>\u201d<\/strong> (\u00e9nfasis a\u00f1adidos).<\/p>\n\n\n\n

    Pero existe otra cuesti\u00f3n todav\u00eda m\u00e1s profunda: la seguridad jur\u00eddica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    Miles de personas han acudido a los consulados espa\u00f1oles, presentado la documentaci\u00f3n exigida, obtenido resoluciones o inscripciones en el Registro Civil, recibido documentaci\u00f3n espa\u00f1ola y pasado a formar parte jur\u00eddicamente de la comunidad pol\u00edtica espa\u00f1ola<\/strong>. En aquellos casos en los que la adquisici\u00f3n de la nacionalidad haya sido reconocida v\u00e1lidamente y el correspondiente acto o inscripci\u00f3n sea firme, el Estado debe ofrecer una respuesta compatible con los principios constitucionales de legalidad, seguridad jur\u00eddica y protecci\u00f3n frente a la arbitrariedad de los poderes p\u00fablicos<\/strong>, reconocidos en el Art\u00edculo 9.3 de la Constituci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

    \u00abArt\u00edculo 9<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

    (\u2026)<\/em><\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. La Constituci\u00f3n garantiza el principio de legalidad, la jerarqu\u00eda normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jur\u00eddica, la responsabilidad y la interdicci\u00f3n de la arbitrariedad de los poderes p\u00fablicos<\/em>.\u00bb<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      La Constituci\u00f3n dispone adem\u00e1s en el Numeral 1 de su Art\u00edculo 11 que \u00abla nacionalidad espa\u00f1ola se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley<\/em>\u00bb y establece una protecci\u00f3n reforzada para los espa\u00f1oles de origen.<\/p>\n\n\n\n

      Por tanto, no resulta razonable que personas que actuaron conforme a una ley vigente<\/strong> y a las instrucciones dictadas por la propia Administraci\u00f3n espa\u00f1ola puedan encontrarse posteriormente sometidas durante un periodo indefinido a incertidumbre<\/strong> acerca del ejercicio de los derechos vinculados a su condici\u00f3n de ciudadanos espa\u00f1oles<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

      El Estado no puede crear mediante sus propias normas y actuaciones administrativas situaciones jur\u00eddicas para despu\u00e9s dejar indefinidamente condicionados sus efectos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. La controversia nace tambi\u00e9n de una interpretaci\u00f3n administrativa que corresponde ahora aclarar al legislador<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        La Disposici\u00f3n Adicional Octava de la Ley 20\/2022<\/a> estableci\u00f3 distintos supuestos de adquisici\u00f3n de la nacionalidad espa\u00f1ola. No se limita exclusivamente a un \u00fanico supuesto de descendientes de exiliados<\/strong> pues contempla tambi\u00e9n, entre otros casos, a hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres espa\u00f1olas que perdieron su nacionalidad por matrimonio con extranjeros antes de la Constituci\u00f3n de 1978 y a hijos e hijas de padres y madres a quienes se reconoci\u00f3 la nacionalidad espa\u00f1ola de origen.<\/p>\n\n\n\n

        Posteriormente, la Instrucci\u00f3n de 25 de octubre de 2022 de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica<\/a> desarroll\u00f3 criterios para el ejercicio y alcance del derecho de opci\u00f3n previsto en dicha disposici\u00f3n y, para su aplicaci\u00f3n, por los registros civiles. Esa Instrucci\u00f3n fue posteriormente corregida y modificada entre 2023 y 2024.<\/p>\n\n\n\n

        Precisamente la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de ese marco normativo se encuentra ahora en el centro de la controversia judicial<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

        Por ello consideramos que la soluci\u00f3n de fondo no puede limitarse a nuevas instrucciones administrativas, interpretaciones cambiantes o sucesivas ventanas temporales para solicitar la nacionalidad.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Hace falta una norma clara y estable.<\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. El Tribunal Supremo resolver\u00e1 el litigio; las Cortes Generales pueden cambiar y aclarar la ley<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          Queremos dejar expresa constancia de algo fundamental: una ley no puede ordenar al Tribunal Supremo c\u00f3mo debe resolver un procedimiento concreto<\/strong>, ni debe utilizarse la potestad legislativa para interferir en la independencia judicial<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

          El Tribunal Supremo tiene la funci\u00f3n constitucional de interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico<\/strong> en los procedimientos sometidos a su conocimiento.<\/p>\n\n\n\n

          Pero esa separaci\u00f3n de poderes funciona tambi\u00e9n en sentido inverso: la existencia de un proceso judicial<\/strong> no<\/strong> impide a las Cortes Generales ejercer su potestad legislativa y modificar para el futuro el marco jur\u00eddico cuando consideran que una determinada regulaci\u00f3n necesita ser aclarada, corregida o sustituida<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

          La Constituci\u00f3n, en el Numeral 2 de su Art\u00edculo 66, atribuye expresamente a las Cortes Generales, integradas por el Congreso de los Diputados y el Senado, la potestad legislativa del Estado:<\/p>\n\n\n\n

          \u201cArt\u00edculo 66<\/em><\/p>\n\n\n\n

          (\u2026)<\/em><\/p>\n\n\n\n

            \n
          1. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado<\/em><\/strong>, aprueban sus Presupuestos, controlan la acci\u00f3n del Gobierno y tienen las dem\u00e1s competencias que les atribuya la Constituci\u00f3n<\/em>.\u201d<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

            [\u00e9nfasis a\u00f1adidos]<\/p>\n\n\n\n

            Por tanto, la respuesta a esta controversia no tiene por qu\u00e9 ser exclusivamente judicial<\/strong>. Si existen vac\u00edos, se legisla<\/strong>. Si existen contradicciones, se corrigen<\/strong>. Si una regulaci\u00f3n temporal ha terminado generando inseguridad jur\u00eddica, puede sustituirse por una regulaci\u00f3n permanente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

            Y ser\u00e1n despu\u00e9s los tribunales, dentro de sus competencias constitucionales, quienes determinen los efectos que esa nueva legislaci\u00f3n pudiera producir sobre los procedimientos que se encuentren pendientes.<\/p>\n\n\n\n

              \n
            1. Una ley permanente para las y los descendientes<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

              Espa\u00f1a necesita superar definitivamente el sistema de sucesivas \u00abventanas\u00bb temporales que cada cierto n\u00famero de a\u00f1os permite, a determinados descendientes de espa\u00f1oles y espa\u00f1olas, acceder a la nacionalidad.<\/p>\n\n\n\n

              La vinculaci\u00f3n de una persona con Espa\u00f1a por raz\u00f3n de su ascendencia familiar no deber\u00eda depender peri\u00f3dicamente de una carrera contra el calendario, de pr\u00f3rrogas excepcionales o de interpretaciones administrativas que puedan variar con el tiempo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

              Por ello proponemos abrir el debate parlamentario sobre una regulaci\u00f3n permanente de acceso a la nacionalidad espa\u00f1ola para descendientes<\/strong>, incorporada al C\u00f3digo Civil o articulada mediante la f\u00f3rmula legislativa que las Cortes consideren t\u00e9cnicamente m\u00e1s adecuada.<\/p>\n\n\n\n

              Esa regulaci\u00f3n deber\u00eda establecer de forma clara qui\u00e9nes pueden acceder a la nacionalidad, qu\u00e9 requisitos deben acreditar, cu\u00e1les son los efectos jur\u00eddicos de su adquisici\u00f3n y c\u00f3mo deben protegerse las situaciones jur\u00eddicas ya consolidadas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

              Asimismo, si la reforma afecta directamente al r\u00e9gimen electoral general, al CERA o a aspectos esenciales del ejercicio del derecho de sufragio<\/strong>, deber\u00e1 utilizarse el instrumento legislativo constitucionalmente adecuado<\/strong>, incluida, cuando corresponda, la Ley Org\u00e1nica<\/strong>, contemplado en el Numeral 1 del Art\u00edculo 81 de la Constituci\u00f3n que reserva a este tipo de norma el desarrollo de derechos fundamentales y el r\u00e9gimen electoral general<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

              \u201cArt\u00edculo 81<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

              1. Son<\/em> leyes org\u00e1nicas<\/em><\/strong> las relativas al desarrollo de los<\/em> derechos fundamentales<\/em><\/strong> y de las<\/em> libertades p\u00fablicas<\/em><\/strong>, las que aprueben los Estatutos de Autonom\u00eda y<\/em> el r\u00e9gimen electoral general<\/em><\/strong> y las dem\u00e1s previstas en la Constituci\u00f3n<\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n

              [\u00e9nfasis a\u00f1adidos]<\/p>\n\n\n\n

                \n
              1. El Gobierno puede adoptar una respuesta urgente.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                Como ustedes saben, el Art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola permite al Gobierno aprobar un Real Decreto-ley cuando concurran razones de extraordinaria y urgente necesidad<\/strong>. Estas disposiciones legislativas provisionales deben ser sometidas inmediatamente a debate y votaci\u00f3n en el Congreso de los Diputados, que deber\u00e1 pronunciarse sobre su convalidaci\u00f3n o derogaci\u00f3n en el plazo m\u00e1ximo de treinta d\u00edas desde su promulgaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

                \u201cArt\u00edculo 86<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

                  \n
                1. En caso de<\/em> extraordinaria y urgente necesidad<\/em><\/strong>, el Gobierno podr\u00e1 dictar disposiciones legislativas provisionales que tomar\u00e1n la forma de<\/em> Decretos-leyes<\/em><\/strong> y que<\/em> no podr\u00e1n afectar<\/em><\/strong> al ordenamiento de las instituciones b\u00e1sicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T\u00edtulo I, al r\u00e9gimen de las Comunidades Aut\u00f3nomas ni al<\/em> Derecho electoral general.<\/em><\/strong><\/li>\n\n\n\n
                2. Los<\/em> Decretos-leyes<\/em><\/strong> deber\u00e1n ser<\/em> inmediatamente sometidos a debate y votaci\u00f3n de totalidad al Congreso de los Diputados<\/em><\/strong>, convocado al efecto si no estuviere reunido,<\/em> en el plazo de los treinta d\u00edas siguientes a su promulgaci\u00f3n<\/em><\/strong>. El Congreso habr\u00e1 de<\/em> pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo<\/em><\/strong> sobre su convalidaci\u00f3n o derogaci\u00f3n, para lo cual el Reglamento establecer\u00e1 un<\/em> procedimiento especial y sumario<\/em><\/strong>.<\/em>\u201d<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                  [\u00e9nfasis a\u00f1adidos]<\/p>\n\n\n\n

                  Esta podr\u00eda constituir una v\u00eda para adoptar aquellas medidas urgentes de protecci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong> que resulten constitucionalmente posibles<\/strong> ante la situaci\u00f3n creada, respetando los l\u00edmites materiales que el propio Art\u00edculo 86.1 establece.<\/p>\n\n\n\n

                  Pero existe una segunda posibilidad especialmente relevante: el propio Art\u00edculo 86.3 de la Constituci\u00f3n permite que, durante ese plazo, las Cortes Generales tramiten el texto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia:<\/p>\n\n\n\n

                  \u201cArt\u00edculo 86<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  1. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podr\u00e1n tramitarlos como<\/em> proyectos de ley por el procedimiento de urgencia<\/em><\/strong>.\u201d<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                    [\u00e9nfasis a\u00f1adidos]<\/p>\n\n\n\n

                    De esta manera, los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas y convertir una respuesta inicialmente urgente en una regulaci\u00f3n legislativa m\u00e1s completa y estable<\/strong>. Tambi\u00e9n permanece abierta la v\u00eda ordinaria de una proposici\u00f3n de ley impulsada por los grupos parlamentarios<\/strong>, que permita reformar expresamente el C\u00f3digo Civil y establecer una regulaci\u00f3n permanente para las y los descendientes de espa\u00f1oles y espa\u00f1olas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                      \n
                    1. La controversia pol\u00edtica debe resolverse tambi\u00e9n haciendo pol\u00edtica<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                      La existencia de posiciones pol\u00edticas distintas sobre la aplicaci\u00f3n de la Ley de Memoria Democr\u00e1tica forma parte del leg\u00edtimo debate democr\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n

                      El Partido Popular<\/strong> ha reclamado p\u00fablicamente mayores controles y transparencia respecto del crecimiento y composici\u00f3n del CERA, mientras que Vox<\/strong> ha impulsado actuaciones ante la Junta Electoral Central y posteriormente ha acudido al Tribunal Supremo cuestionando determinadas inscripciones derivadas de la aplicaci\u00f3n de la Ley de Memoria Democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

                      Pero precisamente por ello debemos recordar algo esencial: la pol\u00edtica debe resolverse tambi\u00e9n haciendo pol\u00edtica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                      Si PP<\/strong>, Vox<\/strong> o cualquier otra fuerza pol\u00edtica consideran que debe modificarse el r\u00e9gimen legal de adquisici\u00f3n de la nacionalidad espa\u00f1ola, tienen en las Cortes Generales el espacio democr\u00e1tico para proponerlo, debatirlo y someterlo a votaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                      Nosotras y nosotros, desde la Red de C\u00edrculos de Podemos Exterior en Am\u00e9rica, defendemos justamente la posici\u00f3n contraria: consideramos que el derecho de los descendientes debe protegerse, consolidarse y dotarse de una regulaci\u00f3n permanente, y que quienes adquirieron legalmente la nacionalidad bajo las normas y criterios aplicados por el propio Estado espa\u00f1ol no pueden quedar convertidos en ciudadanos con derechos pol\u00edticos provisionalmente inciertos durante periodos indefinidos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                      Una controversia pol\u00edtica sobre qui\u00e9n puede formar parte de la comunidad nacional no deber\u00eda acabar disolvi\u00e9ndose exclusivamente a trav\u00e9s de litigios administrativos y judiciales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                      Espa\u00f1a necesita una ley clara y la bancada progresista debe estar a la altura de este momento,<\/strong> porque la adquisici\u00f3n de la nacionalidad espa\u00f1ola ya reconocida para miles de personas, necesitan protecci\u00f3n jur\u00eddica expresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                      No proponemos que el Parlamento declare cu\u00e1l debe ser el resultado del litigio pendiente ante el Tribunal Supremo. Proponemos algo diferente y plenamente democr\u00e1tico: que el Parlamento ejerza su potestad legislativa y elimine para el futuro la incertidumbre que ha permitido llegar a esta situaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                        \n
                      1. La cuesti\u00f3n de fondo puede formularse de manera sencilla:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                        \u00bfQuiere Espa\u00f1a que la nacionalidad reconocida legalmente a las y los descendientes de espa\u00f1oles y espa\u00f1olas constituya una situaci\u00f3n jur\u00eddica estable?<\/strong> \u00bfO m\u00e1s bien que permanezca peri\u00f3dicamente expuesta a cambios pol\u00edticos, instrucciones administrativas, recursos judiciales y medidas cautelares?<\/p>\n\n\n\n

                        Consideramos que la respuesta debe salir tambi\u00e9n de las Cortes Generales. La nacionalidad no puede convertirse en una concesi\u00f3n pol\u00edtica temporal<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                        Por todo lo expuesto, solicitamos a las diputadas y al diputado de PODEMOS:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                          \n
                        1. Impulsar de manera urgente una iniciativa parlamentaria<\/strong> destinada a garantizar seguridad jur\u00eddica a las personas que adquirieron v\u00e1lidamente la nacionalidad espa\u00f1ola al amparo de la Disposici\u00f3n Adicional Octava de la Ley 20\/2022.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                            \n
                          1. Promover una regulaci\u00f3n permanente del acceso a la nacionalidad espa\u00f1ola para las y los descendientes de espa\u00f1oles y espa\u00f1olas<\/strong>, evitando que este derecho dependa en el futuro de sucesivas disposiciones temporales, pr\u00f3rrogas o interpretaciones administrativas.<\/li>\n\n\n\n
                          2. Incorporar un r\u00e9gimen transitorio expreso<\/strong>, constitucionalmente viable, que determine con claridad la situaci\u00f3n de las adquisiciones de nacionalidad ya reconocidas y los efectos jur\u00eddicos correspondientes, respetando las competencias del Poder Judicial sobre los litigios pendientes.<\/li>\n\n\n\n
                          3. Proponer, cuando la regulaci\u00f3n afecte directamente al CERA o al r\u00e9gimen electoral general, las reformas de la Ley Org\u00e1nica del R\u00e9gimen Electoral General que resulten necesarias<\/strong>, garantizando que los espa\u00f1oles y espa\u00f1olas residentes en el exterior puedan ejercer sus derechos pol\u00edticos con reglas claras, uniformes y previsibles.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                            Para la Red de C\u00edrculos de Podemos Exterior en Am\u00e9rica, el momento de actuar es AHORA<\/strong>. La ciudadan\u00eda espa\u00f1ola residente en el exterior no puede permanecer atrapada indefinidamente entre una interpretaci\u00f3n administrativa, un recurso judicial y una medida cautelar:<\/strong><\/p>\n\n\n\n