Por Mas Derechos CREs , Argentina
Mucho se habla del retorno para personas españolas en el exterior, pero que se sabe, donde solicitarlo, que requisitos necesitas y en que consiste, toda una odisea burocrática dependientes las Consejerías dependientes de las embajadas de España en el exterior, las mismas son órganos técnicos especializados de la Administración General del Estado, integrados en las misiones diplomáticas para gestionar áreas específicas.
Existen veinticuatro Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, claramente insuficientes para atender a un número de españoles que tras finalizar la tramitación de todos los expedientes de nacionalidad , superará los 5 millones con ciudadania española, Consejerías que gestionan además de oficinas económicas, comerciales, culturales, de defensa y turismo, coordinadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Contando con que el cometido es enorme, tales como:
Protección y Asistencia Social: Gestión de ayudas y subvenciones, tales como las prestaciones por razón de necesidad, las ayudas a niños de la guerra, o la atención a mayores y dependientes.
Gestión de la Seguridad Social: Tramitación de pensiones, convenios internacionales y verificación de la fe de vida para pensionistas españoles en el extranjero.
Orientación Laboral y Empleo: Asesoramiento sobre el mercado laboral local, fomento de la integración laboral y la contratación de españoles en el exterior.
Apoyo al Retorno: Asesoramiento y gestión de trámites para ciudadanos que desean regresar a España, incluyendo la ayuda con la documentación de migrante retornado.
Asociacionismo y Cooperación: Apoyo a los centros españoles y asociaciones de la colectividad en el exterior.
Violencia de Género: Actúan como puntos violeta, aplicando protocolos de actuación para víctimas de violencia de género en el extranjero.
Solo podríamos hacernos una pregunta para tratar estas cuestiones, por poner un ejemplo Barcelona tiene 1.780.000 habitantes y Argentina tendra cerca de 1.700.000 personas con nacionalidad española. ¿ cuantas oficinas atienden en Barcelona y cuantas atienden en Argentina ? Pues esta claro la de Argentina abarca una demarcación territorial que incluye Argentina, Paraguay, Bolivia y Venezuela una solo una oficina de la Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social , con lo que el colapso esta asegurado.
Por eso la plataforma de listas a los CREs de Argentina » POR MAS DERECHOS CREs ARGENTINA proponen mas oficinas y que las mismas esten especializadas por separado en Violencia de Género, Asociacionismo y Cooperación, Retorno , Orientación Laboral y Empleo, Seguridad Social o Asistencial y Salud., con sucursales en los consulados de España y centralizados por paises.
Pero vallamos a las políticas de retorno para lo que existe una «Guía del Retorno» del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el recurso oficial esencial para españoles que desean regresar, ofreciendo información sobre trámites, derechos y ayudas. Incluye el Certificado de Emigrante Retornado (CER), acceso a prestaciones por desempleo, ayudas económicas de hasta 7600 € para situaciones vulnerables y la necesaria baja consular.
El fomento del retorno de los españoles residentes en el extranjero es una obligación legal, recogida tanto en la Constitución Española como en la legislación estatal y autonómica, que trata de dar respuesta a la convicción de los beneficios sociales y económicos que aporta el retorno de personas con experiencia migratoria.
El problema es que no hay una política coordinada entre los distintos organismos, por eso la plataforma de listas a los CREs de Argentina » POR MAS DERECHOS CREs ARGENTINA: proponen un plan de retorno que contemple la certificación amplia de la condición de emigrante retornado y el cobro de la prestación por de desempleo y/o otras prestaciones sociales o médicas, sin tanta burocracia, así como alternativas habitacionales y laborales que no solo sean establecidas por las comunidades Autónomas de forma individual sino por el Estado Central con acuerdos interministeriales dentro de las políticas públicas y los municipios del territorio español, la coordinación es elemental para dar un buen servicio y hoy en España no existe esa colaboración entre instituciones.
Este retorno sigue siendo en buena medida muy demandado tras los cambios en la realidad social, económica, política, normativa y tecnológica de países de acogida durante los años transcurridos desde que una persona emigra. Sin perjuicio de su desarrollo detallado en la Guía como propuestas del gobierno Naciona, el fundamento legal y reglamentario de las actuaciones llevadas a cabo por la Subdirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno y la Oficina Española del Retorno.
Sobre la base del artículo 42 de la Constitución, que conmina al Estado a velar por los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y a orientar su política hacia su retorno, el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, Ley 40/2006, de 14 de diciembre de 2006, precisa en su artículo 26.1 las finalidades de la política de retorno:
1. El Estado en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, promoverá una política integral para facilitar el retorno de los españoles de origen residentes en el exterior. A tal fin, los poderes públicos, para un eficaz y eficiente aprovechamiento de los recursos públicos, coordinarán sus actuaciones para que la integración social y laboral de los españoles que retornen se realice en las condiciones más favorables. ( Hoy pendiente no desarrollada).
Este precepto contiene además un mandato expreso a los poderes públicos para remover los obstáculos que dificulten a los retornados el acceso a las prestaciones o beneficios sociales en las mismas condiciones que los españoles residentes en España, para desarrollar medidas de protección de las españolas víctimas de violencia de género y para promover el acceso a la vivienda de los emigrantes retornados en colaboración con las asociaciones de retornados.
Fruto de la obligación que el Estatuto impone en su artículo 27 a la Administración General del Estado es la Oficina Española del Retorno, adscrita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargada de dar cumplida respuesta a los diversos aspectos relacionados con el hecho de retorno con la finalidad de “facilitar la orientación y el asesoramiento a los españoles que decidan retornar”, integrando toda la información relativa a las normas, procedimientos administrativos y medidas de apoyo existentes en materia de retorno y coordinando para ello con las otras instancias de ámbito autonómico o local a las que el fenómeno afecta de igual manera, de acuerdo con la actual distribución competencial y administrativa en nuestro país.
Uno de los elementos esenciales de protección de las personas retornadas lo constituyen las prestaciones por desempleo, y a estos efectos, la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) dispone en su artículo 267.1.e):
“Se encontrarán en situación legal de desempleo los trabajadores que estén incluidos en alguno de los siguientes supuestos: […] Cuando los trabajadores retornen a España por extinguir seles la relación laboral en el país extranjero, siempre que no obtengan prestación por desempleo en dicho país y acrediten cotización suficiente antes de salir de España”.
Sobre esta base, la propia norma considera beneficiarios del subsidio a los desempleados que se encuentren en la situación de “ser trabajador español emigrante que, habiendo retornado de países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo, o con los que no exista convenio sobre protección por desempleo, acredite haber trabajado como mínimo doce meses en los últimos seis años en dichos países desde su última salida de España, y no tenga derecho a la prestación por desempleo”.
Y para acreditar esta situación y acceder al subsidio, el artículo 11.1 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo, dispone:
“Para acreditar la situación legal de desempleo, los emigrantes retornados deberán aportar certificación del Instituto Español de Emigración en la que conste la fecha del retorno, el tiempo trabajado en el país extranjero, el período de ocupación cotizada, en su caso, así como que no tienen derecho a prestaciones por desempleo en dicho país”.
La certificación a que hace referencia este artículo es el certificado de emigrante retornado, hoy expedido por las Áreas y Dependencias de Trabajo e Inmigración de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las provincias, y respecto del cual emite criterios de actuación e informes en materia de recursos de alzada la Dirección General de Migraciones. Otro de los elementos esenciales de protección de las personas retornadas lo constituye la asistencia sanitaria, en relación a la cual el artículo 26 del Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados, establece:
«Los españoles de origen residentes en el exterior que retornen a España así como los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia y los pensionistas españoles de origen residentes en el exterior en sus desplazamientos temporales a nuestro país tendrán derecho a la asistencia sanitaria cuando, de acuerdo con las disposiciones de la legislación de Seguridad Social española, las del Estado de procedencia o las normas o Convenios Internacionales de Seguridad Social establecidos al efecto, no tuvieran prevista esta cobertura”.
Por último, en orden a las competencias administrativas en este ámbito, el Real Decreto 286/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encomienda a la Subdirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno las siguientes funciones entre otras detalladas en la guia:
a) El reconocimiento y diseño, implementación, coordinación y desarrollo del plan de retorno de emigrantes españoles.
b) La gestión de los programas de subvenciones y ayudas destinados a los españoles en el exterior y retornados.
c) El reconocimiento y gestión de prestaciones económicas y ayudas asistenciales destinadas a españoles en el exterior y retornados.
d) La coordinación funcional de la actuación de los órganos de la Administración General del Estado en el territorio con competencias en materia de emigrantes retornados.
La finalidad de essa Guía es que sea un instrumento de utilidad para lograr el propósito de regresar a España, siendo su contenido únicamente de carácter informativo. En todo caso, la Oficina Española del Retorno está a su disposición para acompañarle en este camino.
Aspectos clave de la Guía del Retorno (Actualizada 2025-2026):Oficina Española del Retorno: Orientación personalizada para gestionar el regreso, disponible en Guía de Retorno – Ciudadanía Española en el Exterior – Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Trámites Previos: Es crucial realizar la baja consular en el país de residencia antes de volver y solicitar el CER.
Ayuda Especial (2025/2026): Se anunció una nueva ayuda económica directa, que puede oscilar entre los 4.000 € y 7.600 € para españoles en situación de vulnerabilidad económica que regresen.
Los españoles que retornen de países distintos a los países miembros de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza, deberán obtener el certificado de emigrante retornado si desean solicitar, siempre que reúnan los demás requisitos establecidos como el subsidio por desempleo para emigrantes retornados
Nacionalidad y Residencia: Información para recuperar la nacionalidad o la residencia de larga duración.
En definitiva, su función es centralizar y simplificar el acceso a la información y ayuda que necesitan las personas españolas residentes en el extranjero que desean retornar, incluyendo aspectos legales, administrativos y las distintas ayudas disponibles.
Además, su actuación se realiza respetando los derechos reconocidos por la legislación vigente y en coordinación con las medidas adoptadas por las diferentes Comunidades Autónomas.