Desde la Red de Círculos de Podemos Latinoamérica traemos Hoy un tema que nos inquieta toda vez que creemos que no se ha resuelto como corresponde y que por parte de las Autoridades Españolas se tendría que dar más relevancia a un hecho que lleno de tristeza a innumerables integrantes de la diáspora Española en Argentina en épocas oscuras para el recuerdo.
700 asesinados por la dictadura militar ARGENTINA, ya el 30 de Julio del 2007
La Xunta de Galicia en Tiempos que era presidente Touriño( PSOE) colaboraron con la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina para identificar los restos de los asesinados por la dictadura militar entre los años 1976 y 1983. Hasta ese momento fueron identificados 30 ciudadanos de origen gallego de entre los 700 asesinados por la dictadura argentina localizados hasta ahora.
Para eso el Gobierno argentino creó la Unidad de Investigación sobre ciudadanos españoles. (Este plan fue incluido en el proyecto ‘Reconstruyendo memoria’, también cuenta con la colaboración del Principado de Asturias).
En este contexto y en aquel momento el secretario xeral de Relaciones Exteriores, Santiago Gómez-Reino ,se comprometió a cooperar, tanto con las familias de los ciudadanos gallegos desaparecidos como con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la investigación de datos familiares en los registros civiles de Galicia.
La colonia gallega residente en Argentina representa cerca del 63% del total de ciudadanos españoles», por lo que «el número de desaparecidos de origen gallego eran superiores a los 30 identificados hasta ese momento.
Igualmente se creó una UNIDAD DE INVESTIGACIÓN SOBRE DESAPARECIDOS ESPAÑOLES
Que tenía como objeto llevar a cabo una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas (Conadep), de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en el Poder Judicial y en organismos de Derechos Humanos, así como en el Equipo Argentino de Antropología Forense y realizar entrevistas a familiares y amigos, para investigar sobre el destino de los desaparecidos españoles..
Este informe se presentó el 20 de febrero de 1997 en el Congreso de los Diputados por el Ministerio de la Presidencia de acuerdo al artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta realizada el 13 de junio de 1996 bajo el número 186/58/004 – 11166 por una Diputada de Izquierda Unida.
Por otra parte tenía puntos de imposible justificación tras conocer la creación por parte del Gobierno Menem de un gabinete de crisis compuesto por tres ministros para «defender a lo militares argentinos en el exterior» y la posterior declaración pública y jurídica de no colaborar con la justicia española. Hecho este que fue denunciado por el Parlamento Europeo.
En Época de Ricardo Alfonsin se redacto un Informe por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) constituida en aquel momento por el Presidente Alfonsín y presidida por Ernesto Sábato, en el se desprendía que la inmensa mayoría de las víctimas fueron absolutamente ajenas a cualquier tipo de terrorismo y que las Fuerzas Armadas argentinas utilizaron el secuestro, la tortura y el asesinato como elementos básicos de la represión, sin descartar tampoco el saqueo, de forma sistemática, de las casas y bienes de las personas secuestradas de su domicilio, en concepto de «botín de guerra» contra integrantes de la Diaspora Española . El Informe, ante la Imposibilidad de conocer el número exacto de víctimas, estima que, teniendo en cuenta las personas cuyos cadáveres fueron hallados e identificados; aquellas secuestradas pero cuyos cadáveres nunca aparecieron y aquellas otras cuya desaparición no fue nunca denunciada, podrían oscilar entre 600 o 700 españoles y españolas .
Ante el clima de inestabilidad que vivía en la segunda mitad de la década de los ochenta la sociedad argentina debido a la debilidad del gobierno civil y a la creciente escalada militar, con el pretexto de restañar las heridas de los años de dictadura y conseguir una auténtica reconciliación nacional, se aprobaron las llamadas Leyes de Amnistía: de Punto Final y Obediencia Debida, en diciembre de 1986 y junio de 1987, respectivamente, y se cerraba así definitivamente la vía de enjuiciar criminalmente conductas delictivas de los responsables de la represión.
ESPAÑA Y LOS DESAPARECIDOS
La cuestión de los «desaparecidos», y particularmente la de los desaparecidos españoles, durante el periodo conocido como «Proceso de Reorganización Nacional» que tuvo lugar en la República Argentina de 1976 a 1983, ha vuelto a la actualidad de la opinión pública a raíz de la Ley de Memoria Democrática aprobada en España, se trata de un asunto que nunca ha dejado de estar ausente en las preocupaciones cotidianas.
Ya en el año 1983, el Senado Español creó una Comisión Especial de investigación sobre la Desaparición de Súbditos Españoles en Países de América, pero no pudo viajar a Argentina por haber negado el permiso para ello el Gobierno de aquel país.
Según el Dictamen emitido se cito a su vez un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se afirma la existencia de unos caracteres comunes en esta tragedia colectiva:
– La gran mayoría de los desaparecidos son hombres y mujeres con edades comprendidas entre 19 y 34 años, aunque también hay personas que superan esta edad y otras más jóvenes.
– Las detenciones se llevaban a cabo por personal vestido de civil, con armas largas y cortas que servían para intimidar a las víctimas y a los testigos de los hechos. Cuando los familiares o testigos comunicaban lo que estaba sucediendo a las autoridades policiales, la respuesta era casi siempre, junto con la del formal conocimiento del hecho, advertir su incapacidad para intervenir.
– En ningún caso, las denuncias presentadas ante la Justicia u organismos especiales dieron resultado positivo alguno que permitiera dar con el paradero de los desaparecidos.
– En el caso concreto de los españoles o descendientes de españoles desaparecidos, no se conoció ni un sólo ejemplo en el que la persona detenida lo hubiese sido portando armas, luchando o resistiéndose a la «autoridad».
– Una vez que la persona era detenida, todo parecía organizado para que se perdiese el más mínimo rastro de la misma. Las gestiones en este sentido se estrellaban inevitablemente con la negativa del Poder Ejecutivo a reconocer que hubiesen sido detenidas o tuviesen noticia alguna de ellos.
– Se sabe que con posterioridad al secuestro, las personas eran conducidas a diferentes establecimientos militares o paramilitares comenzando una etapa que podía denominarse de «averiguación de antecedentes». Allí se encontraba «un personal- adiestrado» que utilizaba la tortura y los malos tratos como sistema intimidatorio.
– A la gran mayoría de los detenidos se les pierde todo rastro posteriormente pudiendo presumirse fundadamente que fueron eliminados de diversas formas con la misma ilegalidad absoluta con que habían sido detenidos: sin orden oficial, sin juicio, sin derecho de defensa, sin que sus nombres fuesen consignados en registro alguno y procurando que sus cadáveres no pudiesen ser nunca hallados o identificados.
Hasta aquí un resumen de una parte del Dictamen de la Comisión Especial del Senado.
El Gobierno argentino de aquel entonces eludió en un principio el tema afirmando desconocer el paradero de los desaparecidos.
Por lo que respecta a este tema de los desaparecidos, categóricamente se llego a afirmar «que en consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos, se consideran muertos. aún cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso ni la ubicación de sus sepulturas». Echando balones fuera y no haciéndose responsables.
La reacción internacional por la declaración exculpatoria del régimen militar argentino fue contundente y muy similar, por parte de los países del entorno europeo con ciudadanos víctimas entre los desaparecidos, sobre todo Italia y España.
LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS EN ARGENTINA EN EL TEMA DE LOS DESAPARECIDOS REALIZÓ DIVERSAS GESTIONES
1. – Se realizo una relación pormenorizada de las acciones llevadas a cabo por nuestra Misión Diplomática y los Consulados Generales en la Argentina, bien siguiendo instrucciones generales o particulares del Gobierno.
No obstante, en los archivos de la Embajada de España en Buenos Aires hay constancia de centenares de gestiones escritas, la mayoría de las veces reiteradas, en averiguación de la suerte de desaparecidos, no sólo indubitadamente españoles, según nuestras leyes de nacionalidad vigentes a la sazón, sino también en favor de personas cuya nacionalidad española era dudosa.
2. – El hecho de que en España, por regla general, las leyes de nacionalidad we consideraban el tus sanguinis determinante a la hora de conceder nuestra nacionalidad mientras que las argentinas valoran el ius soli, condujo a la existencia de numerosas situaciones de doble nacionalidad de facto (así por ejemplo, el hijo de un español nacido en Argentina es, conforme a las dos legislaciones, español y argentino a la vez) lo que implicaba un ejercicio muy difícil de aquella protección frente a unas autoridades que hacían gala de una consideración expansiva de su nacionalismo
Conviene destacar el hecho de que ésta fue la primera ocasión en que una autoridad oficial de un Gobierno extranjero se constituía como parte de un Recurso colectivo de Habeas Corpus en favor de desaparecidos.
Lamentablemente, los correspondientes procedimientos quedaron cerrados años más tarde al no haberse conseguido novedades respecto a ninguno de ellos. En general, los Jueces, al no obtener la necesaria contestación del Ejecutivo y en otros casos por temor, optaron por rechazar éste y otros recursos presentados por particulares No habiendo OBTENIDO JUSTICIA , MEMORIA Y VERDAD.
HECHOS POSTERIORES.
La imposibilidad de una persecución pena en muchos casos no tiene que impedir que se siga manteniendo la posición del Gobierno español de reclamar Justicia.
Así, se ha mantenido un estrecho y asiduo contacto con las asociaciones de derechos humanos y especialmente con la Comisión Desaparecidos Españoles que agrupa a familiares de aquellos, favoreciendo sus contactos con autoridades y personalidades en apoyo de los objetivos de dicha Asociación que coinciden en esencia con la pretensión oficial española de no renunciar a obtener explicaciones convincentes sobre la suerte de nuestros nacionales desaparecidos.
En esos momentos el gobierno Menem, como un implícito reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado argentino por los excesos de que fueron víctimas ciudadanos de otros países, ha configurado un panorama normativo interno de favorecer la reparación económica mediante indemnizaciones a los perjudicados directos, a sus familiares o causahabientes. De esta forma se ofrece una oportunidad para que los Gobiernos de los Estados extranjeros, cuyos ciudadanos fueron víctimas de la represión, puedan asistir, a las víctimas o a sus familiares, en obtener una reparación económica. En este sentido, se impartió órdenes a las autoridades españolas de Argentina para que colaborarán en todos los aspectos que tengan que ver con esta actividad especialmente facilitando el acceso a los registros y documentación existentes en la Embajada y Consulados Generales, con objeto de aportar pruebas documentales al efecto.
El Gobierno argentino ofrecio una placa de homenaje a los desaparecidos españoles con grabación de sus treinta y cinco nombres( se estima que fueron en torno a 700 desaparecidos) que fue colocada en los locales de la Embajada en Buenos Aires.
En el año 1982 un grupo de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas entregaron al cónsul general de España en Buenos Aires, Mariano Vidal (representante en aquella época) una lista de 82 personas españolas o descendientes de españoles desaparecidas entre los años 1976 y 1978. Hasta ese momento ascienden a 164 las denuncias registradas en la representación diplomática sobre personas desaparecidas de origen español y naturalizadas argentinas.
La lista de las personas desaparecidas, con su edad que se presentó en el Consulado español de Buenos Aires en ese año fue la siguiente:
Españoles: Abadía Crespo, Dominga, 28, Abadía, Felicidad, 26, Ardito, Nelida. Ardito, Roberto, 35. Coma de Ardito, Atlántida, 39. Carlas Sala, Eduardo, 19. Carvera Novo, Luis Justo A., 51. Chavarino, Gustavo Adolfo, 30. Del Reguero, María Guadalupe, 51. Fernández Vidal, Ernesto. Quesada, José, 55. Seoane, María, 35.
Naturalizados argentinos: Arias, Angel, 27. Alonso de Hueravilo, Mirta M., 26. Alvarez, Gerardo Julio, 25. Alvarez González, José Carlos, 28. Aldoy, Jorge Eduardo, 23. Alvarez, Stella Maris, 21. Bienpost, María Cristina, 22. Blasco, Alejandro Antonio, 29. Benítez, Anibal Carlos. Blanco, Carlos Hugo, 20. Bisbal, Graciela Sara, 33. Beretta, Graciela Alicia, 27. Beretta, María Magdalena, 21. Castro, Héctor, 19. Cajide, Alfredo José, 31. Coltzan, Gerardo, 23. Cerrota, Alicia Dora, 30. Cueto, Jorge Anselmo, 22. Cervantes, Miguel, 20. Cabezas, Gustavo Alejandro, 17. Crego, Marcelo Aníbal, 28. Dadín, Héctor Jorge, 23. Escudero, Hernán Gregorio, 28. Fernández, Jesús Carlos A. Ferradas, Carmen, 31. García, Alfredo Mario, 25. Gambande, Carlos Alberto, 23. García, Juan Carlos, 24. Gurrea, Jorge Luis, 35. García, María Cristina R., 30. Gómez, Ricardo Isidro, 35. García, Ricardo Bermundo. Gutiérrez, Manuel Alberto, 25. García, Diana Iris, 32. Hueravilo, Oscar Lautaro, 24. Loyola, Roberto Mario. Leguizamón, Eduardo Raúl, 28. Lois, Ricardo Omar, 24. López, Roberto Raúl, 28. Lopez, Héctor Enrique, 18. López, Leopoldo Omar, 22. López, Eduardo Néstor. Margaride Goyos, Arturo José, 24. Martínez Abelleyra, Jorge A. Mouriño, Eusebio Jesús. Moyano, José Andrés. Navajas de Santucho, Cristina, 26. Oviedo, Domínguez, Pedro B., 24. Oviedo Domínguez, Patricia C., 24. Ortiz de Murua, Blanca Ester, 25. Papic, Lujan Susana, 26. Prieto, Armando, 26. Prieto, Hugo Feli, 18. Pérez, Emérito Darío, 44. Prumeda, Alberto Armando. Reynaud, Héctor Sergio, 35. Rodríguez, Carmen, 47. Romay Méndez, Alfredo, 21. Ramos, José Eduardo, 21. Rollán, Norberto Miguel, 25. San Vicente, Jorge, 21. Santos, Héctor Vicente, 2. San Martín de Valetti, María E., 18. Sáez, Hugo Alberto, 22. Sánchez de Rapetti, Elena, 23. Sosa, Vicente José, 22. Tapia Rodríguez, Enrique Ramón. Tofe, Diego M., 21. Urueña, Felipe Arturo, 48. Vilar Pallas, Ercilia A., 25. Velasco, Olga Beatriz, 20. Villar, Patricia Gabriela, 20. Vera, Juan Carlos. Guagnini, Luis Rodolfo, 33 (periodista, ex corresponsal de EL PAÍS).
En el año 2009 se registraron 10 nuevos casos de descendientes de asturianos desaparecidos
( la investigación responde a la política de memoria del Gobierno de Buenos Aires)
El director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, ( Rafael Palacios en aquel momento ), confirmó que se calcula que 700 españoles y descendientes de españoles sufrieron la desaparición forzosa en aquel régimen militar y se presume que la asturiana fue la segunda comunidad española más afectada, después de la gallega. Pero el trabajo de identificación demanda tiempo y recursos, y de momento se ha confirmado un total de 26 casos de asturianos.
Siendo 10 casos en su momento con nombre y apellidos » Siendo: los de Roberto Horacio Bugatti Ossvald (nieto de asturiana), Marcelo Aníbal Castello Greco (nieto de asturiano), Guillermo Ángel Ercolano Cortina (hijo de asturiana), Hernán Jorge Henríquez Sáez (nieto de asturianos), Cecilia Aurora Minervini (nieta de asturiano), Óscar Miranda Silva (nieto de asturiano), Horacio Vital Pedraza García Guerra (hijo de asturianos), Alberto Armando Pruneda Caputo (nieto de asturianos), Jorge Horacio Santamarina Rey (descendiente de asturianos, sin especificar parentesco) y Carlos José Crespo Rodríguez (nacido en Asturias). Los nueve primeros nombres fueron facilitados por la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina,, y el restante, por la Asociación de Familiares de Desaparecidos del Estado Español en Argentina.
El Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández después impulsaron las políticas de memoria y castigo al régimen e investigaron los casos de víctimas españolas, Argentina sellando acuerdos con Asturias, País Vasco, Galicia y Cantabria.
Asimismo se investigo también el destino de los españoles desaparecidos en las últimas dictaduras de Chile (1973-1990) y Uruguay (1973-1985).
A su vez, de esos 700, ya fueron identificados con nombres y apellidos casi 600 a fecha de Hoy , pero en la mayoría de los casos falta definir la comunidad de origen.
LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
Ante estos hechos consolidados desde tiempos de la Dictadura Argentina por diversos organismos de Investigación confirmamos la cifra de 700 ESPAÑOLES Y ESPAÑOLAS
Manifestamos un apoyo público a la Ley de Memoria Democrática e inste ante la Embajada de España y al Consejo General de la ciudadanía en el Exterior un comunicado solicitando que se contemple un añadido a la Ley de Memoria Democrática
Respaldando la articulación de políticas integrales de Memoria Democrática a través del plan cuatrienal de actuaciones y al Consejo Territorial como instrumento de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, con participación de las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Estimando que en la República Argentina es necesaria recabar la información pertinente a las autoridades argentinas y españolas y en especial a los organismos de Derechos Humanos de toda la información existente sobre los más de 700 españolas y españoles desaparecidos durante la última dictadura militar argentina.
Apoyamos igualmente las reivindicaciones de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y del Foro para la Memoria .
Y cuántas solicitudes o requerimientos se hagan a tal efecto.
¡Ni olvido , ni perdón!
¡Ahora y siempre Presentes!
ÁREA DE LA MEMORIA PODEMOS ARGENTINA Prov.
