Por Fernando Ortega de El Berguedá, Catalunya.
El precio humano que sostiene nuestro confort.
El derrumbe de una mina de coltán en el este del Congo expone cómo la extracción que alimenta nuestra tecnología depende de un sistema que integra la muerte como coste estructural, mientras gobiernos, empresas y medios occidentales mantienen intacta la cadena y el silencio.
La fecha y el hecho El 29 de enero de 2026, al menos doscientas personas murieron sepultadas en una mina de coltán en Rubaya, en la República Democrática del Congo. La noticia apenas ocupó espacio en la agenda informativa global, no hubo conmoción sostenida ni debate político relevante.
Sin embargo, lo ocurrido no fue una tragedia aislada ni un accidente imprevisible: fue la expresión coherente de un modelo económico que necesita territorios sin derechos visibles para sostener el confort tecnológico del resto del mundo. El derrumbe de la mina de Rubaya no sorprendió a nadie que conociera mínimamente las condiciones de extracción en la región.
Túneles excavados sin refuerzos, ausencia de medidas de seguridad, jornadas interminables y mano de obra forzada por la pobreza extrema forman parte del paisaje habitual. Hombres, mujeres y adolescentes trabajan allí en condiciones que organismos internacionales llevan años documentando, aun así, el colapso que enterró a más de doscientas personas fue tratado como una fatalidad local.
Un suceso trágico, sí, pero remoto, desconectado del sistema económico que convierte ese mineral en teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y dispositivos de alta tecnología que circulan por los mercados occidentales.La reacción internacional fue mínima.
No hubo imágenes repetidas en bucle, ni discursos solemnes, ni llamadas urgentes a revisar cadenas de suministro. La noticia apareció en forma de breve despacho de agencia y desapareció con la misma rapidez. No porque faltara información, sino porque sobran mecanismos para neutralizarla.
El coltán y la cadena que no se ve.
El coltán es uno de los minerales estratégicos del siglo XXI, sin él, buena parte de la tecnología contemporánea simplemente no funcionaría, su extracción, sin embargo, se concentra en territorios atravesados por conflictos armados, ausencia de regulación efectiva y un historial prolongado de violencia.
Lejos de ser un secreto, estas condiciones son conocidas por empresas compradoras, intermediarios financieros y gobiernos que certifican la legalidad del mineral una vez entra en los circuitos formales del comercio internacional.
El sistema no ignora la precariedad extrema: opera asumiéndola.La cadena funciona con una lógica clara. En un extremo, trabajadores expuestos a riesgo letal extraen el mineral en condiciones infrahumanas, en el otro, empresas refinan, ensamblan y venden productos con altos márgenes de beneficio. Entre ambos extremos, la responsabilidad se diluye hasta desaparecer.
Las muertes no interrumpen el flujo: se integran como un coste externalizado, no es necesario atribuir intenciones homicidas ni conspiraciones explícitas, basta con reconocer una realidad más simple y más inquietante: el sistema conoce las condiciones, se beneficia de ellas y no introduce cambios estructurales porque hacerlo tendría un coste económico.
El derrumbe de Rubaya no es una anomalía, es una consecuencia coherente, cuando la precariedad no es un fallo, sino un requisito. Estas minas no existen a pesar del sistema global, sino porque el sistema las necesita así. La precariedad extrema reduce costes, elimina derechos y garantiza un suministro constante.
La opacidad protege a los actores situados aguas arriba de la cadena. La violencia local actúa como mecanismo de control.
Desde esta perspectiva, hablar de “accidentes” resulta engañoso. Lo accidental sería que estas explotaciones funcionaran con estándares de seguridad comparables a los del norte global. Lo normal, dentro de esta lógica, es que colapsen, que maten y que sigan operando después.
Cinismo político y vidas intercambiables.
Los gobiernos occidentales condenan genéricamente la violencia en el Congo mientras mantienen relaciones comerciales que dependen de esos minerales, las empresas tecnológicas publican informes de responsabilidad social al tiempo que aseguran cadenas de suministro cuya base material permanece intacta.
La contradicción no es moral; es política.
El sistema distingue con precisión entre vidas protegidas y vidas intercambiables, el bienestar tecnológico del centro se construye sobre una división radical del mundo, donde algunos territorios existen como zonas de sacrificio permanente. No hay error en este diseño. Funciona exactamente como fue concebido.
La prensa y la pedagogía del silencio.
Los medios de comunicación desempeñan un papel clave en esta normalización. No porque oculten los hechos, sino porque los presentan desprovistos de contexto. El derrumbe se narra como un desastre local, desconectado del comercio global, sin responsables identificables ni consecuencias políticas.
Este tratamiento no es neutro, educa a las audiencias en una jerarquía de tragedias, enseña qué muertes merecen duelo prolongado y cuáles pueden archivarse como ruido de fondo. Sin esta pedagogía del silencio, el sistema tendría fricciones. Con ella, la continuidad está garantizada.Cuando una tragedia de estas dimensiones no altera la agenda ni provoca debate sostenido, no es por falta de gravedad, sino por exceso de normalización.
Una interpelación incómoda.
Las sociedades que consumen tecnología basada en el coltán congoleño no son observadoras externas. Participan indirectamente en un modelo que necesita distancia, comodidad y desresponsabilización para sostenerse. No se trata de culpar a individuos ni de exigir pureza moral imposible, sino de señalar un modo de vida que acepta como normal un progreso sostenido sobre la invisibilidad de la muerte.No mirar no es un gesto inocuo.
Es una forma de integración funcional en la lógica que permite que estas tragedias no interrumpan nada. El presente bajo acusación, más de doscientas personas murieron en Rubaya, para muchos, será un dato remoto. Para otros, es la consecuencia directa de decisiones políticas, económicas y mediáticas perfectamente identificables.
El problema ya no es que estas muertes ocurran, sino que no escandalicen, que no alteren el curso de los mercados ni la tranquilidad de las conciencias. Mientras eso no cambie, el sistema seguirá operando sin errores, sin excepciones y sin necesidad de justificarse.
El derrumbe de Rubaya no es una tragedia africana. Es un espejo incómodo de nuestro presente.
