Fernando Ortega, el Berguedá, Cataluña
Catalunya vive un auge económico notable: el PIB crece un 2,5-3,1% en 2025, superando a España, con el Govern impulsando inversión en infraestructuras, turismo e industria para consolidar esta senda de prosperidad. Sin embargo, este “progreso” deja atrás a uno de cada tres niños en riesgo de pobreza o exclusión social (34-35%), una infancia olvidada mientras se celebran cifras macroeconómicas.
Así comienza la gran contradicción de una tierra rica con niños pobres.En Catalunya, la infancia vive una emergencia silenciosa: uno de cada tres niños crece en riesgo de pobreza o exclusión social, alrededor de un 34?35% de toda la población infantil. Hablamos de cientos de miles de menores para quienes las palabras “derechos”, “igualdad de oportunidades” o “futuro” son promesas incumplidas, no realidades cotidianas.
Una infancia marcada por la carenciaDetrás de ese porcentaje hay niñas y niños que llegan a clase sin haber desayunado, que viven en hogares donde el dinero no alcanza para calefacción, material escolar o una alimentación equilibrada.
Muchos crecen en pisos pequeños, sobreocupados, con padres y madres atrapados en trabajos precarios o paro crónico, donde cualquier imprevisto —una subida del alquiler, una factura de luz— puede empujar a la familia a un abismo aún mayor.La pobreza infantil no es solo falta de ingresos: es no poder ir a una excursión del colegio, renunciar a actividades extraescolares, no invitar a amigos a casa por vergüenza, aprender desde muy temprano que “no se puede pedir nada”.
Es una desigualdad que se transmite de generación en generación, porque un niño que crece sin recursos parte con varios escalones menos en educación, salud y oportunidades laborales futuras.
Una vulneración de derechos, no una fatalidad
Cuando más de un tercio de los menores de un territorio vive en pobreza o riesgo de exclusión, no se trata de un problema “privado” de algunas familias, sino de un fracaso colectivo de las políticas públicas. Catalunya cuenta con una economía avanzada, pero tolera que miles de niños vivan sin condiciones materiales mínimas, mientras el sistema de prestaciones sociales sigue fragmentado, insuficiente y de acceso complejo.
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado, a la educación, a la salud y al ocio, derechos que hoy se vulneran sistemáticamente para una parte enorme de la infancia catalana. Normalizar que “siempre ha habido pobres” es una coartada para no afrontar que hablamos de decisiones políticas concretas: niveles de inversión social, modelo fiscal, prioridades presupuestarias y forma de regular el empleo y la vivienda.
Políticas que llegan tarde y mal
Los datos muestran que, pese a algunos programas de ayudas familiares, becas comedor o prestaciones por hijo a cargo, la tasa de pobreza infantil se mantiene muy alta y apenas retrocede.
Las medidas son a menudo parciales, temporales, mal coordinadas y muy por debajo de los estándares de los países europeos que mejor protegen a su infancia.
Al mismo tiempo, la inversión en servicios clave como educación infantil de 0?3 años, apoyo socioeducativo en barrios vulnerables o salud mental infanto?juvenil sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema.
Se pide a las escuelas, a los servicios sociales y a las entidades del tercer sector que hagan milagros con recursos limitados, mientras la raíz estructural —desigualdad, precariedad laboral, vivienda inaccesible— apenas se toca.
Lo que una sociedad decente no puede aceptar
Aceptar que cientos de miles de niños crezcan en la pobreza es aceptar que su código postal valga más que su esfuerzo, su talento o sus sueños. Significa asumir, sin decirlo en voz alta, que hay infancias descartables, que hay niños a los que se les niega, desde el principio, la posibilidad real de elegir su futuro.
Una sociedad que se considere democrática no puede mirar a otro lado cuando la desigualdad se escribe en cuerpos pequeños y mochilas vacías. No se trata de caridad, sino de justicia: garantizar ingresos suficientes a las familias, una red potente de servicios públicos y un compromiso político explícito de reducir drásticamente la pobreza infantil en pocos años, no en “algún día”.
Un llamamiento urgente a la acción.
Este artículo no pretende solo describir una realidad insoportable, sino señalar una responsabilidad: gobiernos, instituciones, empresas y ciudadanía tienen en sus manos revertirla.
No habrá igualdad real mientras un tercio de los niños de Catalunya viva sin lo imprescindible; no habrá progreso digno de ese nombre mientras la infancia pobre siga siendo la gran olvidada de los presupuestos.
Convertir la pobreza infantil en prioridad política máxima —con calendarios, objetivos medibles y recursos suficientes— es una obligación ética inaplazable, no una opción más en la agenda. Porque cada año que se pospone una respuesta ambiciosa no se mide solo en estadísticas: se mide en biografías truncadas, en potencial perdido y en una fractura social que mañana será mucho más difícil —y más costosa— de reparar.
Foto Portada : Alumnando saliendo de una escuela en Barcelona, esta semana. / ZOWY VOETEN
