Por: Carolina Valencia Bernal, Periodista Colombiana.
El 21 de febrero, Laura Valentina Lozano Torres, de 21 años, fue asesinada en el apartamento de su expareja, José David López Celis, de 22 años. La Policía llegó al lugar tras una alerta por intento de suicidio y encontró el cuerpo sin vida de la joven. La causa de muerte fue estrangulación por asfixia mecánica.
El presunto feminicida fue capturado y la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de feminicidio. Sin embargo, el acusado no aceptó cargos y el juez de control de garantías decidió dejarlo en libertad al considerar que, al no tener antecedentes judiciales, no representaba peligro para la sociedad.
La decisión resulta profundamente preocupante. Más aún cuando amigas de la víctima han denunciado que Laura Valentina sufría acoso, hostigamiento y amenazas constantes por parte de su agresor, y que incluso había recopilado pruebas de estas conductas.
Este caso, revela el fracaso institucional del Estado para proteger la vida de las mujeres. La normalización de la violencia y la indiferencia institucional para proteger la vida de las mujeres.La normalización de la violencia y la indiferencia institucional.
Las cifras reflejan una crisis estructural.
Solo en enero de 2026 se registraron 28 noticias criminales por feminicidio, además de 26 tentativas y cuatro transfeminicidios. Más de 1.900 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar en ese mismo mes, entre ellas 197 niñas y adolescentes, y se reportaron 963 delitos sexuales, de los cuales 453 afectaron a menores de edad.
Estas cifras no son simples estadísticas: son evidencia de una violencia sistemática que el Estado ha sido incapaz de prevenir.
Colombia no enfrenta casos aislados, sino un patrón persistente de agresiones contra las mujeres que revela fallas estructurales en prevención, protección e investigación. La violencia de género no es un fenómeno privado ni doméstico: es un problema político y social que exige respuestas institucionales contundentes.
Sin embargo, las decisiones judiciales continúan reproduciendo lógicas que minimizan el riesgo que enfrentan las mujeres, ignoran los antecedentes de violencia y privilegian interpretaciones formalistas por encima de la protección de la vida.
Una justicia que incumple su propia obligación.
Resulta aún más grave que estas decisiones ocurran pese a la obligación constitucional de aplicar el enfoque de género. La Corte Constitucional de Colombia estableció mediante la Sentencia SU-067 de 2023 que todos los jueces deben analizar los contextos de violencia estructural, desigualdad y subordinación en los casos que involucren violencia contra las mujeres. No se trata de una recomendación: es un mandato constitucional.
Cuando este enfoque no se aplica, la justicia deja de ser garante de derechos y se convierte en un factor de riesgo para las víctimas. La ausencia de análisis del contexto de violencia, la desestimación de antecedentes de acoso y la falta de medidas preventivas revelan una institucionalidad que continúa operando bajo sesgos patriarcales profundamente arraigados.
En estas condiciones, el sistema judicial no solo llega tarde: muchas veces legitima la impunidad.
El continuo de violencia que el Estado omite.
Según ONU Mujeres, cada día 137 mujeres y niñas son asesinadas en el mundo por sus parejas o familiares. La organización advierte que los feminicidios forman parte de un continuo de violencia que comienza con conductas de control, amenazas y acoso, incluso en entornos digitales.La pregunta es inevitable: ¿por qué las instituciones siguen actuando solo después de la muerte?
La ausencia de sistemas eficaces de intervención temprana, la debilidad de las rutas de protección y la falta de articulación institucional permiten que la violencia escale hasta convertirse en feminicidio. El problema no es la falta de normas, sino la falta de voluntad política para aplicarlas con rigor.
La violencia contra las mujeres: una crisis política y social, que no puede seguir tratándose como un asunto marginal. Es una crisis democrática, una falla del Estado de derecho y una evidencia de la desigualdad estructural que persiste en la sociedad.
Las brechas salariales, la limitada representación política, la desigualdad en el acceso al empleo, la educación y la salud, así como la desprotección frente a la violencia, configuran un sistema que continúa colocando a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Hablar de feminicidio es hablar de poder, de desigualdad y de responsabilidad estatal.
El feminismo, en este contexto, no representa una postura ideológica radical, sino una exigencia mínima de derechos humanos: el derecho a vivir sin miedo, el derecho a la protección efectiva del Estado y el derecho a la igualdad real.
Mientras las instituciones sigan fallando en su deber de proteger la vida de las mujeres, cada feminicidio será también responsabilidad de un sistema que no actuó a tiempo.
La verdadera transformación social comenzará cuando el Estado deje de reaccionar ante la muerte y empiece a garantizar la vida.
