El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó el estado de emergencia económica con el objetivo de garantizar los recursos del Presupuesto General de la Nación, tras la negativa del Congreso de la República de aprobar la Ley de Financiamiento. Según el Ejecutivo, esta medida es necesaria para cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 y asegurar la garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La decisión fue anunciada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que la medida responde a la crítica situación fiscal del país. El panorama se agravó el pasado 9 de diciembre, luego de que las Comisiones Económicas del Congreso archivaran la Ley de Financiamiento en su tercera sesión conjunta.
De acuerdo con el jefe de la cartera económica, el hundimiento de dicha iniciativa legislativa generó un déficit cercano a los 16 billones de pesos. Estos recursos estaban destinados a cubrir el desajuste fiscal y a respaldar programas sociales estratégicos integrados en el PND. Ávila advirtió que la resistencia del Legislativo obligó al Ejecutivo a recurrir a mecanismos constitucionales extraordinarios para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Alcance de la medida.
El ministro confirmó que en las próximas horas se publicará el texto del decreto de emergencia, junto con sus respectivos decretos reglamentarios. Estos permitirán al Gobierno adoptar decisiones urgentes en materia fiscal y presupuestal sin pasar por el trámite ordinario del Congreso.
Bajo esta figura constitucional, el Gobierno queda facultado para expedir decretos con fuerza de ley que permitan realizar ajustes tributarios, reasignar recursos existentes y modificar la estructura del gasto público.
El Decreto 1390En el Decreto 1390, firmado el 22 de diciembre, el Ejecutivo invocó no solo la crisis fiscal, sino también alteraciones del orden público que ponen en riesgo la seguridad y la prestación de servicios esenciales.
El texto sostiene que el país enfrenta una «perturbación grave e inminente del orden económico», lo que exige medidas temporales y conexas para conjurar la crisis.
Asimismo, el decreto vincula la sostenibilidad económica con la seguridad ciudadana, mencionando el aumento del riesgo por atentados contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales. Para el Gobierno, este contexto excepcional desborda las capacidades ordinarias del Estado.
Por Rosalba Alarcón Peña, periodista y Defensora de Derechos Humanos, directora del portal web alcarajo.org y la Corporación Puentes de Paz «voces para la vida». Además, analista y columnista del conflicto armado de su país natal (Colombia) en medios internacionales.
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