Durante la campaña para las elecciones brasileñas de octubre de 2022, cuando todas las encuestas daban por cierta la victoria del candidato Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores y de las Trabajadoras (PT), el candidato fascista Jair Bolsonaro, en desventaja cada vez mayor, comenzó a sembrar dudas, sobre las urnas electrónicas y el sistema electoral brasileño, elogiado en todo el mundo. Él mismo, así como sus hijos, fueron elegidos para el Legislativo a través de ese sistema, sin que hubiera el menor cuestionamiento sobre la suavidad del proceso.
Jair Bolsonaro también fue elegido para la Presidencia de la República en las elecciones de 2018, a través de ese mismo sistema electoral. Y como ganó, las urnas no eran sospechosas de fraude electoral. Pero en 2022, cuando comenzó a caer en las encuestas, inició una verdadera guerra, primero contra las urnas y luego contra el Tribunal Superior Electoral (TSE). Todo su mandato fue impregnado por desmandos y peleas públicas con Ministros del (Tribunal Superior Electoral) TSE y (Supremo Tribunal Federal- la Suprema Corte de Justicia), STF. Para ganar las elecciones echó mano de medios ilegales: presupuesto secreto (para compra de votos), distribución de cargos con altos salarios, apareamiento del Estado, uso de la máquina pública en benefício propio y aún así, fue rigurosamente derrotado por el candidato de la izquierda Lula da Silva, del Frente Brasil de la Esperanza (frente liderado por PT, PCdoB y PV).
El 12 de diciembre (2022), día de la Diplomación del Presidente electo, Lula da Silva, «bolsominions», como son conocidos los seguidores de Bolsonaro, instalaron el início del caos, prendiendo fuego a automóviles, camiones y autobuses, en la capital federal, Brasilia, con el claro objetivo de interrumpir la ceremonia. Sín embargo, Lula es investido como Presidente Electo de Brasil.
Con la pérdida de las elecciones, Bolsonaro perdió también el foro especial por prerrogativa de función y, cómo acumuló muchos crímenes, durante los cuatro años de su desastrosa gestión, con paúra de ser arrestado, viaja a los EEUU, sin participar de la ceremonia de transmisión del cargo.
Mientras tanto, sus partidarios hicieron manifestaciones callejeras pidiendo «Intervención militar y libertad»(?), en nombre de «Dios, Patria y familia» (el eslogan nazi); bloquearon carreteras y acamparon frente a cuarteles militares, con la complacencia y hasta la conivencia de Generales de la Activa y apoyo financiero de empresarios de la extrema derecha.
Ocho días después de la toma de posesión de Lula, el domingo, 08 de enero, temprano en la tarde, llegan a Brasilia 100 autobuses, llenos de «bolsominions»; se calcula que había cerca de 4 mil «manifestantes» que tomaron, con facilidad la Plaza de los Tres Poderes y ocuparon las sedes de los Tres Poderes de la República: El Congreso Nacional, El Palacio del Planalto (sede de la Presidencia de la República) y aún, el Supremo Tribunal Federal (STF- sede de la Suprema Corte del Poder Judicial). Los vándalos usavan armas de fuego y granadas, saquearon todo: vidrios, muebles, objetos de arte del siglo XVII, como um reloj de Balthazar Martinot, pantallas de renombrados artistas brasileños, como Di Cavalcanti, nada escapó de la acción de los furiosos, lo que configura crimen contra el Patrimonio Público. La policia era insuficiente y parecia no actuar a propósito.
En esa situación, el Ministro de Defensa, Múcio Monteiro, pide al Presidente Lula que firme una GLO (Garantía de la Ley y del Orden), documento que autorizaba la intervención del Ejército para normalizar la situación.
Era exactamente lo que querían los militares para dar início a un golpe de Estado.
Evidentemente, Lula no firmó el documento; mientras tanto, el Ministro Alexandre de Moraes (del STF) alejó por 90 días al Gobernador del Distrito Federal (Brasilia), Ibaneis Rocha, por entender que hubo falla grave en la seguridad de la capital federal. Y como el Secretario de Seguridad Pública, Anderson Torres, había viajado de vacaciones a Miami, donde también se encuentra Bolsonaro, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, del Gobierno Lula, Flávio Dino, actuó rápido y nombró un interventor en la Seguridad Pública del Distrito Federal, Ricardo Cappelli que, en poco tiempo, restableció el orden.
Más de 1.500 personas fueron detenidas en flagrate y bienes fueron bloqueados para resarcimiento del patrimonio saqueado durante la acción de los vándalos.
La situación del Secretario de Seguridad Pública, Anderson Torres se complicó cuando, en una operación de búsqueda e incautación de la Policía Federal en su casa fue encontrada el borrador de un documento que instituía la intervención del Gobierno Federal de Jair Bolsonaro, de quien Torres había sido Ministro de Justicia, cuyo contenido daría al Gobierno Federal la prerrogativa de intervenir en el Tribunal Superior Electoral (TSE) para alterar el resultado de las elecciones de octubre que dio la victoria a Lula da Silva, y que incluía la violación del secreto de los Ministros del TSE, lo que significa espionaje.
¡Era el golpe concretado!
Anderson Torres, que es Comisario de la Policía Federal, volvió de Miami con prisión decretada y se encuentra encarcelado en la capital federal.
En su primera declaración optó por quedarse callado y dijo que «olvidó» su móvil en Estados Unidos.
El mundo condenó la invasión y el saqueo de los Poderes de la República en Brasilia. A iniciativa de la eurodiputada alemana Anna Cavazzini, el pasado 19 de enero el Pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución que condena los ataques de los bolsonaristas en Brasilia por amplia mayoría (319 votos) y piden «investigación rápida, imparcial, adecuada y eficaz para identificar, procesar y responsabilizar a todos los involucrados en la violencia del 8 de enero, que incluyan a ejecutores, instigadores, organizadores y financiadores de la acción criminal».
El texto, propuesto por los eurodiputados de los grupos The Left, Verts/ALE, Renew, ECR y S&D, todavía expresa «solidaridad con el presidente elegido democráticamente Lula da Silva, su gobierno e instituciones brasileñas» y «condena en los términos más vehementes las acciones criminales perpetradas por partidarios del expresidente Bolsonaro».
Las investigaciones siguen, sín dudas de que hay agentes públicos involucrados en la acción criminal.
Lola Laborda
Podemos Brasil
Para la Revista Tu Voz