Por Fernando Ortega El Berguedá, Catalunya.
INTRODUCCIÓN.
Estado laico coherente con los derechos del menor debe prohibir el adoctrinamiento ideológico o religioso en las aulas, sea el centro público o privado.
La libertad de conciencia no puede ser objeto de interferencia temprana sin que exista una vulneración de ese derecho.No se trata de prohibir la religión, sino de proteger la mente aún en desarrollo de imposiciones que condicionan su libertad futura.
«Cuando enseñamos una religión como única verdad a la infancia, no le damos herramientas para pensar, sino para obedecer.»Sí, la frase es dura, pero necesaria. Porque no estamos hablando de cultura religiosa, ni del papel histórico de las creencias en la humanidad. Hablamos de inculcar una doctrina concreta, con su dios, sus dogmas, sus normas y sus castigos, a una mente que aún no está formada.
Me da igual si es cristianismo, islam, judaísmo, mormonismo o cienciología… El problema no es el contenido, es la forma en que se impone, la edad en que se introduce y la falta de herramientas del niño para cuestionarlo.
Si queremos proteger a la infancia, como dice la ley, entonces debemos tener el valor de dar este paso:sacar la religión confesional de las aulas, y que, si se aborda, sea desde una asignatura de historia, explicada por una persona laica y con criterio pedagógico, no con intención evangelizadora.
Las cifras nos muestran que esto no es marginal: El 67?% de los centros educativos en España son públicos.Pero más de un cuarto (27?%) son concertados, y el 88?% de ellos están en manos de instituciones católicas.
Esto significa que al menos 1 de cada 5 alumnos está recibiendo educación en un entorno confesional financiado con fondos públicos.
En total, hay más de 2?400 centros católicos concertados que atienden a casi 1,5 millones de menores.Y esto no incluye los centros privados religiosos sin concierto.
¿Dónde queda el derecho del menor a desarrollar su pensamiento libremente?Planteamiento ético y legal: ¿Debe un Estado laico permitir el adoctrinamiento infantil?
El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión está recogido en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 14) o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 18).
Sin embargo, ambos documentos también reconocen que los Estados deben proteger el desarrollo del menor, lo que implica garantizar que sus creencias no le sean impuestas de forma prematura o dogmática, antes de que disponga de herramientas críticas para elegir por sí mismo.
En este marco, se plantea una cuestión fundamental: ¿Puede considerarse compatible con un Estado democrático y aconfesional el adoctrinamiento religioso obligatorio o promovido en la infancia, incluso en centros de titularidad privada?.
Desde una perspectiva ética, la respuesta es clara: enseñar dogmas como verdades absolutas a una mente en desarrollo no es educación, es condicionamiento. La infancia debe ser un espacio protegido donde se cultive la curiosidad, la empatía, la razón y la libertad interior, no un campo de siembra de creencias impuestas, muchas veces asociadas a visiones sexistas, homófobas o anticientíficas.
Desde el punto de vista legal, esta tensión se refleja en la paradoja española:La Constitución de 1978 declara en su artículo 16.3 que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Pero a la vez mantiene un Concordato con la Santa Sede (y acuerdos similares con otras religiones) que garantizan privilegios a ciertas confesiones, incluyendo su presencia institucional en el sistema educativo.
Además, la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) establece la obligación de proteger al menor frente a toda forma de violencia institucional, simbólica o estructural.
¿No se incluye en esto el adoctrinamiento ideológico sin posibilidad de elección ni cuestionamiento?.
Todo esto lleva a una conclusión incómoda, pero ineludible: Si el Estado español quiere ser coherente con su marco legal y con los derechos fundamentales, debe revisar urgentemente su permisividad frente al adoctrinamiento confesional, incluso en centros concertados o privados.
CONCLUSIÓN.
El debate no es sobre la fe. Es sobre la libertad. Sobre si un niño tiene derecho a crecer sin que nadie moldee su mente antes de tiempo.
Un Estado que dice proteger a la infancia y defiende la neutralidad institucional no puede seguir financiando, tolerando o justificando el adoctrinamiento educativo.
No se trata de atacar religiones, sino de defender a quien aún no puede defenderse.Y eso, en democracia, debería estar por encima de cualquier privilegio histórico.
