Sr. Presidente del Gobierno de España:
La Unión Progresista de Fiscales lamenta el cambio de rumbo en
la política internacional que usted ha protagonizado en relación al
inacabado proceso de descolonización del Sáhara Occidental.
Consideramos que su respaldo a la propuesta de autonomía para
el Sáhara Occidental dentro de Marruecos -que lleva proponiendo
este Reino desde el año 2007- incumple flagrantemente, entre
otros, el Plan de Paz de 1991 que el propio Reino de Marruecos
firmó con el Frente Polisario, luego aprobado por el Consejo de
Seguridad de la ONU.
Esta nueva posición política agrava las posiciones mantenidas por
nuestros anteriores gobiernos y, lo que es aún más preocupante,
contraviene el derecho internacional vigente.
Ante este nuevo escenario, la Unión Progresista de Fiscales acordó
desplazar una delegación de fiscales y juristas a los Campamentos
de Refugiados Saharauis en los aledaños de Tinduf entre los días
2 y 9 de abril de este año 2023. Este viaje nos ha servido para vivir
una experiencia de integración con el Pueblo Saharaui y como
lugar de encuentro para profundizar en el estudio y análisis
jurídico de la situación actual del Pueblo Saharaui y la legalidad
vigente.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 96 de la Constitución
Española, los Tratados Internacionales válidamente celebrados y
publicados oficialmente en España forman parte de nuestro
ordenamiento interno y son, por tanto, de obligado
cumplimiento. Es desde este marco constitucional y recordando
las obligaciones contraídas por nuestro país, por lo que
interesamos que, como Presidente del Gobierno de España,
adopte las medidas necesarias para que se haga efectivo el
cumplimiento de todas las obligaciones internacionales que
corresponden a España para lograr la celebración del
referéndum de autodeterminación del Pueblo del Sáhara
Occidental. Obligaciones contraídas, no solo en nuestra condición
de miembro de la Unión Europea y de la Comunidad Internacional,
sino, fundamentalmente, en la de potencia colonial.
En cumplimiento con la memoria democrática de nuestro país, es
obligatorio recordar que desde el año 1963 – cuando la
Organización de las Naciones Unidas consideró al Sáhara
Occidental como un Territorio No Autónomo y declaró que este
territorio debía descolonizarse a través de un referéndum de
autodeterminación- nuestro país no ha dado cumplimiento
efectivo a las obligaciones derivadas de su condición de Potencia
administradora del Territorio.
De acuerdo con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas,
corresponde a España el deber de promover los intereses del
Pueblo Saharaui, en aras a la obtención de su progreso social,
económico, político y educativo; así como impulsar la ayuda a
dicho pueblo, para conformar formas apropiadas de autogobierno
conforme a sus aspiraciones políticas y transmitir a la ONU
información periódica sobre la situación en la que se encuentra el
Pueblo Saharaui.
La omisión en el cumplimiento de dichas obligaciones es una
herencia cronificada desde los tiempos de la dictadura de Franco.
Sin embargo, la nueva posición que, como Presidente del
Gobierno usted mantiene no solo perpetúa esta inacción
histórica, sino que pareciera alinearse con el indigno e ilegal
acuerdo firmado en el año 1975 por nuestro país (Pactos de
Madrid) por los que España cedió parte del territorio del Sáhara
Occidental a Marruecos y otra parte a Mauritania, acuerdo que
nunca fue reconocido como válido por la ONU.
Esta situación nos preocupa enormemente, pues su decisión
respecto al Sáhara Occidental lejos de contribuir a la finalización
del proceso de descolonización constituye una alianza con el
Reino de Marruecos que es responsable del bloqueo de ese
proceso desde hace ya casi 50 años.
A este respecto, debemos recordar que el Tribunal Internacional
de Justicia de La Haya, dictaminó en el año 1975 que no existe
vínculo jurídico alguno de soberanía entre el Reino de Marruecos
y el Sáhara Occidental por lo que este pueblo debe ser
descolonizado mediante el ejercicio de autodeterminación.
Nuestra memoria y consolidación democrática nos obliga, como
país, a asumir nuestra responsabilidad con el pueblo saharaui.
Cualquier solución ajena al marco de la legalidad internacional y
al cumplimiento de las obligaciones que le corresponden a España
supondrá la pérdida de una oportunidad histórica para consolidar
el liderazgo de España en la conquista de la democracia y las
libertades y para devolver el futuro robado al Pueblo del Sáhara
Occidental.
El secretariado de la Unión Progresista de Fiscales.
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de abril de 2023