Por Jesús Rivero, Redacción de la Revista TU VOZ, Rosario, Argentina
La política exterior de los republicanos representada por Donald Trump, habilitó el nuevo desembarco del grupo mercenario Blackwater, siempre latente.
El grupo de mercenarios fue fundado por el ex-oficial de la Marina Erik Prince en 1997 en la que se convertiría en tiempo récord en la “empresa de seguridad” más grande a nivel global, como efecto de su llegada con el Pentágono y con el establishment militar de Estados Unidos. Verdaderos mercenarios que accionar bajo el auspicio de gobiernos satélites y sin preocupación por sus efectos.
Es decir, por las denuncias a causa de la violación de derechos nacionales e internacionales. Omnipotencia e inmunidad que en 2007 tuvo un tropiezo con la masacre causada en la plaza Nizur, asesinando a 17 civiles iraquíes. Un tropiezo no es caída, y el nuevo gobierno norteamericano les permite hacer caso omiso a los Tratados Internacionales.
Estos mercenarios han aumentado sus ganancias exponencialmente, no al nivel de aquellos países que los utilizan como fuerza militar estratégica para la intromisión y extracción de recursos naturales, una geopolítica que conlleva una expoliación y estractivismo colonizador.
El fundador del grupo mercenario pretende hacer de su grupo, su accionar, una política de Estado con eje internacional. Su foco por el momento, el control migratorio a través de un proyecto para llevar a cabo deportaciones masivas según métodos y estructuras establecidas en el negocio de la seguridad privada. El proyecto enviado a la Casa Blanca plantea deportar a 12 millones de personas previo a las elecciones de medio termino de 2026.
El proyecto intenta materializar por medio de una red de “campos de procesamiento” dentro de las bases militares, y la disponibilidad de una flota privada de un centenar de aviones únicamente dedicadas a efectuar traslados internacionales. Asimismo establece un programa de recompensa a aquellos ciudadanos que colaboren en la denuncia y captura de migrantes indocumentados.
Este proyecto tiene un monto estimado de más de 25 mil millones, siempre bajo la impronta de que el Estado no tiene capacidad para encargarse de nada, menos en temas internacionales. Esta apuesta del Estado en grupos paramilitares no es nueva.
El caso más reflotante en la actualidad es la del grupo Wagner, pero hay muchos más, nunca terminan bien. Para los gobiernos, son un mal necesario.