Entre las medidas tratadas destaca la incorporación de asistentes sociales en las plantillas de las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y en los Consulados Españoles en el extranjero para poder tratar de manera más profesional las necesidades de este colectivo en el exterior.
David Casarejos, presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior se ha reunido en Valladolid con miembros de la Fundación +34, representados por Javier Casado, Director, y Rosario Sánchez, coordinadora de esta organización que trabaja para mejorar la calidad de vida y facilitar la reinserción de los presos españoles y las personas en situación de desamparo en el extranjero.
Tras contactos previos entre esta fundación y miembros de este órgano consultivo adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para hablar de la situación de los presos españoles en países específicos, en esta ocasión el foco ha pasado a trasladarse al nivel global.
Desde el CGCEE se han trasladado multitud de preguntas y cuestiones que servirán para armar varias propuestas a ser debatidas en las reuniones de sus comisiones delegadas, que se celebrarán en el próximo mes de octubre y que luego se presentarán para su aprobación en el Pleno, que se organizará posteriormente.
En la reunión se ha puesto el foco en girar los recursos que se asignan para la atención de los y las ciudadanas presas, así como de la incorporación de asistentes sociales en plantillas de Consejerías y Consulados Generales para poder tratar de manera más profesional y holística las innumerables necesidades de esta parte de la ciudadanía española en el exterior.
“Es necesario priorizar aquellos lugares donde la ciudadanía presa es más vulnerable y hay mayor riesgo de incumplimiento de unos derechos mínimos de estos presos y presas”, ha señalado CasarejosAdemás, desde ambos organismos, ven necesaria la adopción de convenios con aquellos países con los que aún no existen tratados para la repatriación de presos y la posibilidad que, desde los Consulados Generales, y siempre respetando la legalidad vigente, se apoye a los detenidos ofreciéndoles facilidades como la de proporcionarles el código penal del país traducido al español para que puedan comprender de lo que se les acusa y las penas que conllevan.
“La reunión ha sido enriquecedora para el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que en este último mandato está trabajando por extender la red de contactos con instituciones que trabajan con el mismo fin que nuestra institución y que no es otro que el de mejorar la vida de nuestros compatriotas allá donde estén”, ha concluido el presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación.
Desde la recién creada Comisión Técnica de Asuntos Jurídicos del CGCEE se han estado analizando una serie de recomendaciones que el Defensor del Pueblo hizo en 2015 sobre la situación de los presos españoles en el extranjero. De estas recomendaciones, hay algunas que se han implementado por parte de las administraciones y otras que no. Por ello, desde la señalada Comisión se están preparando propuestas que se llevaran a las próximas Comisiones Delegadas de octubre.
Fuente: Consejo General de Ciudadanía Española en el Exterior