Por Adriana F. Gomez
Estados Unidos, Argentina y España ante una encrucijada económica y electoral: el riesgo de que la crisis del modelo ultraliberal termine fortaleciendo a las fuerzas progresistas.
Introducción: cuando el poder económico deja de garantizar el poder político
Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, la evolución de la economía argentina bajo Javier Milei y el desempeño económico de España bajo un Gobierno progresista permiten plantear una pregunta de fondo: ¿estamos ante el comienzo de un cambio de ciclo político internacional?
La derecha que llegó al poder prometiendo libertad económica, reducción del Estado, disciplina fiscal y prosperidad para los mercados se enfrenta a una contradicción cada vez más visible. Una cosa es mejorar determinados indicadores financieros y otra, muy distinta, conseguir que esa mejora se traduzca en salarios suficientes, empleo de calidad, vivienda accesible y seguridad económica para la mayoría de la población.
Donald Trump y Javier Milei representan, con sus diferencias nacionales, una misma corriente política: la defensa de un Estado más reducido, la desregulación económica y la confianza en que el mercado, acompañado de rebajas fiscales y ajustes, producirá bienestar general.
Sin embargo, cuando el coste de esas políticas recae sobre los trabajadores, los jubilados y las clases medias, el respaldo electoral puede erosionarse.
La cuestión decisiva no es solamente quién gana una elección, sino quién consigue demostrar que su modelo económico mejora realmente la vida cotidiana de la ciudadanía.
Conviene hacer una precisión: el día electoral estadounidense es el 3 de noviembre de 2026. Sin resultados oficiales verificados, no corresponde presentar como consumada una derrota de Trump o de los republicanos. El desgaste electoral que se les atribuye debe distinguirse de los resultados definitivos. La hipótesis de un cambio de ciclo es, por tanto, un análisis político que deberá contrastarse con las urnas.
1. Estados Unidos: Trump ante el examen de las urnas.
Las elecciones de medio mandato estadounidenses son mucho más que una disputa por los escaños del Congreso. Constituyen un examen político a la presidencia, a su gestión económica y a su capacidad para mantener el apoyo de una sociedad profundamente dividida.
La Cámara de Representantes y el Senado tienen competencias fundamentales en materia presupuestaria, fiscal y legislativa. Si la oposición demócrata consigue controlar una o ambas cámaras, Trump podría encontrarse con mayores dificultades para aprobar sus prioridades, negociar el presupuesto y sacar adelante determinadas iniciativas económicas.
Eso no significa que una victoria demócrata vaya a paralizar automáticamente toda la política presidencial. El alcance de ese bloqueo dependerá de la composición de cada cámara, de las mayorías necesarias para cada decisión y de los acuerdos que puedan alcanzarse.
Pero el mensaje político sería importante: un presidente que pierde capacidad legislativa durante las elecciones de medio mandato entra en la segunda parte de su mandato con mayores obstáculos y con menos margen para presentar sus decisiones como un mandato incontestable de la ciudadanía.
La economía será determinante. El coste de la vida, el acceso a la vivienda, los salarios, los tipos de interés y la situación del empleo influyen directamente en la percepción de los votantes. Las promesas de recuperar la grandeza estadounidense pierden fuerza cuando una parte de la población considera que su poder adquisitivo no mejora.
Trump también se enfrenta a una contradicción estructural: defender el proteccionismo, elevar barreras comerciales y utilizar los aranceles como instrumento de presión puede beneficiar a determinados sectores, pero también encarecer productos importados y generar incertidumbre para las empresas.
Si el resultado electoral confirma un retroceso republicano, el efecto podría extenderse más allá de Washington. Los mercados evaluarían la capacidad del Gobierno para ejecutar su programa, mientras que los aliados internacionales de Trump tendrían que reconsiderar sus expectativas sobre la continuidad de su apoyo político y económico.
Y entre esos aliados, uno de los más expuestos es Javier Milei.
2. Milei y Argentina: el riesgo de depender del respaldo de Washington
La relación entre Donald Trump y Javier Milei no es solamente ideológica. También tiene una dimensión financiera y geopolítica.
El Gobierno argentino ha buscado respaldo estadounidense para reforzar la confianza de los inversores, facilitar el acceso a financiación y sostener su estrategia económica.
En un país que arrastra décadas de inestabilidad monetaria, endeudamiento y crisis de confianza, el apoyo de Washington puede funcionar como una señal favorable para los mercados, pero existe una diferencia fundamental entre recibir respaldo político y disponer de recursos financieros garantizados.
Argentina depende de múltiples factores: su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas del Banco Central, la evolución de las exportaciones, la capacidad de refinanciar vencimientos, la confianza de los inversores y la sostenibilidad política del ajuste económico.
Un cambio en el equilibrio de poder estadounidense podría modificar el entorno político en el que se negocia ese apoyo. Sin embargo, no implicaría automáticamente la cancelación de la asistencia financiera: cada instrumento tiene sus propias condiciones y procedimientos.
¿Qué podría ocurrir si Milei pierde el respaldo político de Trump?, hay tres riesgos principales.
Primero: un aumento del riesgo país.
El riesgo país refleja, entre otros factores, la prima que los inversores exigen por asumir el riesgo de prestar dinero a un Estado frente a una referencia considerada más segura. Si los mercados perciben mayores dificultades para refinanciar la deuda argentina, ese indicador puede subir.
Un aumento sostenido encarece el acceso al crédito, complica las nuevas emisiones de deuda y puede generar presiones sobre el dólar y las reservas. También puede obligar al Gobierno a ofrecer rendimientos más elevados para atraer financiación.
No obstante, el riesgo país no depende exclusivamente de Trump. La trayectoria fiscal, las reservas, los vencimientos de deuda, la inflación y la confianza en la política económica argentina son factores igualmente importantes.
Segundo: una mayor incertidumbre sobre la financiación internacional.
La administración estadounidense puede ejercer influencia política sobre las instituciones financieras internacionales, pero no dispone de un mecanismo único que permita cancelar discrecionalmente toda la financiación destinada a Argentina.
El FMI tiene procedimientos, acuerdos y órganos de decisión propios. Del mismo modo, cualquier eventual apoyo del Tesoro estadounidense, línea de crédito o garantía debe analizarse según el instrumento concreto y sus condiciones.
El Congreso estadounidense también tiene un papel relevante en las decisiones presupuestarias y legislativas que correspondan, pero una derrota republicana no cerraría automáticamente todas las vías de financiación.
El riesgo para Milei sería más indirecto: una pérdida de apoyo político podría debilitar las expectativas de los inversores y complicar las negociaciones futuras precisamente cuando Argentina necesita demostrar que puede sostener su programa económico sin depender permanentemente de nuevos salvavidas externos.
Tercero: la fragilidad social del ajuste.
La estabilidad macroeconómica no puede medirse únicamente por el equilibrio de las cuentas públicas. También importa quién paga el coste de alcanzarlo.
Argentina llegó al cambio de Gobierno de diciembre de 2023 con una inflación interanual del 211,4%, según el INDEC. La inflación continuó siendo uno de los grandes desafíos durante 2024, aunque descendió de forma pronunciada a lo largo de ese año.
Al mismo tiempo, el INDEC estimó que la pobreza alcanzó al 52,9% de las personas en el primer semestre de 2024, frente al 41,7% del segundo semestre de 2023. La indigencia llegó al 18,1%.
Estas cifras describen el fuerte deterioro social registrado durante la primera etapa del ajuste. No deben interpretarse como una medición de la situación actual de noviembre de 2026, para la que sería necesario contrastar los últimos datos oficiales.
La reducción posterior de la inflación puede representar una mejora importante, pero no resuelve por sí sola el problema de los ingresos insuficientes, la pérdida de poder adquisitivo o las dificultades para acceder a una vivienda.
La pregunta es inevitable: ¿puede considerarse exitoso un programa económico si estabiliza algunas variables mientras amplios sectores sociales sienten que su vida cotidiana empeora?La respuesta exige observar el conjunto de los indicadores, no solamente aquellos que el Gobierno presenta como sus principales logros.
3. La paradoja argentina: estabilizar no es lo mismo que desarrollar.
El proyecto de Milei parte de una premisa: reducir el déficit, limitar la emisión monetaria, desregular la economía y disminuir la intervención estatal permitirá recuperar la confianza y atraer inversiones.
La estabilización puede ser necesaria. Una inflación elevada destruye salarios, dificulta el ahorro y perjudica especialmente a quienes no tienen instrumentos para proteger sus ingresos.
Sin embargo, estabilizar no equivale automáticamente a construir un modelo de desarrollo.
Para que una economía crezca de forma sostenida necesita inversión productiva, infraestructura, educación, innovación, empleo formal y capacidad para generar divisas. También necesita instituciones previsibles y una demanda interna capaz de sostener una parte significativa de la actividad económica.
Un ajuste fiscal muy rápido puede reducir determinados desequilibrios, pero también contraer el consumo, retrasar inversiones y deteriorar servicios públicos si no existe una estrategia que permita compensar esos efectos.
El desafío de Argentina consiste en encontrar una salida duradera a la inflación y al endeudamiento sin convertir la pérdida de ingresos y oportunidades en un rasgo permanente de la sociedad.
Porque la libertad económica tiene un límite práctico cuando una familia no puede pagar el alquiler, un trabajador pierde capacidad de compra o un joven no encuentra perspectivas laborales. La economía no puede juzgarse únicamente desde los despachos financieros. También debe evaluarse desde los hogares.
4. España: crecimiento económico, empleo y el papel del Estado.
La comparación con España permite observar otra estrategia económica, aunque conviene evitar las simplificaciones. Argentina y España parten de estructuras productivas, niveles de desarrollo, sistemas monetarios y condiciones financieras muy diferentes.
España forma parte de la Unión Europea y de la eurozona. Dispone de un mercado integrado, acceso a instrumentos financieros europeos y una moneda compartida que elimina el riesgo de una devaluación nacional del euro, aunque no la exposición a las crisis financieras.
Argentina, por su parte, afronta restricciones externas, una larga historia de crisis cambiarias y una mayor vulnerabilidad ante las variaciones de la confianza financiera internacional.
Aun con esas diferencias, la experiencia española ofrece elementos relevantes para el debate sobre el papel del Estado, el empleo y la protección social.
Según Eurostat, la economía española creció aproximadamente un 3,2% en 2024, uno de los ritmos más elevados entre las grandes economías de la Unión Europea. Ese crecimiento estuvo relacionado con la fortaleza del consumo, los servicios, el turismo, la inmigración laboral y la inversión, entre otros factores.
La comparación es importante porque demuestra que una economía desarrollada puede crecer con un sector público relevante, políticas sociales y regulación laboral. No existe una ley económica que obligue a elegir entre crecimiento y protección social.
Sin embargo, tampoco sería riguroso atribuir todo el crecimiento español exclusivamente al Gobierno. Influyen las condiciones internacionales, la política monetaria del Banco Central Europeo, los fondos europeos, la evolución del turismo y las características propias de la economía española.
Los datos que importan a la ciudadanía
La economía española ha registrado avances en empleo y actividad, pero conserva problemas estructurales que impiden presentar el modelo como una historia de éxito sin matices.
.-Empleo: las reformas laborales y el aumento de la actividad han contribuido a la expansión del empleo, aunque persisten la temporalidad en determinadas actividades, el desempleo juvenil y las dificultades de acceso al mercado laboral.
.-Salario mínimo: el salario mínimo interprofesional pasó de 1.080 euros mensuales en catorce pagas en 2023 a 1.184 euros en 2025. Esa evolución mejoró los ingresos nominales de quienes perciben el mínimo, aunque el efecto real depende de la inflación y de los costes de vida.
.-Protección social: las pensiones, la sanidad pública, la educación y las prestaciones sociales siguen siendo componentes centrales del modelo español.
.-Vivienda: el encarecimiento de los alquileres y la dificultad para acceder a una vivienda constituyen uno de los principales problemas sociales y una debilidad importante del balance económico.
Estos indicadores deben leerse conjuntamente. El crecimiento del PIB no garantiza que todas las familias mejoren su situación, del mismo modo que un descenso de la inflación no significa que los precios vuelvan a los niveles anteriores.
La cuestión es si los beneficios del crecimiento se distribuyen de manera suficientemente amplia y si las políticas públicas consiguen corregir las desigualdades que el mercado por sí solo no resuelve.
La diferencia de fondo.
España representa una economía mixta: empresas privadas, mercados competitivos, regulación pública, negociación colectiva, servicios universales y mecanismos de redistribución.
El Gobierno progresista ha defendido que el crecimiento puede combinarse con aumentos del salario mínimo, revalorización de las pensiones y protección laboral.
Sus críticos señalan problemas de productividad, presión fiscal, déficit, deuda pública y dificultades empresariales. Algunos de esos debates son legítimos y requieren datos actualizados.
Pero la comparación con Argentina deja una enseñanza: la discusión no debería reducirse a determinar cuánto Estado es deseable, sino a establecer qué instituciones y políticas generan crecimiento sostenible, empleo digno y seguridad material para la mayoría.
El Estado no es automáticamente eficiente por ser público, ni el mercado garantiza por sí mismo resultados socialmente justos. La clave reside en la calidad de las políticas, su financiación, sus resultados y su capacidad para corregir desigualdades.
5. Lula, Trump y el desgaste internacional de la derecha.
La evolución política de Brasil añade otra dimensión a este escenario. Luiz Inácio Lula da Silva representa una tradición de izquierda que reivindica la inclusión social, el aumento de los ingresos, la protección de los trabajadores y un papel activo del Estado en el desarrollo.
Su trayectoria contrasta con la de gobiernos que consideran el ajuste fiscal y la desregulación como ejes prioritarios de transformación económica.
No obstante, para afirmar que Lula ha obtenido una nueva victoria electoral o que esa victoria ha alterado el equilibrio regional en noviembre de 2026 es necesario comprobar el resultado concreto al que se hace referencia. Una victoria electoral, una recuperación de popularidad y una mejora económica son fenómenos diferentes.
La importancia de Brasil reside también en su peso regional. Su política económica, sus relaciones con China y Estados Unidos y su participación en los BRICS influyen en las posibilidades de América Latina para diversificar mercados y reducir vulnerabilidades externas.
Si el desgaste de los gobiernos conservadores se confirma en Estados Unidos y en otros países, las fuerzas progresistas podrían encontrar nuevas oportunidades. Pero no existe una transferencia automática de votos entre países: cada sociedad decide a partir de su experiencia, sus preocupaciones y las alternativas que encuentra en las urnas.
La derecha puede perder apoyo por el coste de la vida, el deterioro de los servicios públicos o la frustración de sus promesas. La izquierda, por su parte, solo podrá capitalizar ese descontento si ofrece soluciones creíbles y demuestra capacidad de gestión.
El descontento social no tiene una dirección ideológica predeterminada. Puede favorecer a una alternativa progresista, alimentar opciones nacionalistas o desembocar en abstención.
Por eso, el eventual cambio de ciclo no dependerá únicamente de los errores de Trump o Milei. También dependerá de la capacidad de sus adversarios para construir una alternativa convincente.
6. ¿Puede abrirse una oportunidad para el progresismo en España?
La política española se desarrolla en un contexto diferente, pero comparte algunos de los grandes debates internacionales: el precio de la vivienda, el poder adquisitivo, la desigualdad, la calidad del empleo, la financiación de los servicios públicos y el coste de la vida.
El crecimiento económico puede proporcionar al Gobierno una ventaja política si se traduce en mejoras perceptibles para la ciudadanía. Pero también puede perder valor electoral cuando los hogares consideran que los salarios no alcanzan para pagar el alquiler, ahorrar o formar una familia.
En este terreno, el progresismo tiene una oportunidad y una responsabilidad.
La oportunidad consiste en defender un modelo que combine crecimiento, derechos laborales, inversión pública, sanidad, educación, pensiones y políticas de vivienda.
La responsabilidad consiste en demostrar que esos objetivos pueden financiarse de manera sostenible y convertirse en resultados concretos.
La vivienda será especialmente determinante. No basta con exhibir cifras de crecimiento si los jóvenes siguen retrasando su emancipación y las familias destinan una proporción excesiva de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca.
Tampoco basta con reivindicar el aumento del empleo si persisten la precariedad, los bajos salarios en determinadas actividades y las dificultades para mejorar la productividad.
Y no será suficiente apelar al miedo a la derecha. Una propuesta progresista necesita objetivos verificables, plazos realistas y mecanismos para evaluar sus resultados.
En un escenario de elecciones generales, el balance económico puede pesar tanto como las alianzas políticas. La izquierda tendrá que demostrar que es capaz de mantener la estabilidad, mejorar los ingresos, ampliar la vivienda asequible y proteger los servicios públicos.
Además, la fragmentación electoral constituye un riesgo. Cuando varias fuerzas compiten por un mismo espacio ideológico sin coordinarse, pueden perder representación aunque sumen un número considerable de votos.
Por tanto, un eventual retroceso de la derecha no garantiza una victoria progresista. La unidad programática, la credibilidad de los liderazgos y la capacidad de movilizar a los votantes serán factores decisivos.
7. El riesgo de confundir los mercados con la sociedad.
Hay una lección común en los tres escenarios: los mercados financieros y los ciudadanos no miden el éxito de la misma manera.
Un inversor puede valorar positivamente un recorte del gasto público, una reducción del déficit o una reforma que facilite determinadas operaciones empresariales. Pero un trabajador puede experimentar esa misma política como una pérdida de servicios, ingresos o seguridad.
Del mismo modo, una reducción de la inflación puede mejorar las perspectivas de una economía sin reparar inmediatamente la pérdida acumulada de poder adquisitivo.
En Argentina, la estabilidad financiera requiere credibilidad, reservas, capacidad de pago y una estrategia productiva duradera. En España, el crecimiento debe traducirse en mejores salarios reales, vivienda accesible y servicios públicos sostenibles. En Estados Unidos, el poder político tendrá que responder a las preocupaciones económicas de los votantes.
Ningún modelo está exento de contradicciones. La cuestión es cómo las afronta y quién asume sus costes. La política económica no debería convertirse en una competición por presentar el indicador más favorable, sino en una discusión sobre cómo mejorar las condiciones materiales de la población.
Conclusión: el cambio de ciclo no se anuncia, se construye.
La posible pérdida de influencia electoral de Donald Trump, las vulnerabilidades financieras de Argentina y el desempeño económico español abren un debate sobre el futuro de la derecha y del progresismo.
Si los resultados estadounidenses confirman un retroceso republicano, Milei podría afrontar un entorno político menos favorable en Washington. Un eventual aumento del riesgo país y una mayor incertidumbre financiera serían riesgos que Argentina tendría que gestionar, aunque no constituirían consecuencias inevitables de una derrota electoral.
España, mientras tanto, dispone de argumentos económicos para defender que el crecimiento puede convivir con políticas públicas y protección social. Pero también tiene deberes pendientes, especialmente en vivienda, productividad y desigualdad.
La victoria de Lula, si se considera en el marco de un ciclo regional más amplio, tampoco permite anticipar por sí sola una ola progresista internacional. Cada elección tiene sus propias condiciones y cada Gobierno debe responder por sus resultados.
La reflexión de fondo es que ninguna ideología puede sostenerse indefinidamente sobre promesas si la vida cotidiana de la mayoría contradice el discurso oficial.La derecha puede prometer libertad y prosperidad, pero pierde credibilidad si sus políticas no generan oportunidades para amplios sectores sociales.
La izquierda puede reivindicar justicia y solidaridad, pero también perderá apoyo si no consigue mejorar la vivienda, los salarios, los servicios públicos y la seguridad económica.
El desafío progresista no consiste simplemente en esperar el desgaste de Trump o Milei. Consiste en demostrar que existe una alternativa capaz de producir riqueza, distribuir mejor sus beneficios y garantizar derechos sin ignorar las restricciones económicas.
En última instancia, el próximo ciclo político no lo decidirán exclusivamente los mercados, los organismos internacionales o los acuerdos entre dirigentes. Lo decidirán también los ciudadanos cuando comparen las promesas con los resultados.
Porque la estabilidad económica es necesaria, pero no suficiente. El verdadero éxito de un modelo se mide por la posibilidad de que la gente viva mejor, tenga derechos efectivos y pueda construir un futuro con dignidad.