Por Francisco López
Cuando todavía hay familias llorando a sus muertos y personas heridas intentando recuperarse, la política debería estar a la altura de la tragedia. Sin embargo, el Partido Popular y Vox vuelven a situar la confrontación partidista en el centro del debate. Exigir responsabilidades es legítimo; convertir una desgracia en munición electoral es otra cosa.
El respeto a las víctimas debe estar por encima de las urnas
El grave accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ha abierto un debate político que exige rigor, responsabilidad y sensibilidad. En momentos como este, las prioridades deberían ser inequívocas: atender a los heridos, acompañar a las familias de las víctimas, esclarecer las causas del siniestro y garantizar que se investiguen todos los posibles fallos técnicos, operativos o de mantenimiento.
Pero, una vez más, una tragedia humana amenaza con transformarse en un campo de batalla electoral.
El Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, ha exigido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez y ha reclamado auditorías sobre el gasto destinado a las infraestructuras ferroviarias. Vox, por su parte, con Santiago Abascal al frente, ha defendido mantener sus actos de precampaña mientras denuncia lo que considera una degradación de los servicios públicos.
¿Es legítimo exigir explicaciones? Por supuesto. ¿Debe investigarse cualquier posible negligencia? Sin ninguna duda. ¿Tiene derecho la oposición a fiscalizar al Gobierno? Evidentemente.
Lo que no resulta aceptable es que el sufrimiento de las víctimas se convierta en una oportunidad para obtener rédito político antes incluso de que se conozcan con certeza las causas del accidente.
La diferencia entre exigir justicia y explotar una tragedia está en la intención, en el momento y, sobre todo, en el respeto a los hechos.
El Partido Popular y la doble vara de medir, en sus tesponsabilidades en otros accidentes
Feijóo reclama ahora explicaciones inmediatas, auditorías y responsabilidades políticas. Son exigencias que pueden formar parte de una oposición democrática legítima. Sin embargo, el debate no puede reducirse a señalar al adversario y presentar una tragedia como prueba automática de su incompetencia.
Las causas de un accidente ferroviario no se determinan mediante declaraciones en una rueda de prensa, titulares incendiarios o acusaciones lanzadas en plena precampaña. Se determinan mediante investigaciones técnicas independientes, documentación, pruebas y conclusiones contrastadas.
Si existen deficiencias en el mantenimiento, fallos de supervisión o decisiones políticas que hayan contribuido al siniestro, deberán conocerse y depurarse las responsabilidades correspondientes. Y si la investigación señala errores de cualquier administración, también deberán asumirse.
Pero hay una pregunta que el Partido Popular tampoco debería eludir: ¿está dispuesto a aceptar el mismo nivel de exigencia cuando los accidentes, los problemas de infraestructuras o los errores de gestión ocurren bajo gobiernos de su propio partido?
La memoria política importa. El accidente de Angrois de 2013, durante un Gobierno del PP, dejó 80 personas fallecidas y numerosas heridas. Aquella tragedia también exigió investigación, transparencia y responsabilidades. No se trata de utilizar a sus víctimas para atacar al Partido Popular, sino de recordar que las exigencias de rigor y rendición de cuentas deben aplicarse a todos los gobiernos, sin excepciones partidistas.
Las víctimas de entonces merecían justicia. Las de ahora también. Ninguna familia debería convertirse en instrumento de una batalla entre partidos.
Vox: mantener la campaña no es una obligación democrática, pero si un respeto a las personas afectadas por la tragedia.
Santiago Abascal ha defendido que Vox mantenga su agenda de precampaña, argumentando que el luto no debe servir para amordazar a la oposición ni impedir las protestas ciudadanas.
La libertad de expresión y el derecho de los partidos a fiscalizar al Gobierno no están en discusión. Tampoco sería razonable exigir silencio político indefinido ante una tragedia de esta magnitud.
Pero existe una diferencia sustancial entre ejercer la oposición y continuar una campaña como si una desgracia colectiva fuera un episodio más de la competición electoral.
Suspender temporalmente los actos públicos no significa renunciar a la crítica, abandonar a los votantes ni aceptar una censura institucional. Significa reconocer que hay momentos en los que la sociedad necesita serenidad, información fiable y respeto.
Vox puede denunciar las deficiencias que considere acreditadas. Puede exigir investigaciones, reclamar mejoras ferroviarias y pedir responsabilidades. Lo que debe evitar es que el dolor se convierta en el decorado de una estrategia electoral.
Porque el respeto a las víctimas no se demuestra con un comunicado de condolencias mientras todo lo demás continúa como siempre. Se demuestra también con la capacidad de entender cuándo corresponde dar un paso atrás.
En las próximas semanas, el accidente de Urda corre el riesgo de convertirse en una sucesión de acusaciones cruzadas, declaraciones partidistas y mensajes diseñados para movilizar electores.
El PP apunta al Gobierno. Vox denuncia el deterioro de los servicios públicos. El Ejecutivo acusa a la oposición de instrumentalizar el dolor.
Pero la ciudadanía necesita algo más que reproches: necesita saber qué ocurrió, por qué ocurrió y qué debe cambiar para impedir que vuelva a suceder.
Si hubo fallos de mantenimiento, que se documenten. Si hubo errores humanos, que se esclarezcan. Si fallaron los protocolos de seguridad, que se identifiquen. Si existieron decisiones presupuestarias o administrativas relevantes, que se examinen. Y si alguien tiene responsabilidad penal o administrativa, que responda ante las instituciones competentes.
Lo que no puede hacerse es adelantar conclusiones sin pruebas ni presentar una hipótesis partidista como si fuera el resultado de una investigación concluida.
La seguridad ferroviaria no pertenece a la izquierda ni a la derecha. La vida de los pasajeros tampoco.
¿Dónde queda la humanidad de Feijóo o de Abascal, cuando manda el cálculo electoral? No todo vale
Hay una cuestión moral que debería interpelar a toda la clase política: ¿qué siente una familia que acaba de perder a un ser querido cuando escucha cómo su tragedia se convierte en una herramienta de confrontación entre partidos?
¿Qué piensa una persona herida cuando observa que el debate público se concentra más en quién obtiene ventaja política que en cómo se va a esclarecer lo ocurrido?
No podemos afirmar que cada dirigente actúe movido exclusivamente por intereses electorales. Las motivaciones personales no se conocen con certeza y las críticas políticas pueden ser legítimas. Pero sí podemos juzgar las decisiones públicas, el tono de las declaraciones y el uso que se hace de una tragedia.
Y cuando la prioridad parece ser señalar al adversario antes de conocer los resultados de la investigación, la política corre el riesgo de perder su dimensión más elemental: la responsabilidad hacia la sociedad.
La tragedia de Urda no debería ser una oportunidad para sumar votos, sino una obligación colectiva de buscar la verdad, proteger vidas y evitar que algo semejante vuelva a ocurrir.
El Partido Popular y Vox tienen derecho a criticar al Gobierno. La derecha y su oportunismo político, disfrazan el derecho a exigir que la ciudadanía confunda una acusación con una prueba o una consigna electoral con una conclusión técnica.
Feijóo debe explicar qué propone para mejorar la seguridad ferroviaria, qué mecanismos de fiscalización impulsará y qué medidas concretas considera necesarias. Abascal debe aclarar cómo sus propuestas mejorarían las infraestructuras y evitarían nuevos accidentes.
La política no puede consistir únicamente en señalar culpables cuando gobierna el adversario. También debe ofrecer soluciones, aceptar los mismos criterios de responsabilidad cuando se gobierna y respetar los tiempos necesarios para esclarecer una tragedia.
Cuando la crítica se transforma en una sucesión de acusaciones prematuras, el debate público se empobrece. Y cuando una desgracia se utiliza como escenario para la confrontación, las víctimas corren el riesgo de quedar relegadas a un segundo plano.
Eso es precisamente lo que debemos denunciar: no la existencia de una oposición crítica, sino el oportunismo que aparece cuando el sufrimiento humano se convierte en una herramienta de propaganda.
Las víctimas no son mercancía electoral, utilizando el dolor como propaganda política y la tragedia humana como arma carroñera.
Hay palabras duras que nacen de la indignación ciudadana. Llamar carroñerismo político a la explotación partidista de una tragedia expresa el rechazo a una forma de hacer política que parece encontrar una oportunidad allí donde una sociedad necesita consuelo, solidaridad y respuestas.
Pero la mejor denuncia no consiste en atribuir intenciones sin pruebas, sino en exigir hechos, coherencia y responsabilidad.
Al PP y a Vox hay que exigirles que no conviertan la tragedia ferroviaria en una campaña de acusaciones sin fundamento probado. Al Gobierno, que facilite toda la información disponible y asuma las responsabilidades que determine la investigación. Y a todas las instituciones, que actúen con transparencia, sin ocultaciones ni privilegios partidistas.
Porque las familias de las víctimas no necesitan eslóganes. Los heridos no necesitan una batalla de declaraciones. Y la ciudadanía no necesita que los partidos compitan por capitalizar una desgracia. Necesita verdad, justicia, seguridad y respeto.
Los muertos no votan. Los heridos no son argumentos de campaña. Y el dolor de las familias no puede convertirse en el botín electoral de nadie.
La política que merece una sociedad democrática es la que acompaña a las víctimas, investiga hasta el final, corrige los errores y exige responsabilidades con independencia de quién gobierne.
Todo lo demás, cuando se antepone el cálculo electoral al respeto humano, corre el riesgo de convertirse en el peor rostro de la política: el oportunismo ante el sufrimiento ajeno.