Por Juan Carlos Alí Torres. Redacción internacionales.
La nueva ofensiva de sanciones contra Rusia amenaza con tensionar todavía más un mercado energético golpeado por la guerra con Irán y la crisis del estrecho de OrmuzWashington vuelve a colocar a la energía en el centro de su estrategia de presión contra Rusia.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que amplía las sanciones contra Moscú y autoriza al presidente a imponer aranceles de entre el 0% y el 100% a productos procedentes de países que compren petróleo y gas rusos.
La iniciativa, respaldada de manera abrumadora por los republicanos —199 votos a favor frente a 6 en contra—, contempla además nuevas medidas contra los sectores energético, bancario y de defensa rusos, así como contra la denominada flota petrolera rusa.
El texto debe pasar ahora a la siguiente fase antes de convertirse en ley. Y ahí aparece una de las principales paradojas políticas de la medida: la misma Administración que necesita contener el coste de la energía podría encontrarse con una herramienta que contribuya a encarecer todavía más el mercado mundial.
Rusia, pero también India y China en el punto de mira.
La particularidad de la propuesta estadounidense es que las consecuencias no se limitarían a Rusia. La posibilidad de aplicar aranceles de hasta el 100% a países que mantengan determinadas compras de hidrocarburos rusos coloca especialmente en el foco a grandes consumidores como India y China.
Nueva Delhi ya ha advertido que está preparada para adoptar las medidas necesarias para proteger sus intereses comerciales y económicos y que continuará garantizando su seguridad energética, incluida la diversificación de sus proveedores.
China también ha reaccionado. El portavoz de su embajada en Washington, Liu Chang, sostuvo que Pekín tomaría las medidas necesarias para protegerse y advirtió de que la utilización de la coerción y la presión económica puede terminar perjudicando a Estados Unidos.
El problema, por tanto, trasciende la relación Washington-Moscú. La batalla por el petróleo está convirtiéndose también en una batalla por las rutas comerciales, los mercados asiáticos y la arquitectura económica internacional.
La paradoja de Trump.
La cuestión central es qué hará Donald Trump si el proyecto llega a su mesa para ser firmado.La legislación deja un amplio margen de discrecionalidad al presidente estadounidense para determinar la aplicación de las medidas. Esa posibilidad adquiere especial relevancia en un contexto de elevada tensión energética.
La guerra con Irán, las dificultades en las rutas energéticas de Oriente Medio y los ataques contra infraestructuras petroleras rusas han contribuido a reducir la oferta disponible y a incrementar la incertidumbre en los mercados.
En esas condiciones, sancionar directa o indirectamente una parte adicional del petróleo ruso puede generar exactamente el efecto contrario al que necesita Washington: menos oferta disponible y mayores precios.Y el problema energético no es únicamente geopolítico.
Un incremento sostenido del precio del petróleo termina trasladándose al transporte, la producción industrial, la electricidad y numerosos bienes y servicios. Para una Administración estadounidense que afronta elecciones de mitad de mandato, la inflación energética constituye además un asunto de evidente importancia política.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿hasta qué punto puede Trump utilizar las sanciones contra Rusia sin terminar pagando también un coste económico y político interno?
Europa paga la factura de Ormuz.
Mientras Washington endurece su estrategia contra Moscú, Europa está sufriendo directamente las consecuencias de la crisis energética provocada por la guerra con Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cifró en 90.000 millones de euros adicionales el sobrecoste que la Unión Europea habría afrontado en la importación de hidrocarburos desde el inicio de la crisis.
La frase utilizada por la presidenta de la Comisión resume la dimensión del problema:«“Desde el inicio del conflicto en el estrecho de Ormuz, las importaciones de los hidrocarburos nos costaron 90.000 millones de euros adicionales; con ello no hemos recibido ni una molécula de energía adicional”.»
Es decir, Europa no estaría pagando por disponer de más energía, sino fundamentalmente por la misma energía a un precio mucho más elevado, como consecuencia de la alteración de los mercados y de las rutas de suministro.
Una crisis que golpea a hogares e industrias.
El impacto no se limita a las estadísticas macroeconómicas. El aumento del coste de los combustibles afecta a los hogares mediante el transporte y otros productos derivados de los hidrocarburos. Para la industria, el problema es todavía más profundo: sectores intensivos en energía afrontan un aumento de sus costes de producción que puede deteriorar su competitividad frente a empresas de otras regiones.
España tampoco queda al margen. Las economías europeas están obligadas a dedicar cantidades crecientes de recursos a mantener el suministro energético mientras las empresas afrontan mayores costes y los consumidores soportan el impacto indirecto de la inflación.
La crisis pone además de manifiesto una vulnerabilidad estructural: Europa continúa dependiendo en gran medida de energía importada y, por tanto, de acontecimientos geopolíticos que no controla.
Bruselas plantea acelerar la transición energética.
La respuesta defendida por Von der Leyen pasa precisamente por reducir esa vulnerabilidad.
La Comisión Europea plantea aumentar la producción energética propia mediante renovables y nuclear, acelerar la electrificación y reforzar las infraestructuras necesarias para conectar la nueva generación eléctrica.
Entre los objetivos planteados aparece la intención de duplicar el peso de la electricidad en el consumo energético total para 2040, acompañada de una aceleración de las inversiones en redes eléctricas y de la conexión de proyectos renovables que todavía permanecen pendientes.
La lógica es sencilla: cuanto mayor sea la producción propia y menor la dependencia de combustibles fósiles importados, menor será la exposición europea a crisis como la de Ormuz.
Pero esa transformación exige enormes inversiones y no puede producirse de un día para otro.
Una misma crisis, dos estrategias.
La situación plantea una contradicción entre dos caminos. Por un lado, Washington apuesta por utilizar las sanciones y los aranceles como instrumento de presión geopolítica contra Rusia y contra los países que mantienen relaciones energéticas con Moscú.
Por otro, Europa intenta reducir precisamente su exposición a los hidrocarburos mediante electrificación, renovables, nuclear y nuevas infraestructuras.
Ambas estrategias están condicionadas por una misma realidad: el mercado energético mundial sigue siendo extraordinariamente sensible a cualquier interrupción del suministro.Cuando desaparece una parte de la oferta, aumentan los precios. Y cuando aumentan los precios, la factura termina llegando a consumidores, empresas y gobiernos.
El verdadero campo de batalla es el mercado energéticoLa disputa energética también revela un cambio más profundo en la economía internacional.
Rusia continúa utilizando sus recursos energéticos como una herramienta fundamental de su economía exterior. India y China necesitan mantener suministros competitivos para garantizar su crecimiento. Europa intenta reducir su dependencia. Y Estados Unidos utiliza el acceso a su mercado y el sistema financiero como instrumentos de presión.
El resultado es una creciente fragmentación.
Las sanciones ya no afectan exclusivamente al país sancionado. Pueden modificar rutas comerciales, proveedores, precios y relaciones entre terceros países.La energía se ha convertido así en una de las principales armas de la nueva geopolítica mundial.
Como una reflexión final podríamos decir que sancionar puede tener un precio.
La cuestión no es únicamente si Estados Unidos puede imponer nuevas sanciones a Rusia. Puede hacerlo si finalmente el proceso legislativo y presidencial lo permite.
La cuestión relevante es qué consecuencias tendría hacerlo en el actual contexto energético.
Si el objetivo es reducir los ingresos rusos, las sanciones pueden formar parte de esa estrategia. Pero si al mismo tiempo reducen la oferta disponible o encarecen el acceso a los hidrocarburos, pueden generar costes para los propios países que las impulsan y para sus aliados.
India ya habla de proteger sus intereses económicos. China advierte de posibles consecuencias para Estados Unidos. Europa calcula decenas de miles de millones de euros adicionales por la crisis energética.
Y Washington debe valorar el impacto que un petróleo más caro puede tener sobre su economía y sobre los consumidores estadounidenses.
La paradoja es evidente: en una guerra económica global, el arma que se dispara contra el adversario puede terminar alcanzando también al que la dispara, y para Trump, con las elecciones de mitad de mandato acercándose, la energía no es solamente una cuestión de política exterior. Es también una cuestión de precios, inflación y bolsillo.
Mientras tanto, Europa tiene ante sí una lección que la crisis de Ormuz vuelve a poner sobre la mesa: la verdadera independencia energética no consiste solamente en cambiar de proveedor, sino en reducir la dependencia estructural de unos combustibles cuyo precio puede quedar condicionado por una guerra a miles de kilómetros de distancia.