Por: Martha Pérez desde República Dominicana
La violencia contra la mujer constituye un flagelo preocupante en varios países de la región, entre éstos, República Dominicana. El tema de los feminicidios ha concitado la atención nacional en los primeros meses del presente año y generado una alarma social dadas las estadísticas registradas hasta el momento.
Sin embargo, sigue siendo un tema pendiente de años anteriores que ha sembrado preocupación en la sociedad dominicana, con énfasis en las familias, especialmente en las mujeres.
El tema es político, jurídico, cultural, social, institucional, moral, económico, por cuanto su manejo integral ha de estar sujeto la aplicación estricta de la norma y no se cumple como tal; a políticas públicas de Estado diseñada y/o aplicadas por los gobiernos de turno con sentido de continuidad.
Es social, por cuando incide y permea toda la sociedad, especialmente el primer núcleo que representa la familia. Es económico, por cuanto, además de los presupuestos adecuados que se deben disponer para aplicación de políticas públicas, generalmente los casos de feminicidios son consecuencias de los niveles de pobreza y pobreza extrema. Es cultural, por cuando se arraiga, además, como consecuencia de una sociedad machista.
En este orden, su abordaje debe ser desde distintas variables y de manera interinstitucional vinculando a los sectores de la sociedad. Estadísticas oficiales indican que durante el primer trimestre de este año sucedieron 22 feminicidios y 17,552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, mayormente de agresores que eran parejas o exparejas de las víctimas.
Datos más recientes indican que en los primeros cinco meses de este año, o sea hasta el presente mes de mayo, más de 30 mujeres han sido víctimas de feminicidios en nuestro país, cifra que cinco días después ha incrementado, superando al mismo período el año 2025.
Las consecuencias son fatales, además de dolor, luto, rotura familiar, quedan hijos huérfanos, muchas veces de ambos padres porque los agresores están utilizando la nueva modalidad del suicidio, cuando no, victimizan también a los hijos de ambos, de la madre y hasta a familiares cercanos de ellas. Otras de las consecuencias, es la impunidad.
¿Qué evidencia esta situación? Múltiples opiniones de importantes sectores y analistas indican, por un lado, que se evidencian fallas en la aplicación de las normas, de políticas públicas, especialmente en cuanto a la prevención y protección institucional, pese a que dichas políticas son buenas; por otro lado, la falta de leyes vinculantes pendiente de aprobación como es la Lay Orgánica Integral para la Prevención, Atención, Persecución, Sanción y Reparación de la Violencia contra las Mujeres, misma que lleva más de diez años en los archivos de los legisladores y legisladoras (vale la cita de ellas), con la “satisfacción” de algunos de éstos de que incluyeron en la pieza penalizar hasta con 40 años de prisión a los feminicidas.
Y por otro, dificultad de acceso a protección eficaz y efectiva, así como al seguimiento de los casos denunciados por las partes, tanto institucional como de las víctimas amenazadasLa débil relación intrafamiliar influida por factores endógenos y exógenos está convirtiendo el ámbito doméstico en un escenario con cultivo para la ocurrencia de feminicidios, con un 65% de las víctimas dedicadas a los quehaceres hogareños, sin labor remunerada, en su mayoría madres solteras con actuales parejas que no son padres de sus hijos y se convierten en sus agresores.
Prestar a tención socio-política a esta situación procurando un debate sectorial nacional podría resultar en una aproximación de propuestas hacia posibles acciones tendientes a mitigar la situación, en el marco de la recurrencia y las modalidades de los feminicidios, partiendo de los más recientes casos de asesinatos, como son las damas Esmeralda Moronta de los Santos e Indhira Carolina Beltré, víctimas de exparejas. Los últimos patrones reflejan que la “sociedad feminista” en su totalidad no está informada ni educada en torno a la violencia contra la mujer ni a los programas de protección y atención que han definido las instituciones vinculantes como el Ministerio de la Mujer, con la “Linea Mujer (212) y los denominados “Puntos Vida”, por ejemplo, lo que demanda el diseño, difusión e implementación de campañas educativas y de creación de conciencia ciudadana en estos ámbitos, desde las familias, instituciones públicas y privadas, iglesias, escuelas, universidades.
Lo anterior conllevaría a una transformación cultural, espaciosa, diversa y progresiva, con la coordinación de todos los sectores de la vida nacional capaz de unirse y converger en una gran campaña educativa en igualdad de género, con miras a reducir la violencia machista.
Y, la disposición firme, seria, gubernamental de volver la mirada retrospectiva hacia lo jurídico, político, social, económico y cultural para reorientar las acciones contra este flagelo que alarma socialmente y destruye familias y a la sociedad en general.