Por Fernando Ortega de El Berguedá, Catalunya.
Cuando la explotación necesita un enemigo.
La precarización de las personas migrantes no es un fallo del sistema, sino una condición material que el capitalismo gestiona y que la ultraderecha convierte en relato político para desactivar el conflicto social real.
Pacto sobre migración PODEMOS -PSOE.
Con voluntad política se puede avanzar, el acuerdo alcanzado entre Podemos y el Gobierno para impulsar la regularización de más de 500.000 personas migrantes no es una medida administrativa más, es una decisión política que toca el núcleo del modelo económico y social, porque afecta directamente a quién tiene derechos y quién queda condenado a la precariedad.
Este artículo no parte de la coyuntura por casualidad ya que la reacción que genera cualquier avance en derechos para las personas migrantes revela hasta qué punto la explotación y la exclusión no son un fallo del sistema, sino una de sus condiciones de funcionamiento.
Mala gestión, efecto colateral.
La explotación de las personas migrantes no es una anomalía del sistema democrático ni un efecto colateral de una mala gestión pública. Es una condición estructural producida, tolerada y administrada por el capitalismo contemporáneo.
La ultraderecha no crea esa precariedad, pero la convierte en discurso político, señala culpables equivocados y transforma la desigualdad en miedo. El capital no necesita destruir la democracia para sobrevivir «le basta con vaciarla mientras otros convierten la frustración social en obediencia».
La precariedad como arquitectura del sistema.
En las últimas décadas, la precarización del trabajo no ha sido un accidente ni una desviación temporal del modelo económico, ha sido una estrategia. En ese proceso, las personas migrantes ocupan un lugar central «no como sujetos con derechos, sino como fuerza de trabajo disponible, flexible y disciplinada.
La no regularización administrativa, la segmentación racial del mercado laboral y la exclusión de derechos básicos no son fallos corregibles del sistema. Son mecanismos que abaratan el coste del trabajo y debilitan al conjunto de la clase trabajadora. Sectores como la agricultura, la hostelería, la construcción, la industria cárnica o el trabajo doméstico dependen estructuralmente de una mano de obra migrante sometida a condiciones que serían socialmente inaceptables si afectaran de forma mayoritaria a la población autóctona.La precariedad no es solo económica.
Es jurídica, social y política.
La figura del “trabajador sin derechos plenos” permite al sistema producir riqueza mientras externaliza el conflicto. Cuando una parte de la población vive permanentemente amenazada por la expulsión, la ilegalidad o la exclusión, la capacidad colectiva de organización se fragmenta. Explotar para enfrentar » el conflicto desplazado». Este modelo no solo genera desigualdad, sino que reorganiza el conflicto social. En lugar de confrontar verticalmente a quienes concentran poder económico y político, el sistema produce una guerra horizontal entre quienes compiten por recursos escasos: empleo, vivienda, servicios públicos.
Aquí aparece una operación clave: la precariedad inducida se convierte en caldo de cultivo para el resentimiento. No porque las personas migrantes “roben” nada, sino porque el sistema ha diseñado un escenario donde la competencia sustituye a la solidaridad.
Cuando los salarios bajan, cuando el acceso a la vivienda se vuelve imposible o cuando los servicios públicos colapsan, el problema no es la presencia de personas migrantes, sino un modelo económico que necesita precariedad para sostenerse. Sin embargo, ese conflicto rara vez se presenta así en el debate público.
La explotación se invisibiliza, y en su lugar se ofrece una explicación simple, emocional y eficaz: “ellos” son el problema. La ultraderecha como infraestructura política del desvío, la ultraderecha no inventa este conflicto lo administra. Y lo hace con recursos, plataformas, financiación y legitimación social, sin inversión económica, sin fundaciones, sin empresas, sin medios de comunicación afines y sin algoritmos favorables, la ultraderecha no sería una fuerza política operativa ni capaz de marcar agenda.
Su función es clara: transformar un conflicto material en un conflicto identitario; Donde hay explotación, introduce miedo; Donde hay desigualdad, señala al extranjero; Donde hay frustración social, ofrece orden y pertenencia.
Este proceso no ocurre en el vacío, se produce en un ecosistema cultural y político donde determinados discursos conservadores se normalizan, se presentan como “sentido común” o como reacción legítima frente al “exceso de derechos”. En ese marco, la defensa de la igualdad se convierte en privilegio, y la ampliación de derechos en amenaza.
La ultraderecha no necesita demostrar que tiene razón: le basta con instalar la duda, erosionar consensos democráticos y desplazar el eje del debate lejos de las relaciones de poder económico.
Convergencia de intereses: no casualidad, sino racionalidad, no hace falta imaginar conspiraciones ni salas oscuras para entender esta dinámica, basta con observar los resultados. El capital y la ultraderecha convergen porque sus intereses coinciden en un punto fundamental: desactivar el conflicto social real.
El capital necesita una fuerza de trabajo barata, fragmentada y poco organizada, la ultraderecha necesita un enemigo interno que justifique el endurecimiento social y político. Ambos se benefician de una sociedad dividida, donde la solidaridad se rompe y el miedo sustituye a la conciencia de clase.
La promoción, financiación o tolerancia de discursos ultraderechistas no es un error estratégico del sistema, es una opción funcional. Mientras el debate gira en torno a la identidad, la seguridad o la “cultura”, las relaciones de explotación permanecen intactas, así, la democracia no se destruye de golpe, se vacía. Se mantiene la forma, pero se erosionan los derechos, se normaliza la exclusión y se acepta la desigualdad como precio inevitable del orden.
Qué hacer: recuperar el conflicto real.
Frente a este escenario, la respuesta no puede limitarse a la denuncia moral ni a la defensa abstracta de la democracia, hace falta una interpelación política clara, material y consciente. Reconocer a las personas migrantes como sujetos plenos de derechos no es solo una cuestión ética, sino una estrategia política imprescindible.
Regularizar, garantizar derechos laborales y combatir la segregación no debilita a la clase trabajadora: la fortalece, por el contrario desactivar el relato de la ultraderecha implica devolver el conflicto a su lugar real «las relaciones de producción, la concentración de riqueza y la captura de lo público por intereses privados».
Implica también disputar el sentido común, señalar quién se beneficia de la precariedad y romper la lógica del enfrentamiento entre iguales. No se trata de idealismo ni de buenas intenciones, se trata de entender que sin derechos no hay democracia, y que una sociedad que acepta la deshumanización de una parte de su población acaba normalizando la pérdida de derechos para todas.
Reconocer la dinámica la explotación de las personas migrantes no es un fallo del sistema democrático, sino una condición material que la ultraderecha convierte en relato político. El capitalismo no necesita destruir la democracia: le basta con vaciarla mientras otros señalan a los culpables equivocados.
Reconocer esta dinámica es el primer paso para romperla. Ignorarla es permitir que el miedo siga gobernando donde debería hacerlo la justicia social.