Por Fernando Ortega de El Berguedá, Catalunya
Cuando gestionar enfermos es rentable.
Madrid y Cataluña como modelos de referencia de un sistema que ha cruzado una líneas, la sanidad pública española no se está privatizando en bloque, pero sí se está convirtiendo, de forma progresiva y silenciosa, en un espacio de negocio.
No es una consigna ideológica ni una exageración retórica: es una constatación económica y política, allí donde debería primar el interés general, hoy operan incentivos empresariales con bajo riesgo y beneficios garantizados. Madrid y Cataluña, por volumen presupuestario y peso político, son los laboratorios más avanzados de este proceso.
Dos modelos distintos, un mismo resultadoMadrid y Cataluña suelen presentarse como casos opuestos en el debate sanitario. No lo son. Sus modelos difieren en la forma, pero convergen en el fondo: ambos han integrado de manera estructural al sector privado en el corazón del sistema público.
En Cataluña, el modelo es «histórico y estructural», la concertación con entidades privadas forma parte del diseño del sistema desde hace décadas. Hospitales, camas y quirófanos que atienden población pública están gestionados por consorcios, fundaciones o empresas privadas, financiadas íntegramente con fondos públicos. No es una anomalía reciente ni una excepción coyuntural: es arquitectura institucional.
Madrid, en cambio, ha optado por un modelo más explícito y políticamente visible. Concesiones administrativas, externalización de la gestión hospitalaria y un uso intensivo de derivaciones a operadores privados. El discurso es el de la eficiencia y la libre elección; el efecto real es la transferencia estable de recursos públicos a empresas privadas con riesgo mínimo.
La diferencia, por tanto, no es de naturaleza, sino de estilo. Cataluña normaliza el modelo; Madrid lo exhibe.
¿Es un negocio la sanidad pública?
La respuesta es incómoda, pero clara: sí, lo es.Hay negocio cuando concurren tres elementos básicos:
1. Financiación pública garantizada. 2. Demanda estructural asegurada (la enfermedad no es opcional). 3. Beneficio privado con riesgo limitado.
Estos tres elementos están presentes hoy en buena parte del sistema sanitario español. Empresas que no asumen riesgo de mercado, que no compiten en precios y que no pueden perder clientes, obtienen beneficios gestionando servicios esenciales financiados con impuestos.
Eso, en términos económicos, es un negocio.
Negarlo solo es posible si se confunde deliberadamente “servicio público” con “gestión pública”. Son cosas distintas, y esa confusión ha sido funcional al proceso.
Madrid: el negocio sin disfraz.
El caso madrileño merece un apartado propio por su claridad.Los hospitales (PÚBLICOS) de gestión privada en Madrid operan bajo un esquema especialmente favorable al capital:Infraestructuras públicas o financiadas con dinero público.Población asignada garantizada. Pagos por cápita o actividad revisables. Riesgo de quiebra prácticamente inexistente.No es que la Comunidad de Madrid “regale” hospitales —eso sería jurídicamente falso—, pero sí cede la explotación de servicios públicos esenciales en condiciones que eliminan el riesgo empresarial real.
Si el modelo funciona, el beneficio es privado; si falla, el coste vuelve al sector público, eso no es eficiencia: es asimetría, otras fórmulas, misma lógica. El fenómeno no se limita a Madrid y Cataluña. Otras comunidades han ensayado variantes del mismo esquema: Concesiones integrales (caso Torrejón en su momento), externalización masiva de pruebas diagnósticas, derivaciones sistemáticas para reducir listas de espera sin reforzar la estructura pública.
El patrón se repite: no se invierte de forma sostenida en el sistema público, se recurre a la privada como válvula de escape permanente, y esa dependencia acaba siendo estructural.
Qué se está haciendo mal.
1. Normalizar la externalización como solución estructural, no como recurso excepcional. 2. Desdibujar la rendición de cuentas, fragmentando la gestión entre múltiples operadores. 3. Trasladar recursos humanos y materiales hacia la privada mientras la pública se debilita. 4. Evitar el debate político real, reduciéndolo a consignas sobre libertad de elección o eficiencia sin datos completos.
El problema no es solo quién gestiona, sino qué incentivos se introducen en un sistema que debería regirse por criterios de equidad y necesidad sanitaria, no de rentabilidad.
Responsables políticos claros.
No se trata de culpas abstractas:
En Madrid, los gobiernos autonómicos que han impulsado conscientemente un modelo de concesión y derivación favorable al sector privado.
En Cataluña, los distintos ejecutivos que han mantenido y ampliado un sistema concertado sin evaluar de forma transparente su impacto a largo plazo.
A nivel estatal, la ausencia de un marco regulador firme que limite la mercantilización de servicios esenciales. la continuidad del modelo no es un accidente: es una decisión política sostenida en el tiempo.
¿Se puede revertir o frenar esta dinámica? Sí, pero exige voluntad política y asumir costes a corto plazo:
1. Refuerzo directo del sistema público, especialmente en personal e infraestructuras. 2.Transparencia total y homologada en listas de espera, costes y resultados por modelo de gestión. 3. Limitación legal del beneficio privado en servicios esenciales financiados con fondos públicos. 4. Evaluaciones independientes que comparen resultados reales, no solo actividad. 5. Recuperación progresiva de servicios estratégicos cuando los contratos expiren.
No es una cuestión ideológica, sino de diseño institucional. ¡Alto y claro!La sanidad pública no está colapsando por casualidad ni por mala suerte. Está siendo utilizada como mercado cautivo, mientras se discute si es pública o privada, el debate esencial queda fuera: «quién gana dinero, en qué condiciones y a costa de qué».
Madrid y Cataluña no son anomalías; son advertencias, lo que hoy se tolera como excepción, mañana se consolida como norma, la responsabilidad del Estado: el nivel que nadie quiere mirarLa responsabilidad del Estado en la mercantilización de la sanidad pública es ineludible y alarmante.
A pesar de la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, el Estado actúa como arquitecto de un marco regulatorio que favorece la privatización. Su inacción deliberada en la homogeneización de indicadores y la falta de límites al beneficio privado reflejan un abandono de sus responsabilidades.
La insuficiencia en la financiación, impuesta por objetivos de déficit rígidos, empuja a las autonomías hacia soluciones privadas, encubriendo así la presión indirecta del Estado. Las decisiones políticas acumuladas en todos los niveles han permitido que este fenómeno prospere.
La falta de intervención estatal no es neutral; es una elección que perpetúa la mercantilización de lo público, relegando la salud a un mero negocio. Es hora de exigir un cambio y una verdadera defensa del sistema sanitario público.
