Por Fernando Ortega de El Berguedá, Catalunya
Cuando el poder decide que la ley ya no aplicaReducir lo ocurrido en Venezuela a una “guerra por el petróleo” no solo es un error analítico: es una derrota política anticipada.
El conflicto real no gira en torno a un recurso, sino al derecho de un Estado a decidir sin autorización, lo que está en juego no es un contrato, sino el principio mismo de soberanía en un orden internacional que empieza a funcionar por excepción.
Durante días, el debate público ha vuelto a una explicación cómoda y conocida: Estados Unidos actúa por el petróleo. La tesis es intuitiva, fácil de comunicar y emocionalmente eficaz, pero es también frágil, incompleta y estratégicamente errónea. En un mundo donde el petróleo se paga en dólares y donde quien emite la moneda controla el sistema financiero global, la apropiación directa del recurso ya no es el objetivo central.
Pensar que Washington arriesga estabilidad internacional, reputación jurídica y equilibrios geopolíticos únicamente por barriles es no entender la naturaleza del poder contemporáneo.
El problema de Venezuela no es lo que tiene bajo el suelo, sino lo que intenta decidir desde el Estado, el error del petróleo como explicación total.
El marco del “saqueo” falla por tres razones esenciales.
Primero, porque es fácilmente neutralizable: basta con que un nuevo gobierno afín firme contratos ventajosos con empresas estadounidenses para presentar la intervención como normalización, inversión y cooperación.
El relato del expolio se evapora ante una rueda de prensa y un acuerdo comercial.
Segundo, porque ignora la arquitectura monetaria. Estados Unidos no necesita apropiarse físicamente del petróleo para beneficiarse de él. Le basta con que el flujo del recurso se integre sin fricciones en su sistema jurídico, financiero y geopolítico. El cuello de botella no es la extracción, sino el control del marco.
Y tercero, porque reduce un conflicto sistémico a un botín material. Al hacerlo, desplaza el debate del terreno donde realmente es incómodo —el del poder y la soberanía— hacia uno donde puede ser administrado con tecnicismos económicos.
Soberanía sin permiso, el verdadero conflictoVenezuela encarna algo que el orden internacional dominante no tolera: la posibilidad, aunque sea imperfecta y contradictoria, de decidir fuera del carril.
No se trata de idealizar a su gobierno ni de negar sus errores internos, sino de reconocer un hecho político básico: un Estado que no se alinea y que insiste en ejercer control soberano sobre decisiones estratégicas se convierte en un problema.No porque sea inviable, sino porque es contagioso.La intervención —directa o indirecta— no busca “rescatar” a Venezuela, sino disciplinar el espacio político latinoamericano.
Recordar que la soberanía existe mientras no interfiera con intereses estratégicos superiores. Es una pedagogía del castigo.
El derecho internacional como herramienta opcional.
Aquí emerge uno de los elementos más graves del momento actual: la suspensión selectiva del derecho internacional. No hay declaración formal de guerra. No hay mandato multilateral vinculante. No hay resolución que habilite una acción de fuerza. Lo que hay es una decisión unilateral presentada como necesidad.
Esto no significa que Estados Unidos ignore el derecho, sino algo más inquietante: se reserva la potestad de decidir cuándo el derecho deja de ser aplicable.Las coartadas son conocidas —intervención humanitaria, estabilidad regional, seguridad nacional—, pero su función no es jurídica, sino narrativa.
No buscan someterse a la ley, sino justificar su excepción.
El mensaje implícito es claro: las normas existen mientras no estorben.Un mensaje que va más allá de VenezuelaEl destinatario real de esta acción no es Caracas. Tampoco Bruselas, cuya reacción —o ausencia de ella— ya forma parte del paisaje.
El mensaje va dirigido a terceros actores: a China, a Rusia y, sobre todo, a cualquier Estado que contemple la posibilidad de una autonomía real.No es un desafío frontal ni una invitación a la guerra. Es algo más sofisticado y más eficaz: una demostración de poder asimétrico. “Yo decido el terreno, el ritmo y las reglas; vosotros solo podéis reaccionar”.
En este sentido, Venezuela funciona como escenario.
Un tablero donde se ensaya un principio que desmiente el discurso multipolar: el orden sigue siendo jerárquico, y la jerarquía se impone cuando es necesario.
Europa: la normalización de la impotenciaLa actitud europea completa el cuadro. No por acción, sino por omisión. Al aceptar sin resistencia el marco impuesto, Europa legitima la excepción y contribuye a vaciar de contenido el derecho internacional que dice defender.
No es neutralidad: es adaptación.La pregunta incómoda no es qué hará Europa con Venezuela, sino qué hará cuando la excepción se convierta en norma también dentro de sus fronteras estratégicas.
La historia demuestra que quien acepta la suspensión del derecho para otros termina perdiéndolo para sí.Del orden basado en normas al orden basado en decisiones.
Lo que estamos presenciando no es un episodio aislado, sino una transición, un desplazamiento desde un orden internacional basado, al menos formalmente, en normas compartidas, hacia otro donde el poder decide cuándo esas normas aplican.
Este cambio no se anuncia con declaraciones grandilocuentes, sino con hechos consumados. Cada excepción aceptada sin coste político refuerza la siguiente. Cada silencio consolida el precedente.
Conclusión:
Insistir en el petróleo como explicación central es un error táctico que empobrece el análisis y debilita la crítica, el conflicto real es más profundo y más inquietante: la negación práctica del derecho de un pueblo a decidir sin autorización externa y la afirmación de un poder que se sitúa por encima de las normas cuando lo considera necesario.
Venezuela no es el fin, sino el medio.
El escenario donde se ensaya un mundo en el que la ley deja de ser límite y pasa a ser herramienta, comprenderlo no garantiza una respuesta, pero ignorarlo asegura la derrota del pensamiento crítico, porque cuando el poder decide que la ley ya no aplica, lo que está en juego no es un país, sino el principio mismo sobre el que se sostiene cualquier orden.
