Por Fernando Ortega de Berguedá, Catalunya
No es la guerra contra el narco. Es algo mucho más peligroso. La guerra contra el narco dejó de ser una operación policial. Hoy es un ensayo geopolítico: un modelo de intervención sin pruebas, sin fronteras y sin justicia, donde la fuerza se legitima antes que el derecho.
Barcos destruidos sin inspección. Cuerpos sin juicio. Ataques fuera de jurisdicción, sin pruebas ni detenidos. Se justifica en nombre de las drogas. Pero no hay droga. No hay culpables identificados. No hay tribunales. Lo que sí hay es un mensaje: podemos matar fuera de nuestras fronteras, y no necesitamos explicar por qué.No estamos ante un error táctico ni ante un exceso militar.
Estamos ante algo más profundo: la inauguración silenciosa de un nuevo paradigma internacional, donde el enemigo no tiene rostro, la soberanía se vuelve opcional y la ley estorba más de lo que protege.
Durante años, especialmente bajo la administración de Donald Trump, comenzó a consolidarse una narrativa peligrosa: Venezuela no era solo un adversario político, sino el epicentro del narcotráfico mundial, una amenaza total.
Bajo ese relato, todo quedó permitido: sanciones, operaciones encubiertas, bloqueos económicos y, finalmente, ataques extraterritoriales. Pero hay un detalle que nadie ha explicado: no hay incautaciones, no hay detenidos, no hay procesos judiciales. Solo hay fuego, drones y silencio. Si esto fuera realmente una operación antidroga, los protocolos serían otros: abordaje, inspección, decomiso, detención, cadena de custodia, juicio y sentencia.
Habría Estado de Derecho.
Habría pruebas. Pero lo que vemos son misiles. No hay tribunales, hay explosiones. No hay culpables, hay cadáveres. No es justicia: es poder. No es legalidad: es ensayo.
La seguridad sin ley
Cuando un Estado bombardea fuera de sus fronteras sin autorización, sin pruebas, sin identificación ni proceso judicial, no estamos ante una operación policial. Estamos ante un acto de guerra sin declaración de guerra, una intervención preventiva sin legitimidad ni rendición de cuentas. Lo grave no es solo la violencia, sino el precedente: Si basta con etiquetar una lancha como “narco” para destruirla sin proceso, también se podrá etiquetar como “amenaza” una caravana migrante, una plataforma digital, una organización indígena o una disidencia política.
Ese es el verdadero giro: ya no se combate al delito, se combate al sospechoso. No se combate al individuo, se combate a la categoría. No se juzga, se elimina. Estamos entrando (sin admitirlo) en la era de la seguridad sin fronteras, pero también sin leyes.
Un enemigo que no hace falta identificar
La doctrina es sencilla: un enemigo sin rostro es un enemigo más útil. No hay que detenerlo, no hay que juzgarlo, no hay que presentarlo ante un tribunal. Basta con nombrarlo. Narco, terrorista, amenaza híbrida, pirata, insurgente… Lo importante no es lo que sea, sino lo que permite hacer. Una vez que el concepto se instala, la norma se diluye. Y cuando el concepto “enemigo” deja de necesitar pruebas, todos podemos ser objetivo.
El verdadero botín no es la droga
Lo que está en juego no son embarcaciones sospechosas. Lo que está en juego es el modelo de poder. Porque la etiqueta “narcotráfico” ya no sirve solo para combatir delitos, sino para habilitar intervenciones, justificar sanciones y, sobre todo, para abrir la puerta a otro propósito: el control geopolítico.
Venezuela no solo fue señalada como amenaza, fue señalada como territorio. Y ese territorio tiene algo que lo cambia todo: las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. En un momento de transición energética incierta y crisis global, el crudo ya no es un recurso: es una llave estratégica.
Cuando el petróleo es el premio, el derecho internacional se convierte en un estorbo. Por eso la pregunta no es si esos barcos tenían droga o no. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a aceptar que la ley pueda suspenderse según el interés estratégico del momento.
¿Dónde están los límites?
Las instituciones internacionales, en teoría, deberían ser el freno. La ONU, la Corte Penal Internacional, el Consejo de Seguridad… Pero no hay condena firme, no hay debate serio, no hay mecanismos eficaces. ¿Significa eso que es legal? No. Significa que es conveniente. Y lo conveniente, aunque sea ilegal, puede convertirse en norma.
Hoy son lanchas sospechosas. Mañana serán drones autónomos ejecutando decisiones algorítmicas. Pasado, disidentes políticos, periodistas, minorías. No importa quién. Importa cómo. Importa que, una vez abierta esa puerta, nadie podrá cerrarla.
La pregunta que no podemos evitarLa guerra contra las drogas nunca fue solo contra las drogas. Es una guerra contra los límites. Contra las fronteras legales, contra la soberanía, contra la necesidad de pruebas. Y la pregunta ya no es si esas embarcaciones llevaban cocaína o no.
La pregunta es otra:¿Aceptamos que un Estado pueda decidir quién puede morir, dónde y sin juicio?Porque si aceptamos eso, aceptamos que los derechos humanos, la soberanía y la justicia sean sustituibles. Aceptamos que los algoritmos decidan antes que las instituciones. Aceptamos vivir en un mundo donde la ley no protege, sino que estorba.
Advertencia final
Si permitimos que la “lucha contra el narcotráfico” —u otro enemigo fugaz— justifique ejecuciones extrajudiciales, intervenciones ilegales y violaciones de soberanía, estaremos normalizando lo que quizá sea la mayor amenaza de nuestro tiempo: la privatización del uso de la fuerza al servicio del interés geopolítico y económico.
Cuando todo el mundo se convierte en campo de batalla,todos los ciudadanos se convierten en objetivo potencial.Y cuando la ley deja de ser límite,el miedo deja de ser excepción y empieza a ser norma.
