Por:Martha Pérez, Redacción República Dominicana
La decisión asumida el pasado miércoles 27 por el presidente de la República, Luís Abinader, de autorizar a Estados Unidos el uso de zonas restringidas del Aeropuerto Internacional de Las Américas y el de la Base de San Isidro, ha causado gran indignación en el seno de la sociedad dominicana en medio de algunas voces aisladas que dicen avalar tal decisión, talvez sin pensar “In Extenso” lo que significaría tal concesión. La medida en sí es lesiva a la soberanía nacional y representa una amenaza a la estabilidad del país y la región.
Si partimos de cómo se han desarrollado las relaciones de los Estados Unidos y la República Dominicana desde una perspectiva histórica nos encontramos con las condiciones que en el siglo pasado dieron lugar a un “imperialismo informal militarizado” entre ambos países lo cual, según analistas políticos, se enmarca, por un lado, en la cercanía geográfica del segundo que facilitó la proyección del poder de Washington, y por otro lado, a los conflictos geopolíticos globales derivados de las dos guerras mundiales y la guerra fría que impulsaron al gobierno estadounidense a intervenir recurrentemente en su “periferia cercana”, para evitar la influencia alemana y la soviética, respectivamente.
La cuenca del Caribe ha sido considerada como un espacio de disputa inter imperiales, donde los Estados Unidos la ha usado contra los que considera sus competidores, llevándole a definir una preeminencia que ha llegado a sus altas y sus bajas de manera estrepitosa, sin dejar de procurar tener a la mano lo que le representa “áreas de influencia”, junto al avance de otras formas de dominación, como los denominados imperios informales y los protectorados. De ello deriva que a finales del siglo 18 lograron desplazar a España de la cuenca del Caribe. Y continuaron desplazando a otros que consideraban sus competidores, como lo procuran hoy.
Esa preeminencia norteamericana que empezó a tomar cuerpo a finales del siglo XIX y comienzos del XX, se fue arraigando en lo que ellos definieron como “áreas de influencia” lo que siempre se ha procurado con República Dominicana y actualmente con otras naciones del Caribe, hacia otras modalidades de dominación que actualmente se manifiestan. Con la diferencia de que no todas las naciones están dispuestas a ceder su soberanía y de ser beneficioso para sus pueblos algún tipo y nivel de acuerdo, ha de producirse dentro del diálogo con respeto mutuo, en el marco del Derecho Internacional.
En ese contexto de modalidades de dominación y penetración en áreas de influencia se fueron manifestando las dimensiones económicas, geopolítica, diplomáticas, de tal manera que, desde entonces y al presente, podemos ver el nivel de control que los Estados Unidos ejerce y procura ejercer sobre su entorno periférico, abarcando con mayor énfasis la cuestión política e ideológica, a nivel regional y global, priorizando los asuntos estratégicos militares, de ahí que, en el caso de la cuenca del Caribe, ojos puestos en Venezuela, la República Dominicana, su periferia inmediata, es considerada como una “tercera frontera” o “perímetro de defensa” en la nueva ofensiva.
Esto es precisamente lo que el presidente de todos los dominicanos no se detuvo a observar al momento de tomar su lamentable decisión. Se justifica en un acuerdo de Balaguer en 1995, que vale reconocer fue cuidadoso, aunque sumiso, como lo fue el expresidente Danilo Medina cuando el gobierno estadounidense le presentó una propuesta de acuerdo en 2015 y solicitó opinión al Tribunal Constitucional.
¿Qué implicaba el acuerdo de 2015?
Mirando en retrospectiva, está a la vista la influencia que los Estados Unidos ha procurado tener en el tiempo en la República Dominicana, contando con mandatarios dóciles, otros más nacionalistas y patriotas. Como consecuencias de esta influencia: tres veces invadida la nación dominicana en 65 años, no deja de ser un record comparativamente (1905, 1916 y 1965).
El Tribunal Constitucional dominicano determinó que el Acuerdo Militar República Dominicana-Estados Unidos fue inconstitucional porque “violaba principios fundamentales de la Constitución”, impidiendo su ratificación. Entre los privilegios contemplados en dicho acuerdo, se citan inmunidad diplomática extendida (lo que generalmente se otorga), exenciones totales, libertad de operación y armamento, presencia militar indefinida, cesión de patrimonio nacional, ausencia de reciprocidad, entro otros. Quien desee ampliar su información al respecto estudie la Sentencia-TC-0315-15.
Hoy, pese a estos antecedentes, pese a la historia nacional en materia de constitucionalidad, pese a los reclamos y denuncias sociales, populares sobre la pérdida de la soberanía nacional, pese a la alerta regional de América Latina y el Caribe con el despliegue naval que desde agosto pasado mantienen los Estados Unidos en el mar territorial de la región, incrementando el calibre guerrerista bajo la justificación de la lucha antidrogas y la “operación Lanza del Sur”, que, la ofensiva mediática y psicológica obliga la mirada de todos hacia una posible agresión militar al pueblo venezolano; hoy éste, mañana pudiera ser cualquier otro, el presidente Abinader da su consentimiento para el uso de dos importantes aeropuertos dominicanos por los Estados Unidos, adornando su decisión con la palabra “limitado”, lo cual abre una gran interrogante en torno a, si lo limita a equis tiempo o, se refiere a una fecha y objetivo específico de uso.
Esta decisión inconstitucional, de espaldas a la soberanía nacional, queda al margen de considerar la calidad de socio comercial que Estados Unidos representa para República Dominicana, de las relaciones diplomáticas; esa decisión es sencillamente entreguista. El combate a las drogas bien puede coordinarse entre las naciones en función de sus políticas vinculantes y acuerdos bilaterales y multilaterales. Los propios países han demostrado que en operaciones contra las drogas no usan armas de guerra ni cantidades exorbitantes de efectivos militares. Cada quien piense.
FOTO PORTADA: El presidente de República Dominicana, Luis Abinader (d), posa con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Palacio Nacional en Santo Domingo, el 26 de noviembre de 2026. © Orlando Barría / EFE