Por Jesús Rivero, Rosario, Argentina.
La masacre policial en las favelas de Río de Janeiro que tiene como punto de inflexión el martes 28 de octubre, es de larga data. Pero el martes se concretó la operación policial más letal en la historia reciente de Brasil, dejando como saldo más de 120 muertos.
Este punto de inflexión alteró el tablero político en Brasil y los jugadores pusieron en funcionamiento las piezas. Por un lado el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro comprendió a la perfección el miedo como herramienta y comenzó a disputar el poder en el territorio.
Esto que el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro presentó como lucha contra el crimen organizado, es en realidad una demostración de fuerza orientada a ocupar el centro de la escena política nacional e internacional. Este punto de inflexión violento y performativo cuenta con la aprobación de más del 60% de la población adulta a nivel nacional, su objetivo principal no es sólo encarcelar a los líderes de los grupos, sino comulgar con los sectores para su proyección electoral.
Desde hace décadas distintas bandas suplen la ausencia del Estado y son apoyados por grandes sectores de las favelas de Río de Janeiro y todo Brasil. No nos olvidemos de como y cuando (contexto) nace el Comando Vermelho. En un contexto de dictadura militar (1964-1985) presos políticos inician reclamos para que se garanticen los derechos de los internos, y crean una alianza con presos comunes.
Luego de dos décadas aproximadamente y en otro contexto con cambios de mando en el Comando Vermelho (rojo) se crea en Sao Pablo una organización carcelaria que nada tiene que ver con los inicios del movimento del Comando Vermelho denominada Primer Comando Capital (PCC) que le disputará el poder territorial de negocios.
Junto con el trafico de armas y trata de personas el narcotráfico es una de las falanges fundamentales del sistema capitalista para su existencia. Los poseedores del capital que son los verdaderos ganadores y quienes utilizan como pantalla a los líderes (supuestos narcos) que escuchamos y vemos por los medios de comunicación, no viven en las favelas de Brasil, ni en los sectores más vulnerables de cualquier país, no los conocemos, pero son siempre los mismos.
Como en cualquier parte del mundo habitan los barrios más ricos, y operan en las zonas financieras de las grandes ciudades. La actividad de lavado de dinero es conocida y esta ligada a estas falanges entre otras. En 1982 estuvo involucrado hasta el banco del Vaticano, llamado Ambrosino.
El narcotráfico no sólo invierte y blanquea su dinero en las finanzas, también está en el negocio de algunas campañas electorales. No nos olvidemos del financiamiento en especies y dinero que le efectuó Fred Machado a José Luis Espert para su campaña.En Brasil, Claudio Castro, gobernador de Río de Janeiro, y Tarcisio de Freitas, gobernador de San Pablo, ambos de derecha, son los principales sospechosos de recibir financiamiento de organizaciones criminales.
Tarcisio de Freitas, esta acusado de recibir financiamiento para su campaña de una sospechosa llamada Maribel Schmittz Golin, una empresaria ganadera que puso aproximadamente unos cien mil dólares para la campaña del 2022, quien está vinculada a la estructura del Primer Comando Capital.
En paralelo al negocio ilegal como supervivencia, estas organizaciones ejercen una regulación y abastecen al mercado interno de la comunidad. Ahí donde el Estado (como forma de organización política) no garantiza los derechos de los ciudadanos, es la comunidad en su conjunto la que planifica y ejecuta políticas para dar solución a las problemáticas efectuadas por otros sectores.
Un ejemplo es el suministro de electricidad ( control “ilegal» de cables de transmisión eléctrica), también el pago de piso para comercios, la seguridad del mercado interno, entre otros.La derecha internacional pone en práctica lo que expresan las encuestas, y Claudio Castro no es la excepción.
Nosotros los argentinos estamos experimentando dichos resultados, la seguridad es la prioridad número uno (el otro como peligro es la prioridad).En Brasil a nivel nacional, más del 60% de la población adulta aprueba y reafirma más acciones similares.
Claudio Castro, amigo de Jair Bolsonaro, leyó con perspectiva eleccionarias lo que las encuestas expresan, y ordenó la operación en las favelas sin coordinación con el gobierno nacional de Lula da Silva. Lo desafío públicamente, por ende lo invito a disputar el poder en el territorio en las urnas.
Pronunció materialmente con esta operación el monopolio simbólico de la autoridad, proyectándose como posible candidato a senador en las elecciones del 2026. Quizá, la derecha percibe que la violencia se transforma en legitimidad cuando el Estado como garante es impotente.Lula da Silva, presidente de Brasil en este contexto maquiavélico ha quedado entrampado en la convocatoria de la derecha. Si defiende sus políticas de derechos humanos en este contexto de barbarie, queda expuesto. Y, si impone una política de seguridad, pierde su electorado más duro.
La operación policial efectuada el martes 28 de octubre, lo encontró a Lula da Silva de regreso al país, tras una gira por le sudeste asiático, que incluyó una reunión con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, entre otros.
El gobierno nacional debía reaccionar, por ende remitió al Congreso un proyecto de Ley denominado “Ley Antifacciones”, que endurece las penas para grupos que operan como estructura de dominio territorial y criminal, con sanciones de hasta 30 años de prisión.La iniciativa prevé la creación de un Banco Nacional de Organizaciones Criminales, el bloqueo judicial acelerado de bienes vinculados al narcotráfico, y la potestad de intervenir empresas que financien a estas mafias.
En la superficie, la ley busca demostrar el monopolio del Estado sobre la fuerza y reafirmar la legalidad. Pero implícitamente el gobierno nacional busca reafirmar y restituir la iniciativa política, frente a la narrativa de la seguridad de la derecha nacional e internacional.Algunos medios de comunicación de Brasil, afirman que el gobierno de Río de Janeiro entregó un dossier confidencial al consulado de Estados Unidos, sin aviso previo al gobierno nacional del presidente Lula da Silva.
Este dossier acusa al Comando Vermelho de operar en territorio norteamericano y solicita cooperación política y militar reforzada. Un movimiento táctico que viola normas institucionales y franquea la política diplomática de Brasil, para hablar con Washington. Claudio Castro, debe blindarse jurídicamente frente a tal hecho.
Deberá decir ante la Corte Suprema que su protocolo en la operación policial más letal en la historia reciente de Brasil, no violó los derechos humanos, porque explicar no puede. Es evidente que la operación policial que ejecutó viola los derechos básicos nacionales e internacionales, sumado a su error diplomático.
La derecha nacional de Brasil se siente impune al tener atrás a los Estados Unidos, quien busca hacerse fuerte nuevamente con la proyección del liderazgo de Claudio Castro.
Esta carátula jurídica que busca legitimar la derecha de Brasil, en consonancia con Estados Unidos, es que el Comando Vermelho sea designado como organización terrorista, y transformar el crimen organizado en un enemigo político, más que penal. Este encuadre permite militarizar la seguridad interna, flexibilizar controles judiciales, es decir la intromisión territorial norteamericana.