España avanza hacia una reforma histórica en materia de nacionalidad. El colapso consular tras la Ley de Nietos dejó más de un millón y medio de solicitudes pendientes y abrió paso a un proyecto que promete cambiarlo todo.
En 2026, la nacionalidad española podría tramitarse sin plazos ni restricciones generacionales.
El Gobierno español, junto con el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), impulsa una reforma integral del Código Civil que permitirá a los descendientes de españoles obtener la nacionalidad sin límites de tiempo ni de generaciones, tal como ocurría con la recientemente extinta Ley de Nietos.
La iniciativa surge tras el colapso provocado por la aplicación de la Ley de Nietos, incluida en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que dejó de estar vigente el pasado 22 de octubre.
El proyecto, que busca avanzar durante el primer semestre de 2026, pretende ofrecer una solución definitiva a un problema que afecta a más de un millón y medio de solicitantes en todo el mundo, especialmente en América Latina. El colapso de los consulados, la falta de personal y la naturaleza temporal de las leyes anteriores llevaron a miles de familias a esperar décadas para obtener su reconocimiento como ciudadanos españoles.
¿De qué se trata el proyecto de ley para una nacionalidad española sin plazos?.
El nuevo proyecto, elaborado por el CGCEE, propone una reforma estructural del Código Civil español para establecer un acceso permanente a la ciudadanía. Su objetivo es eliminar los plazos temporales y permitir que cualquier persona que acredite ascendencia española pueda solicitar la nacionalidad en cualquier momento, sin depender de leyes temporales.
La presidenta del CGCEE, Violeta Alonso, explicó que la propuesta fue presentada ante las comisiones de Justicia del Congreso y del Senado, y que ya cuenta con respaldo mayoritario entre los grupos parlamentarios. “Preferimos ser ambiciosos en la propuesta.
Ya habrá tiempo de negociar ajustes, pero lo esencial es que no vuelva a cerrarse la puerta a quienes tienen derecho a la nacionalidad”, afirmó. El texto también contempla la igualdad de derechos entre descendientes de hombres y mujeres españolas, corrigiendo así una discriminación histórica.
Hasta 1978, muchas mujeres españolas perdían su ciudadanía al casarse con extranjeros, lo que impidió que sus hijos la heredaran.La reforma busca además digitalizar los trámites consulares y fortalecer los recursos humanos en embajadas y consulados, para evitar los retrasos y saturaciones que hoy afectan al sistema.
¿Cuáles son los próximos pasos para avanzar en la ley de nacionalidad española sin plazos?
El CGCEE prevé iniciar reuniones con los principales partidos políticos entre noviembre y diciembre de 2025, con el fin de reunir apoyos y presentar el texto definitivo ante el Congreso durante el primer semestre de 2026.
Si todo avanza según el calendario previsto, la nueva ley podría avanzar en el transcurso del próximo año e incluso entrar en vigor antes de 2027.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia trabaja en un plan de digitalización de los registros civiles consulares y en la conversión de contratos temporales en puestos permanentes, con el fin de agilizar la atención a los solicitantes.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmó que el Gobierno mantendrá su compromiso con las solicitudes presentadas bajo la actual Ley de Memoria Democrática. “Implementaremos los recursos humanos que sean precisos con un plan de choque para responder a todas las solicitudes que se hayan presentado hasta esa fecha”, declaró durante su reciente visita a Argentina.
Torres destacó también el carácter “justo y necesario” de la actual ley, y adelantó que la nueva propuesta garantizará una continuidad sin interrupciones para los descendientes de españoles en el exterior.
¿Cuáles son los principales desafíos que presenta la ley de nacionalidad española sin plazos?
El reto más grande es lograr consenso político. Aunque los principales partidos coinciden en la necesidad de una ley permanente, existen diferencias sobre el alcance de las generaciones que podrán acceder. Algunos sectores consideran que permitir una transmisión “ilimitada” podría ser excesivo, mientras que otros insisten en que se trata de una cuestión de justicia histórica.
El CGCEE habla además de superar el colapso consular. En Buenos Aires, donde se concentra el 40% de las solicitudes mundiales, los trámites podrían demorarse hasta 20 años si no se amplían los recursos.
Alonso advirtió que “no se puede triplicar la población española en el exterior y mantener los mismos recursos”. Por eso, el Consejo propone que los registros civiles en territorio español colaboren en la resolución de expedientes para reducir los tiempos de espera.
Otro obstáculo será garantizar la igualdad entre países, ya que no todos los consulados cuentan con la misma capacidad de atención ni infraestructura digital. Cuba, México y Argentina lideran en cantidad de expedientes, pero enfrentan los mayores problemas logísticos.
La nueva ley deberá articular mecanismos claros para preservar la documentación de los descendientes en un registro permanente, evitando que cada generación deba reiniciar el trámite desde cero.
¿Por qué se considera tan necesaria una ley de nacionalidad española sin plazos?
La experiencia de las últimas décadas demostró que las leyes temporales generan desigualdades y frustración. Desde 2007, con la Ley de Memoria Histórica, y luego con la Ley de Memoria Democrática, los plazos limitados provocaron avalanchas de solicitudes y dejaron fuera a miles de descendientes por falta de tiempo o información.
El CGCEE sostiene que la nacionalidad debe ser un derecho permanente, no un privilegio condicionado a una ventana legal. Además, la nueva ley busca reparar las discriminaciones de género y origen que persisten desde el siglo XX, asegurando un reconocimiento igualitario.
“Queremos una ley definitiva, no una prórroga ni una medida temporal”, enfatizó Alonso. “España tiene una deuda con los descendientes de sus emigrantes, que se sienten compatriotas aunque aún no lo sean sobre el papel”.
El proyecto también tiene una dimensión social: permitirá a las nuevas generaciones participar activamente en la vida cultural y política de España, reforzando los vínculos con la diáspora y facilitando el retorno de quienes deseen establecerse en el país.
¿Cuáles fueron las principales consecuencias de la Ley de Nietos?
La Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, permitió desde 2022 que millones de descendientes de exiliados y emigrantes españoles solicitaran la nacionalidad. Sin embargo, su enorme éxito derivó en un colapso sin precedentes.
Según el CGCEE, si los consulados mantienen el ritmo actual, los trámites podrían extenderse hasta el año 2050. Solo el Consulado de Buenos Aires recibió cientos de miles de expedientes, al punto que, una vez finalizado el proceso, Argentina podría convertirse en la tercera “ciudad” con más españoles del mundo, después de Madrid y Barcelona.
El ministro Torres, en su gira por Buenos Aires y Córdoba, señaló que Argentina concentra más del 40% de las solicitudes globales. “Hemos comprobado que esta ley es justa y responde a la dignidad de quienes debieron abandonar su país por razones políticas o económicas”, dijo.
Sin embargo, aclaró que no habrá más prórrogas: “El 22 de octubre de 2025 finaliza el plazo. No cabe extensión, porque ya se concedió un año adicional”.
El desafío, reconocen las autoridades, será ahora resolver lo presentado y garantizar que las futuras generaciones no vuelvan a depender de plazos temporales.
¿Cuánto podrían demorar las inscripciones por Ley de Nietos tras el colapso consular?
El CGCEE proyecta que la inscripción definitiva de todos los solicitantes podría demorar hasta 20 años si no se implementan medidas urgentes. La causa principal es la saturación de los consulados, que trabajan con recursos limitados frente a una demanda masiva.
Algunos consulados adoptaron medidas excepcionales, como considerar válida la solicitud solo con haber pedido cita dentro del plazo, incluso si la documentación completa aún no fue entregada.La prioridad, explicó Alonso, es asegurar el derecho de quienes presentaron su trámite en tiempo y forma, aunque la resolución final se extienda por años.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia estudia reformas para involucrar a los registros civiles en España en la resolución de expedientes, medida que podría reducir significativamente los tiempos.
El colapso consular dejó en evidencia una necesidad impostergable: una ley definitiva y sin plazos que garantice la igualdad y la continuidad del derecho a la nacionalidad para todos los descendientes de españoles, sin importar dónde vivan o cuándo la soliciten.
Transcripción del Artículo de Matías Calderón; Jefe de Redacción en Infocivitano
Foto portada Ciudadanía Española : Agencia Shutterstock