Una juez federal en Estados Unidos emitió este sábado una orden temporal para bloquear el despliegue de 200 soldados de la Guardia Nacional en la ciudad de Portland, dispuesto por el presidente Donald Trump.
La decisión fue tomada por la magistrada Karen Emergott, quien ordenó la suspensión hasta tanto sea resuelta la demanda interpuesta por el estado de Oregón.
El revés legal suma a la lista de desafíos judiciales contra la estrategia de Trump de militarizar la respuesta federal ante protestas en ciudades gobernadas por demócratas, a las cuales calificó de “zonas caóticas y proscritas”.
Oregón denuncia violación constitucional.
La fiscalía general de Oregón, encabezada por Dan Rayfield, presentó la demanda el 28 de septiembre, un día después del anuncio presidencial.
Según el estado, la orden de despliegue viola la ley federal, usurpa la autoridad estatal sobre la Guardia Nacional y exagera de manera deliberada amenazas inexistentes para justificar una intervención inconstitucional.
Inicialmente, el caso fue asignado al juez Michael Simon, designado durante la presidencia de Barack Obama, pero renunció tras objeciones del gobierno federal debido a críticas públicas de su esposa, congresista demócrata.
El expediente fue reasignado a la jueza Emergott, nombrada por el propio Trump en su primer mandato.Contradicciones entre gobierno federal y estado.
Durante la audiencia judicial del viernes fue evidente una fuerte discrepancia entre Washington y Oregón respecto a la situación real en Portland. Conforme al abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, “extremistas violentos” rodeaban instalaciones federales.
Sin embargo, para la legisladora estatal Caroline Turku, las protestas fueron pequeñas y pacíficas desde mediados de junio, con solo 25 arrestos en total y ninguno desde el 19 de junio.A su juicio, la decisión de Trump fue motivada por clips antiguos de protestas de 2020 difundidos por Fox News, y no por hechos actuales en el terreno.
Críticas al uso político de redes socialesDurante la sesión, la jueza Emergott cuestionó con ironía la validez legal de las publicaciones de Trump en redes sociales como justificación de medidas ejecutivas.
La autoridad ejecutiva no puede exceder los poderes estatales basado en criterios informales o políticos, agregó.
A su vez, la demanda de Oregón consideró la decisión presidencial discriminatoria contra a ciudades gobernadas por demócratas, lo cual sería una violación directa de la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Este es el último de varios desafíos legales contra decisiones del presidente Trump de enviar fuerzas federales a ciudades como Los Ángeles y Washington D.C., bajo el argumento de combatir el crimen y proteger instalaciones federales.
De acuerdo con Oregón, esa política representa un abuso del poder federal con fines políticos, dirigido contra gobiernos estatales opositores.
Autor y Fuente: Al Mayadeen